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¿Activistas o terroristas?

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NAOMI KLEIN

Desde que Vancouver fue anfitrión de la conferencia del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en 1997, los políticos canadienses se enfrentan a un dilema. ¿Cómo reprimir las molestas protestas callejeras sin violar las leyes fundamentales que garantizan la libertad de reunión y que prohíben la interferencia política con la labor policiaca?

Después del 11 de septiembre, la respuesta se revela, tan elegante como brutal: deja a un lado estas leyes.

Desde hace un mes, libertarios civiles y políticos discuten si el proyecto de ley C-36 puede ser usado contra los manifestantes políticos. La ministra de Justicia, Anne McLellan, dice que el proyecto está diseñado para que "los terroristas y los grupos terroristas sean el blanco", e insiste en que no es un intento por reprimir "el activismo político y las protestas legítimas", tales como las manifestaciones durante la Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec.

Ante tales aseveraciones, así como por los cambios menores al proyecto de ley, muchos se han relajado, convencidos de que el derecho a disentir aún está protegido en Canadá. Eso es porque no le han echado un vistazo a la otra ley antiterrorista, el proyecto de ley C-35.

El proyecto de ley C-35 se abre camino de manera silenciosa en el Parlamento, reducido a una medida para "el funcionamiento del hogar". En lo superficial, todo lo que hace el proyecto de ley es ampliar la definición de "persona protegida internacionalmente", aquellos dignatarios extranjeros que reciben inmunidad diplomática cuando están en el país.

Algunos miembros opositores del Parlamento rechazan este incremento y dicen que Canadá no debería ser un lugar seguro para criminales extranjeros, aunque sean políticos.

Estas preocupaciones acerca de "las personas protegidas" sólo muestran parte de la historia. El resto se revela cuando el C-35 se compara con varias cláusulas del proyecto de ley C-36 que clasifica muchas acciones llevadas a cabo en contra de aquellas "personas protegidas" como actos terroristas. El doctor Michael Clinchy, de la Universidad de Ontario Occidental, argumenta que tomadas por separado, ambas secciones parecen benignas. Pero juntas forman un puñetazo doble que noquea el derecho de protesta fuera de las reuniones internacionales.

Llámalo la cláusula Kananaskis, ya que la combinación legal está diseñada para hacer su acto de entrada en la próxima cumbre del G-8 en junio, que se llevará a cabo en Kananaskis, Alberta.

Funciona así. Primero, el proyecto de ley C-35 define como "personas internacionalmente protegidas" a los "representantes de un Estado extranjero que sean miembros de o participen en una organización internacional". La idea fue tomada de la convención de la ONU que da inmunidad diplomática a los políticos que atienden las conferencias de la ONU.

Pero el proyecto de ley C-35 amplía la definición de la ONU para que incluya a las visitas extranjeras que atienden reuniones bilaterales o multilaterales de cualquier tipo. Eso incluye delegados a una cumbre comercial con China, una cumbre del APEC, y sí, una reunión del G-8. De un plumazo, estos eventos serán puestos detrás de un escudo de inmunidad diplomática.

El siguiente paso: el C-36 entra en acción y define a la interferencia con "personas protegidas", incluyendo a dictadores que están de visita, no sólo como actos criminales, sino también terroristas. El proyecto de ley C-36 declara que cualquiera que cometa "un ataque violento a establecimientos oficiales, a lugares de alojamiento privados o a medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro la vida o la libertad (de esa persona)" ha cometido un acto terrorista. De hecho, cualquiera que "amenace" con cometer cualquiera de estos actos es culpable de terrorismo, y perderá muchos de sus derechos constitucionales, tal como lo establece el resto del proyecto de ley.

Estas vagas definiciones hacen que surjan muchas preguntas: ¿bloquear una calle que lleva a una cumbre representa un ataque al "medio de transporte" de "personas internacionalmente protegidas" que restringe su "libertad"? ¿Empujar la cerca que rodeaba gran parte de la ciudad de Quebec durante la Cumbre de las Américas en abril significó "un ataque violento a establecimientos oficiales" de una conferencia protegida?

Si el C-35 y el C-36 se convierten en ley (lo cual parece muy probable) y un grupo emite un volante que anuncie su intención de bloquear una calle que lleva a Kananaskis (una promesa que algunos ya hicieron), sus miembros podrían ser acusados de cometer un acto terrorista, un crimen que se castiga con hasta cinco años de cárcel. Cualquiera que siga con la amenaza y bloquee la calle ?una táctica común durante huelgas, cumbres y bloqueos nativos? podría enfrentar hasta 14 años en prisión.

Seamos claros, el asunto no es si los activistas tienen el derecho a causar inconveniencias a los delegados de las conferencias o a empujar cercas.

Bajo las leyes actuales muchos manifestantes ya enfrentan cargos criminales precisamente como resultado de estas actividades. La pregunta es si estos son actos terroristas legalmente a la par del secuestro de aviones y de sembrar bombas.

Si se le ha de creer a la ministra McLellan cuando dice que su gobierno no está tratando de usar la campaña antiterrorista para prohibir la protesta política tiene que hacer más cambios. Debe quitar la cláusula Kananaskis.

 

 

 

Traducción: Tania Molina Ramírez

Reproducido de Rebelión www.rebelion.org