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Coordenadas para un acuerdo de paz en Colombia

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ROBINSON SALAZAR PÉREZ (*)

ESCENARIO COLOMBIANO

 En América Latina se han concretado tres acuerdos de paz en los últimos 20 años, todos ellos en el área Centroamericana, cuyo conflicto tuvo en esa región singularidades características que no son semejantes a las que acontecen en Colombia, aunque en el plano observacional se muestran  actores armados con comportamiento guerrillero, otro militar institucional y un gobierno que quiere ser juez y parte en un problema en que él está involucrado como representante del Estado.

En Colombia existe un conflicto añejo, cuya apreciación teórica o política varía en función de quien pretenda analizarlo, a partir de qué periodo histórico y bajo que argumentaciones teóricas, porque es tan unidiversitivo el conflicto en ese país suramericano que puede ser visto y teorizado desde la vertiente del conflicto mismo, como desde la perspectiva de la violencia; otros pueden situarse bajo el paraguas de la crisis institucional y no podemos negar las aportaciones de los historiadores que afirman que la singularidad conflictiva se debe a que en ese país no existió el populismo, que de haberse dado, hubiese creado mejores condiciones para que los valores de lealtad, honestidad, solidaridad y pertenencia afloraran en momentos difíciles como los que ha vivido Colombia.

No me interesa abrazar argumentación alguna que estudia el conflicto, sobre ese hecho los colombianos han llenado ciento de miles de páginas, todas ellas con acierto, aunque hay que tener en cuenta que cada ensayo, artículo u obra sistematizada que un autor elabore, en ella se refleja el holograma de su biografía, de ahí que existan apreciaciones que defienden a la causa de los grupos armados, otros a los partidos políticos, no dejan de asomarse los que han sido victima y después se convierten en victimarios y otros más que se sitúan en puntos críticos contra el sistema, ya sea por su debilidad o por su fortaleza militar, en fin son muchas aportaciones donde hay que saber seleccionar que es lo que nos interesa recuperar para re-argumentar un debate sobre el conflicto colombiano.

Esta vez no trato de re-argumentar sobre el conflicto en Colombia. Mi interés va en otro sentido, busca situarse en un plano donde son pocos los foros de debate, la resolución del conflicto, que no quiere decir, la solución de los problemas en Colombia. Son dos campos indeterminados, aunque recíprocamente se inciden, pero el avance en uno de los campos, en los acuerdos de paz, no lleva directamente al zaguán de la solución de los problemas que demandan los grupos o actores conflictuados.

 Quiero aclarar, antes de proseguir la construcción discursiva, que el conflicto que se inició en Colombia en la década de los 40 as, no mantiene los mismos ingredientes hoy día, por lo cual no es lo mismo una visión del conflicto desde la perspectiva  partidaria liberal-conservador, que una mirada confrontativa de las FARC, aunque tienen derecho a expresarse esas voces analíticas del conflicto, en el marco de la pluralidad y la tolerancia, no quiere decir que son las más acertadas para tenerlas presente en el marco de un acuerdo de paz.

 El conflicto de hoy, 2002, tiene particularidades que no son iguales a las de hace 10, 15 o 20 años. Hay una ambientación internacional que nos dice que la lógica comportamental  de los EE.UU. en materia de política internacional hemisférica, prioriza la pre-política antes que la política misma. Teniendo en cuenta que en la pre-política prevaleció la toma de decisiones emotivas, sentimentales, pasionales y cargada de deseos  que no tienen en cuenta la razón. La venganza como arma efectiva para resarcir el daño presenta significados reactivos que inducen a que se asuma como el mejor medio para satisfacer el ego, para demostrar que soy capaz de cobrar deudas o de darme a conocer que no hay un poder estadual sobre mi como gobierno que me impida actuar cuando soy agredido.

 Es innegable que la venganza  a partir del fatal 11 de septiembre del 2001,  y se le adoptó como la mejor arma de la política, aunque bien sabemos fue el medio efectivo de la pre-política. Se supone que el Estado surgió para domesticar las pasiones y monopolizar el uso de la violencia, pero hoy que la crisis en el estado entró como cáncer hasta la médula de su columna vertebral, el monopolio se rompió y las pasiones se liberaron.

 La venganza debe ser materia de preocupación, porque se convierte, su actuación consuetudinaria, en un espacio de aprendizaje para la sociedad; las comunidades humanas se apropian de la venganza y sin el menor recato  la instrumentaliza en su vida cotidiana, en el campo laboral, político y social. Imagínese si después de un acuerdo de paz, momento en que hay que reinstitucionalizar nuevas formas de relaciones sociales, la venganza se resitúa para cobrar los crímenes o ofensas de la guerra, sería altamente costoso para el tejido deteriorado de la sociedad colombiana.

 La venganza contra el terrorismo está construida discursivamente en un contexto sin límite ni fronteras, dado que el concepto terrorismo es tan vago, laxo y escueto, que en él caben todos los insumisos, o todo aquel que muestre inconformidad o desacuerdo con los EE.UU. en política internacional o en cada país donde un o varios actores se rebelan por una política pública o una decisión gubernamental que lesiona intereses de la ciudadanía.

 Hoy, en el concepto terrorista, caben los zapatistas en México, los Mapuches en Chile, Los del Movimiento Sin Tierra en Brasil, las FARC en Colombia, en fin, todos los que alzan y muestran una bandera de inconformidad o tratan, por cualquier medio, de  fisurar un estado de cosas que todos reconocemos que no funcionan y que ameritan ser  renovadas; es el deseo de cambio por una vida mejor.

 El deseo de cambio es la otra ambientación o nube que está sobre el conflicto en Colombia. Todos los colombianos hablan, escriben y aspiran a que haya un cambio; un cambio es producto de una deseo, de una esperanzan, de una motivación por que las cosas que hoy existen deben ser remplazadas por otras que den mejor resultado y posibiliten un mejor desarrollo de las personas, los grupos y comunidades que componen la sociedad colombiana.

 Hoy día nadie discute la inviabilidad de los partidos político, la representación política restringida que ellos tienen de la ciudadanía; la credibilidad en las elecciones es poca, la democracia procedimental  no lleva en su seno la justicia social, la deja como una asignatura pendiente; las instituciones no son efectivas y la impunidad es creciente, lo cual despoja a la sociedad de los valores que poseía, tales como la convivencia, la solidaridad y respeto a los demás. Se está viviendo y reproduciendo  una sociedad sin virtudes y el déficit de virtudes no va a posibilitar un acuerdo de paz duradero, una democracia consolidada y la reconstrucción de unas instituciones fuertes y legítimas.

 Entonces hay que tener en cuenta la deseo de cambio, el cual lo concebimos como la voluntad  individual por el cambio, que no es lo mismo que la voluntad política, dado que la primera es individual, personal, la segunda es colectiva, asociativa y ciudadana.

 Caminemos por un momento de la mano de Bauman (Bauman, 2001), quien explica que en el mundo donde predomina el ejercicio y filosofía social liberal, la libertad individual puede coincidir con el incremento de la impotencia colectiva, en tanto los puentes entre la vida pública y la vida privada están desmantelados o ni siquiera fueron construidos alguna vez. Esto se observa en Colombia, donde el deseo, el anhelo y la esperanza de paz reposa en la mente e ideal de las personas, en cada individuo, pero hay extremas dificultades para traducirlo en una preocupación colectiva, dado el temor, el miedo y la actitud de sobrevivencia en que se han visto envuelto los habitantes de este país en los últimos 20 años.

 Los hilos asociativos se han atrofiado, le densa red de la comunicación y las relaciones sociales están remendadas o rotas, nadie confía en el vecino, en el compañero de trabajo, en el colega o en el gobierno; cada quien se pasa rumiando sus quejas, sus lamentos, su inseguridad, pero teme plantearla como un asunto público y a la inversa, en la esfera de lo privado no se ventila un tema público.

 Se puede observar en las tiendas, en el transporte colectivo, en los espacios medianamente reconocidos como público se asoman las quejas, la angustia, el enojo, los sufrimientos que se derivan de la situación económica, de los atentados de la guerra o del alza de los precios o servicios públicos, sin embargo no se convierten en asuntos o temas públicos, solamente se enuncian pero no se integran en una acción por resolver el estado de cosas.

 La pregunta es ¿por qué no se traducen en acción colectivas? ¿por qué no se constituyen en causas colectivas?

 Una respuesta es que no existe un centro que aglutine ese deseo de cambio, dado que los partidos políticos, el gobierno y las instituciones gozan de un déficit de virtudes cívicas; otro es que la libertad individual es cada día  más insular y está imposibilitada de anudar su aspiración con otras que pululan en el entorno donde se desenvuelve el individuo. Las identidades quebradizas, aunadas a lo que Bourdieu  denominó uso cínico, impide tal arribo. Afirmamos que el uso cínico es un aspecto notorio porque muchos ciudadanos colombianos siempre están pensando en una estrategia que le permita explotar, en el medio de zozobra y miedo, unas reglas que le permitan sacar provecho, sin considerar si es justo o injusto, agradable o desagradable, dañino o nocivo para nuestro sentido moral.

 Entonces si existe el deseo de cambio, pero en el plano individual, por tanto es fragmentado, y esta circunstancia es caldo de cultivo para los estrategas políticos, quienes aprovechan este estado de incertidumbre para ofrecer piezas discursivas cargadas de animo para combatir  el miedo, la inseguridad, el delito, la guerra y el temor. Justo ahí se posiciona el candidato Álvaro Uribe, quien con promesas implacables ante el delito, ante las condiciones y presiones delas FARC y la existente zona de exclusión del Caguán ( hoy inexistente), arremete fuerte para convertir la inseguridad  en un programa electoral, lo cual le ha dado resultados obvios.

 La encuesta de opinión sobre intención de voto de los colombianos Voz y Voto 2002, encomendada por El Espectador, Caracol Radio, Caracol Televisión y cerca de diez periódicos regionales, dio como resultado que la mayoría de los ciudadanos  cree ahora que Uribe es el aspirante presidencial más capacitado para resolver los problemas apremiantes del país: desempleo, conflicto armado, corrupción, calidad de la educación, cubrimiento en salud, reactivación de la economía, combate de la pobreza, construcción de vivienda y mejoramiento de los servicios públicos, entre otros. Esto se debe al uso cínico que comentábamos, principalmente cuando se analiza el dato siguiente: Una de las mayores diferencias entre Uribe y sus competidores se da cuando los colombianos expresan su confianza en quién puede combatir con mayor acierto la guerrilla y los paramilitares. Aquí Uribe obtiene el 61%, Horacio Serpa el 20% y Noemí el 6%.

 Sabemos, desde la ciencia política,  que resolver el conflicto armado en Colombia no es un asunto de elección, porque el evento político es un aspecto corto, efusivo e inmediato donde se vale ofrecer, prometer y descalificar, pero una vez que arriban a la administración  no puede obligarse al gobernante, en caso de que saliera favorecido con el voto, a que cumpla con lo prometido.

 Hay ingredientes político-militares que van más allá de lo que piensa un candidato, y de ello se va a dar cuenta cuando arriba al poder, porque salen a flote los compromisos de campaña, los intereses internos y externos, la prioridad por mantener la gobernabilidad y de dar continuidad a su gestión de gobierno.

Por ello, el conflicto debe asumirse como tal, como una guerra en que uno o varios actores se encuentran en disputa y que cada uno de ellos trae una carga valórica un conjunto de  intereses de grupo que lo llevan a defender, hasta la muerte, sus aspiraciones políticas y económicas.

 Otro aspecto que es menester tener en cuenta es la carencia de virtudes cívicas en la ciudadanía y en el gobierno.

Aceptemos que las virtudes son cualidades de valor, denuedo, energía y capacidad  que posee un gobernante o ciudadano para realizar grandes y riesgosas empresas, nobles fines de interés general que  le permiten alcanzar fama, honor y gloria, lo cual se opone a la fortuna.

 Cuando un país se desgarra por la guerra y  el uso clínico, contrario al uso cínico, que nos ayuda a combatir efectivamente todo aquello que consideramos incorrecto, dañino o nocivo para nuestro sentido moral está ausente o es remplazado por el uso cínico, las virtudes cívicas se ahuyentan y desaparecen.

 Un candidato busca fama, aunque esta no necesariamente conduce a la riqueza, pero les interesa y casi siempre inspirado en el ejemplo inmortal de Eróstrato, que según la tradición incendió el templo de Diana con el objeto de hacerse famoso, lo cual consiguió. La fama, en la era postmoderna, no se logra a través de virtudes cívicas, sino con actos impúdicos, deshumanizados y atroces. Hay personajes en la vida cotidiana que alcanzan fama porque violaron, porque son sanguinarios o porque robaron en desmedida. Hoy día la fama se obtiene en la proporción al tiempo y frecuencia con que  un candidato aparece en la televisión, en la prensa o en los medios de comunicación más sobresaliente de la comunidad.

 Esto que anotamos es importante tenerlo en cuenta para el caso colombiano, porque el fenómeno Uribe no es producto de una persona cargada de virtudes para lograr la hazaña de la paz, puesto que la paz no se logra aniquilando al adversario, sino negociando y arribando a grandes acuerdos.

Las virtudes no se muestran en un acto de arrogancia, sino en un proceso de convivencia entre personas y grupos que la practican; las virtudes son aspiraciones de un bien común, de un deseo por trabajar en búsqueda de un  bien público y ampliamente abarcativo, por construir una sociedad justa. Si  los candidatos a la presidencia quieren mostrar a la colectividad colombiana que son portadores de un caudal de virtudes, deben pensar que la mejor forma de atacar la inseguridad y el malestar de la guerra es a través de una disposición por  a re-pensar y re-negociar algunos presupuestos fundamentales del tipo de sociedad actual, presupuestos mucho más inconmovibles por ser tácitos, invisibles o inmencionables, situados más allá de toda discusión o disputa ( Bauman, Op. Cit.). En esta dinámica, se pueden combinar las estrategias de negociación de cuestiones intratables (intractable issues) (Albin Cecilia , 1997) tales como: expansión de los recursos, intercambio de compensaciones, atribución de competencias a las partes, ejercicio compartido de algunas de ellas e imaginación institucional. La expansión de recursos consiste en ampliar el campo de lo negociable, y no sólo su núcleo duro, para poder ceder mutuamente compensaciones parciales que sean percibidas por las partes como ganancias parciales ligadas a mantener abierta la línea de negociación, y así sucesivamente (Vilanova Pere.1998).

 Quizá este deseo nos arrimará al rincón donde se encuentra  Cornelius Castoriadis, quien siempre nos reclamó que esta civilización se resistía a cuestionarse a si misma; ahora les toca a los colombianos a interrogarse a sí mismo encontrar en ese ejercicio si verdaderamente estamos actuando bien o equivocado al entregar a una persona el desafío de todos, construir la paz.

 

EL IMPASSE DE LA PACIFICACIÓN

 Los acontecimientos del día 20 y 21 de febrero del presente año, no fue un hecho aislado de lo que se viene desarrollando al interior del proceso de paz en Colombia; hay un actor que  incomoda y provoca los rompimiento temporales de  la mesa de negociación y que no está reconocido como interlocutor en el proceso de pacificación, aunque pareciera que es asunto de dos o tres (Gobierno, FARC, ELN), la mesa tiene más invitados que no se sientan, pero inciden, presionan y condicionan, tal es el caso de los EE.UU. actor que tiene antecedentes de boicotear todo proceso de pacificación que se ha realizado en Centroamérica.

 La ruptura que se presentó en el mes de febrero no tuvo como motivo central el secuestro del congresista Turbay; la decisión ya estaba tomada desde la visita que realizaron Marc Grossman, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Otto Reich, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y el director de Asuntos Internos del Consejo de Seguridad Nacional, John Maisto entre otros funcionarios norteamericanos que visitaron al país los primeros cinco días de febrero, para evaluar el Plan Colombia y el avance instrumental para conectarlo con el Plan Puebla Panamá; asimismo,  sopesar los apoyos militares y financiero y verificar si las bases estratégicas,  Tres Esquinas en Caquetá y Tolemaida, en Melgar, Tolima estaban suficientemente preparadas para actuar en un asalto a la zona de distensión.

 Para que esto sucediera se requería de un pretexto, el secuestro que se le conoce como “crónica anunciada del secuestro”, porque el congresista tenía conocimiento que ello iba a suceder y así lo dio a conocer a su círculo familiar y de trabajo. Lo demás, es materia periodística reseñada en varios diarios de Colombia.

 Romper  la incipiente mesa de diálogo era un objetivo de dos banda, por un lado, desconocer los 42.000Kms de la zona de distensión y dispersar la atención de los colombiano sobre el Caguán; la otra era la operativizar los instrumentos militares de las dos base mencionadas para conocer su efectividad y mandar un mensaje a Hugo Chávez en Venezuela y a los demás movimientos insumisos en Sudamérica de que la guerra contra el “terrorismo” seguía vigente y ahora le tocaba el turno a Colombia.

 El ejercicio no dio los resultados que se esperaban, se vio un ejercito modernizado, pero con deficiencias de inteligencia; una brecha entre ciudadanía y ejercito, de ahí el desconsuelo de los militares que reclamaron que se sintieron solos y por otra parte, la renuncia del general en Caquetá, Gustavo Porras, quien al pedir su baja afirmó  que es necesario armar a los civiles y que el poder político no está preparado para dirigir el Ejército.

 Esta apreciación de un militar de rango nos dice el sentir de un cuerpo armado y a la vez nos manda el mensaje de que la guerra en Colombia no la puede ganar ni las FARC ni el Ejercito Nacional, existe un virtual empate y esta situación exige, reclama la reinstalación de la mesa de negociación que conlleve a pacificar el país.

Una pacificación que no va a resolver todos los males del país, pero sí va ampliar el espacio público para que actores marginados o desconocidos por las autoridades, disputen audiencia ante la ciudadanía. La pacificación  debe tener como objetivo, romper el círculo del enfrentamiento, negociar la detención del conflicto armado, y una vez se logre ese objetivo, se abra la agenda a los demás puntos de carácter político, social, económicos y simbólicos.

 Hay algunos interrogantes que nos asaltan la razón, uno de ellos es la actitud paradójica de la clase política y oligarca, donde algunas veces se muestra heterogénea y disímil para apoyar una acuerdo de pacificación, pero a su vez se homogeniza cuando recibe instrucción de los mandatarios norteamericanos, lo que conlleva a distanciar a la clase política y oligárquica de la sociedad civil.

 Creemos firmemente que la nueva mesa de negociación debe invitar a un mediador internacional, principalmente de Europa, puede ser Alemania, Noruega o Suecia, esto bajaría perfil a los EE.UU. y los obligaría   a retirar las manos de la mesa; por otro lado, el gobierno debe actuar como interlocutor del otro en conflicto y no como juez y parte como ha venido sucediendo. Veamos las experiencias de Centroamérica para que Colombia tenga un aprendizaje de lo que se dio allí, sin tener la necesidad de transitar el mismo zaguán pacificador.

 

CÓMO ARMAR LOS ACUERDOS DE PAZ CON LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA  

 Un acuerdo de paz es la culminación formal de unas negociaciones entre dos actores políticos, mediados por uno o varios garantes, de ahí que sea definido como un esfuerzo de voluntad para llegar a un arreglo equilibrado.

 Los actores que a arriban negociar la salida de un conflicto, llegan a la mesa de diálogo con un determinado número de demandas que están llenas de significancias particulares, donde cada uno deposita sus aspiraciones y trata de defender,  hasta las últimas consecuencias, sus puntos de vistas e intereses.

 Bajo el manto de esta definición, los acuerdos de paz o procesos de pacificación en Centroamérica, por ejemplo, se han desarrollado en una compleja realidad social que trata, por todos los medios  mantener la unidad nacional, el involucramiento de los actores  marginados o en conflicto en  el cuadrilátero de la política y la lubricación de los mecanismos oxidados por la exclusión, la descalificación y el enfrentamiento.

 Es un desafío ciclópeo, pero necesario para  alentar una ambientación de convivencia política, multipartidista y plural en una sociedad cada día más heterogénea y requeriente de diálogo y democracia; ajena a oscilaciones permanentes  que pongan en peligro la gobernabilidad de un país.

 La intención  preliminar del diálogo no se mantiene inalterable, va modificándose en el transcurso de las negociaciones, entreverándose momentos de ruptura, distensión, polarización de intereses o conciliación desahogada. En el instante que los medios  conciliatorios se agotan, se apela al discurso de la lealtad a la unidad nacional, aunque ésta por naturaleza no es monolítica, sino compleja, relacional e integradora; dichos en otras palabras, es unidiversitiva, y del mismo modo,  razón de peso para seguir manteniendo la prudencia en la plática.

El contrapeso en una negociación, es el negociador o garante, agente imparcial que acerca a las partes para buscar salidas razonables, evitando de esta manera imposiciones violentas o irresponsabilidades a la hora de firmar acuerdos. Casi siempre se recurre a un conciliador ajeno al país y a los intereses en pugna.

 Para el caso  centroamericano, existen tres versiones interpretativas del proceso pacificador (X.Lara y R. Herrera, 1996): El Acuerdo Integral, Pacificación Técnica y  la limitada.

 Esbocemos la singularidad de cada una de ellas.

La pacificación Integral está sustentada por los actores enfrentados militarmente y que sobreviven a la negociación para poner fin a la guerra civil.

 En esta interpretación se incluye, al mismo tiempo, aspectos militares, políticos y económicos y sociales, aunque los más predominantes son los de carácter técnico-militares, porque se refieren a desarme, reducción de efectivos del ejército, compensación en efectivo para el desarme y  desplazamiento de grupos armados a zonas neutrales al conflicto.

 En lo que corresponde a los asuntos políticos, tiene que ver con rearticulaciones institucionales, reacomodos de fuerzas políticas, restablecimiento de canales de comunicación y diálogo interactoral, un marco jurídico que regule las acciones y ventile las desavenencias que ponen en riesgo la gobernabilidad.

 El contenido económico y social, contempla los programas de rehabilitación y acondicionamiento de áreas productivas para desplazados, inversión en proyectos de viviendas, salud, centros de trabajo, indemnizaciones y capacitación laboral.

 La Pacificación Técnica contempla, sin ningún significado político, el seguimiento y verificación del desarme, entrega de apoyos económicos, emolumentos, organización de grupos especiales para vigilar los acuerdos y reclamar, en caso que lo amerite, a las partes a que cumplan con lo pactado.

 La Pacificación Limitada, es aquella en que las partes no negocian nada substancial, más bien llegan a unos acuerdos para mantener una paz parcial, que permite al gobierno maniobrar sobre una cuerda tensa, manteniendo un equilibrio para no afectar intereses de los grupos en confrontación. El gobierno, supuestamente, administra un paz, pero en realidad lo que conduce es un proceso quebradizo, frágil, que en cualquier recodo puede polarizar las fuerzas conflictuadas.

 La Pacificación Limitada, es una burbuja de oxígeno para un gobierno que recién se instala después de una confrontación, y busca afanosamente armar el primer cuadro de leyes o reglamentos para iniciar un diálogo maduro y responsable, de ahí que la paz sea apenas un anhelo alejado de la realidad y cercano a su fin.

  

LA EXPERIENCIA SALVADOREÑA

 El FMLN, fuerza política insurgente urgida por transitar por el camino de la conversión para transformarse en una fuerza política legal, con opción  para participar en la arena electoral, en las luchas cívicas y abrigar diversas peticiones que  van  más  allá  de  su  estrategia  idealizada, - la  toma  del  gobierno  por  asalto, desplazar  a  la  burguesía  del   poder  y  cambiar  todo  el sistema -, debió asumir el mayor reto de su historia.

 El reto  no estaba determinado por los factores externos que  se mencionaron, sino por los factores internos, como la multidimensionalidad de los comportamientos colectivos,  las transformaciones que se habían dado en los ciudadanos y  el archipiélago de actores que se encontraban tejiendo un nuevo orden, con o sin el FMLN, lo cual llevó al grupo insurgente a pensar que la sociedad salvadoreña no era un universo homogéneo, que la visión mecánica no encuadraba con los que acontecía, que había la necesidad de forjar y fomentar una cultura de la complejidad que negara las certezas definitivas, el conocimiento absoluto y el progreso lineal.

 Se encontraron ante un compás que abría un ángulo mayor a los 45 grados a los que estaba acostumbrada la guerrilla; el panorama social era mucho más rico y complejo, pero mostraba nuevos modos de pensar, de sentir, de actuar y de vivir en sociedad, rompiendo el esquema que se había configurado en el imaginario de los grupos guerrilleros.

 Pasar sobre el axioma de la victoria absoluta, la centralización del poder, las decisiones y administración de recursos, como lo exigía la guerrilla, a otra forma más laxa que rompiera el criterio centralista,  sin caer en la inorganicidad total, es un paso necesario, pero riesgoso,  que  podría generar una anarquía dentro del grupo. Impulsar la coordinación horizontal fue otra pretensión, pero la resistencia de cuadros tradicionales y con larga experiencia se  opusieron a socializar lo que la compartimentación  en su tiempo señalaba. En fin, formó una madeja de hilos bastante conflictiva para desenredar pero el tiempo apremiaba y los pasos tuvieron que darse.

 El primer paso que se dio fue el de reconocer que el FMLN deviene de un agrupamiento multidiverso, compuesto por cinco fuerzas políticas: ERP, PC, PRTC, FPL y RN; que nació en la década de los 70, con una configuración de fuerza aglutinadora, donde se dio cobijo a muchas  organizaciones contestatarias de carácter político y militar que luchaban contra la dictadura en los distintos ámbitos de la vida salvadoreña y que encontraron en el FMLN la sala común que agrupó en una sola organización la mayor fuerza opositora. A su vez, con el tiempo,  se fortaleció como fuerza social urbana y significativamente rural  y,  a  partir de que ésta última,  optó por conformar un ejército guerrillero, controlando territorios y asumiendo la conducción de contingentes sociales.

 El reconocimiento se da en un escenario donde predominaba la diversidad y la autonomía de los actores sociales, quienes venían denunciando la carencia de una descentralización en las esferas del gobierno, los partidos políticos, los comités cívicos y en el seno del FMLN; igualmente, reclamaban una participación real en los asuntos que tenían que ver con la toma de decisiones, principalmente alrededor de asuntos concretos, inmediatos, de la cotidianidad, pero que lo vieran como sujeto social y no como objeto manipulable.

 Fue el mayor reto que enfrentó el FMLN como fuerza insurgente, puesto que tuvo que desnudarse de su ropaje autoritario, vertical y compartimentado, para dar paso a la horizontalidad gradual, a la alianza convergente que  surge de un proceso que involucra nuevos actores y nuevas bases a partir de un programa articulador, apto y flexible para constituirse en representante político para la lucha en los planos electoral y político de los sectores medios y populares. Un eje convergente, cohesionador programático (Villalobos, 1992) que no intentara centralizar todas las decisiones pero sí capaz de dar forma y contenido a un sinfín de demandas y orientarlas a una meta concreta.

 El paso trascendental que dio el FMLN lo orilló a reconocer que en la fuerza convergente no había espacios predados, tampoco asignados con antelación, sino que se gestaban en la lucha cotidiana  y tenían un carácter "biodegradable", o sea  que una vez alcanzado el logro o que hubiesen cambiado las prioridades, los reacomodos tenían que darse, sin resistencias ni consideraciones, lo cual se cumplió en el proceso de paz y posteriormente en  las elecciones de 1994.

 La  duda que nublaba el horizonte político  del FMLN era, ¿ de qué modo la fuerza convergente podría permanecer viva, si muchas de las reivindicaciones eran cortoplacistas, improntas, sin el acompañamiento de una utopía,  como se tuvo durante veinte años?

 La respuesta la tuvieron al decidirse que no podían quedarse contemplando el nuevo escenario, tampoco en  autoflagerarse con una autocrítica desmoralizante por lo que no se pudo alcanzar, menos en añorar tiempos pasados, ni posibilidades que se desaprovecharon;  sino en definir lo nuevo, lo que estaba por venir y eso consistía en crear una nueva utopía claramente definida, razonable y lógica, de lo contrario, sería una lucha sin rumbo (Villalobos, 1992).

 Lo anterior ayudó a resolver, en parte,  las dudas, sobre todo las que tenía que ver con el asunto de la hegemonía orgánica del FMLN en su nueva vida orgánico-partidaria, que era lo que más preocupaba a sus dirigentes,  porque no entendían,  en toda su amplitud,  la complejidad social; pese a la adversidad, buscaron, de manera inteligente, garantizar una compactación de pensamiento que le diera vida al eje convergente, mínimamente para las elecciones de 1994, por ello se propusieron la meta (garantía utópica),  la construcción de una cultura democrática que diera base a la  edificación de un sistema político y económico plural, incluyente y con plena vigencia de un Estado de derecho.

 La búsqueda de esa cultura democrática, fue la guía que abrió el camino para luchar por la construcción  y el fortalecimiento de las nuevas instituciones que  fuesen surgiendo;  se  convirtió en el escudo que agrupó a diversos signos y banderas;  además,  dio luz y orientación al nuevo discurso que se puso en práctica.

 Ya había nacido la fuerza política convergente sin diluir al FMLN; dichos en otras palabras, los farabundistas habían sido el detonador para propiciar la convergencia,    preservando su autonomía y decisión individual en el contexto salvadoreño, pero  buscando tesoneramente  los puntos de coincidencias que tenían con diversos grupos, qué interés compartido podían incentivar una alianza y cómo armar un acción colectiva para enfrentar con garantía de éxito el proceso electoral de 1994.

 El segundo paso, fue el de fincar la idea y más tarde socializar, que el poder institucional no sirve de nada si no se cuenta con ínsulas de dominio en el seno de la sociedad civil, de ahí la necesidad de construir redes entre los grupos marginados, los grupos de presión, entre ciudadanos independientes y sectores medios, con el objeto de acordonar las islas y dar inicio a los eslabonamiento  de poder desde y con los de abajo, los excluidos por el modelo neoliberal.

 El camino idóneo, dadas las características de El Salvador y el período de posguerra que arrojaba  un destrabamiento de las peticiones de empleo, alto a la represión, respeto a los derechos humanos, fin de los cateos, acuartelamiento de los militares, etc., era la mutación permanente del FMLN, unas veces actuando a manera de partido y otras  asumiéndose como grupo de presión para poder así acompasar la dinámica de los movimientos sociales y conservar viva la esperanza aglutinadora de la convergencia que estaba construyendo, conjuntamente con otras fuerzas, y se  percibiera como una encubadora de la nueva democracia.

 No fue una tarea fácil, tampoco se culminó el trabajo por la aparición de algunos contratiempos, sobre todo en los cuadros políticos que no aceptaban esta mutación, pues  tenían la percepción de que todo la labor organizacional que se hizo  durante los 12 años de guerra fue inútil  y se perdía irremediablemente por el revisionismo de los dirigentes y la desesperación por reposicionarse ante el nuevo escenario. Los cotos de resistencia se multiplicaron, primordialmente en aquellos que hombres que tenían la firme convicción de que el poder gira alrededor de la autoridad, y es ésta la que toma las decisiones. La verdad absoluta que gravitó sobre la necesidad de tener una única autoridad, depositada en la dirección histórica de la insurgencia, chocó con las apreciaciones que pedían compartir espacios con una fuerza insumisa emergente que conminaba a los demás a distribuir  las decisiones y   el poder.

 Todo esto  enmarañó  el  proceso  constitutivo  de  la convergencia,    enfrentando  dos  inconvenientes:  por  un lado, las fuerzas  opositoras  que  obraban  al interior del FMLN,  y por otro lado,   el  factor  tiempo, que  avanzaba muy rápido.

 La lucha se centró entre una democracia restringida, promulgada por los cuadros políticos tradicionales, contra una democracia ampliada que pugnaban las fuerzas ciudadanas para  romper los diques de contención que impedían el desarrollo de la opinión de los excluidos. Ese  impasse obligó al FMLN a buscar una formula que los convirtiera en partido y movimiento a la vez, ya que de no hacerlo, su nacimiento orgánico-partidista política sería estéril.

 El discurso utilizado por  el FMLN  para atender las dos direcciones, paralelas pero no disociadas, era el renacimiento de la vida institucional del país y el fomento de una cultura democrática. La primera se fundamentaba en su inexistencia, porque   los gobiernos, militares y "civiles" con apoyo castrense, le quitaron la esencia a la vida pública, cerraron los canales de entendimiento de la ciudadanía con el gobierno,  suspendieron las garantías individuales, quedaron proscritos diversos sindicatos, frentes de luchas y partidos políticos, y la ley marcial predominó durante mucho tiempo. La segunda, obedecía a la permanencia de una cultura contestataria que se había adueñado de los comportamientos colectivos, cuya esencia se manifestaba con el exterminio o la descalificación del adversario.

 Frente a la problemática inédita, el FMLN se propuso la tarea de fomentar, cultivar, socializar y apropiarse de una cultura democrática que permitiera, en futuras acciones con determinados grupos o movimientos sociales, construir redes convergentes para restaurar la institucionalidad deteriorada y  armonizar la reconciliación democrática. Reconciliarse no era olvidar  las diferencias, sino a  procesar los conflictos en igualdad de condiciones, bajo la bandera del respeto y en un marco republicano

 Entonces vemos dos campos para la actuación, por una banda estaba la participación partidaria, apoyando, impulsando, discutiendo el futuro de la nueva vida institucional, cuya tarea inmediata era  la reforma judicial para fundar  una nueva policía nacional civil que incorporara a los excombatientes y a un número de ex militares; a su vez, que esta corporación policial asumiera un comportamiento preventivo del delito para que brinde una mayor seguridad a la ciudadanía; el nuevo rol preventivo sería una práctica renovadora que colocaría a la institución judicial lejos de las pesquisas, persecuciones y transgresiones  contra la población,  ocurridas durante el periodo 1980-1993.

 Por otro lado,  presionó para que se implementase una reforma militar sobre la base de  dos puntos: (a) la reducción sustancial en el número de activos, pues con la firma del Acuerdo de Paz se garantizaba la convivencia civilizada y el ejercicio legal;  (b)  la definición del papel del ejercito, cuyo papel es asumir la  protección  de los intereses de la nación y no del gobierno en turno.

 También fue parte de los arreglos, la división de poderes para la recuperación de la credibilidad, el ejercicio público responsable, el respeto de los derechos y garantías individuales. La suma de demandas conformó  los resortes dinámicos que el  FMLN capitalizó para forzar una reforma Constitucional.

 Para no perder su vínculo con la ciudadanía, adoptó, en ciertos poblados y departamentos, el acompañamiento en las movilizaciones para apoyar los reclamos de la ciudadanía,  sobre todo para exigir la introducción de servicios públicos, apoyo a los desplazados por la guerra, incorporación de los excombatientes a tareas productivas, asignación de terrenos para vivienda, equipamiento de los centros de salud, escuelas y hospitales, no al incremento al valor del transporte público, y otras más de menor peso social.

 Atendiendo estos dos ejes (formal e informal), el FMLN fusionó, hasta donde pudo, la nueva versión de partido y movimiento, única salida que objetivaron para no navegar en una nave-partido sin tripulantes, y no perder el contacto con los habitantes de El Salvador,  puesto que el reto que tenían ante las elecciones de 1994 y 1997, eran crucial para su futuro.

 

LA PACIFICACIÓN EN GUATEMALA

  El conflicto en Guatemala es más complejo y de mayor duración que el de Nicaragua y El Salvador, por ser una sociedad  polarizada en el aspecto político, fruto de un  crecimiento económico desigual que se experimentó en la década de los setenta y parte de los ochenta, lo cual dibujó una burguesía monopolista pero diversificada, que controlaba la mayor parte de los bienes del país, en contraste con una población sumida en la inopia que alcanzaba  85% del total que cubría el país.

  El control de los medios de producción más las remuneraciones obtenidas de las ganancias o excedentes, configuró una clase oligárquica carente de escrúpulos y ávida por acrecentar el capital y consustancialmente el poder, para lo cual tuvo que construir alianzas o redes asociativas con altos oficiales del ejército, a fin de ejercer el control sobre las masas paupérrimas que amenazaban con movilizaciones o huelgas en los centros productivos y distributivos.

  Una de las características de la burguesía guatemalteca fue que no creció, o no buscó ampliar  su base social, sino que concentró su poder económico en una esfera exclusivista, forjando vínculos familiares entre los actores del mismo género y asumiendo un rol multifuncional,  para no abrir una ventana donde pudiese ingresar un agente de otro estrato social,  pero sí permitirse a ella misma reciclarse, autoreformarse y crecer  en forma de espiral, hasta donde se lo permitiera su fuerza y capacidad y, cuando necesitaba un apoyo de fuerza para afirmar su hegemonía, extendía alianzas con los militares aunque delimitando espacios de maniobras e intereses.

  Esa "pureza" oligárquica que muestran con orgullo y sello de clase, del mismo modo se refleja en su rigidez ideológica, por lo que es considerada, entre los analistas que estudian la región centroamericana, como la burguesía menos flexible, antireformista e excluyente de toda el área.

  Otro aspecto que resalta en este segmento social, es su exacerbado racismo contra el indígena, manifestado en la discriminación absoluta y en la promoción de políticas coercitivas contra la mayoría pobladora del país. Esta segregación es la reproducción de su complejo como clase castrada, heredada de la política estadounidense y el capital transnacional, dos ejes que supeditan a la oronda burguesía guatemalteca y no le han  permitido constituirse en un grupo industrial más independiente y capaz de promover el desarrollo de un mercado interno equilibrado en esta área de Centroamérica.

  Ahora bien, la  clase oligárquica, ante el umbral de la globalización, el desarrollo tecnológico, el  requerimiento de innovación que exige la banca y la maquila para la exportación, aunadas a las exigencias del capital financiero especulativo, se ha visto forzada a compartir diversos nichos patrimonialistas que tenían reservados para ellos;  a partir de la década de los ochenta, "nuevos" sectores de la burguesía se ligaron a sus familias y al capital:  los "nuevos ricos";  quienes se ocupan de administrar empresas con perfil exportador, a la inversión bursátil, asociaciones de empresarios, bufetes jurídicos, asesorías empresariales y de capacitación administrativa, estimulando la actividad comercializadora e incorporando a Guatemala a la órbita internacional de la mundialización.

  La incorporación de estos "nuevos ricos o beautiful people" no ha abierto el compás de la democratización en el país, aunque su  imaginario colectivo es menos ideologizado,   su lógica comportamental es más exclusivista, individualizada y  conservadora, asimismo oponente acérrimo de las reformas democráticas que puedan dar un respiro a la nación.

  Sin embargo, el problema toral que enfrenta esta burguesía oligárquica es que no se ha podido legitimar,  que su encasillamiento clasista que no le  permite arribar al poder,  por lo mismo se han visto obligado a construir alianzas con los sectores de alto rango militar, con la "clase política" y la "tecnoburocracia", (1) sectores ajenos a su anillo exclusivista, pero cercanos para compartir el poder y oponerse, mancomunadamente, a cualquier intención de fuerza que ponga en riesgo el sistema de dominación.

  Frente al espectro clasista oligárquico, heterogéneo en su estructura pero monovalente en su comportamiento político, se encuentra el amplio mapa actoral popular que se ha venido constituyendo a través de la encadenada crisis, la lucha contestataria y la resistencia política para contener el frente  excluyente y la represión indiscriminada emprendida por la clase en el poder.

  A través de su comportamiento, los movimientos sociales-populares,  demuestran que van más allá de la concepción "accionalista",  puesto que escenifican la lucha de un sector social organizado  contra un oponente, por la dirección colectiva de los recursos económicos, políticos e ideológicos de una sociedad determinada; (Touraine, 1967)  agregándosele el ingrediente de lucha histórica, orientada hacia el control del proceso producente del cambio histórico-social.

  Lo que se emerge es un movimiento social que intenta construir redes intra e intergrupal, priorizando la interacción interna y externa, con el objeto de ir edificando un diálogo fecundo entre las distintas racionalidades que existen en la sociedad marginada guatemalteca, a fin de distinguirlas, configurarlas y respetarlas, posibilitando así el reconocimiento de verse diferentes pero admitirse como iguales.

  Son movimientos  sociales - populares diferentes a los anteriores, en especial los que se desencadenaron entre 1973-1976, a modo que ahora mantienen una mayor autonomía frente al Estado, los partidos políticos e incluso con los grupos armados. Uno de los elementos analíticos más consistente es el que sostiene que el punto de partida de la eclosión movimientista fue el terremoto de 1976, detonante que en medio del desastre natural y la ineficacia del gobierno, buscó formas asociativas no sólo para sobrevivir, sino para reclamar y exigir sus derechos.

  La eclosión movimiental, en los días posteriores al terremoto, encontró un terreno abonado por la diversidad y la autonomía de los múltiples actores, porque cada uno tenía una demanda específica, lo cual atomizaba el espectro orgánico-popular y estructuraba una nueva forma organizacional  descentralizada y con anhelo de participación; y aunque parezca paradójico, en ese camino que abre la nueva racionalidad de ires y venires, se fueron forjando las redes.

  Las redes se tejieron sobre los traslapes identitarios, entreverando las diversas exigencias concretas de cada sector hasta convertirlas en una bandera de lucha, pero bajo una temporalidad perentoria para cristalizar las metas; la participación en urdimbre no afectó la totalidad de la vida del individuo o grupo,  pues no había razón para dedicarle tiempo completo, porque la complementariedad horizontal en los órganos de decisión, facilitaban el trabajo escalonado sin medrar la corresponsabilidad.

  Otro aspecto que tiñe a las organizaciones sociales populares de Guatemala, es que no se plantearon la construcción de una utopía, de tal suerte que le sirviera de guía comportamental por mucho tiempo, precisamente por darse cuenta que los movimientos no eran de largo alcance, sino mutantes, donde permanentemente pasan de un estado organizacional a otro;  por ello, la participación giró en torno a objetivos concretos, visualizables y apropiables, con el fin de poder ir creciendo, estimulándose en el camino de la lucha y sumar adeptos por la escala de logros que vayan sumando.

  La estrategia organizacional a través de redes, busca  extenderse y diseminarse a lo ancho de las zonas populares, indígenas y marginadas;  con acuerdos intergrupales, apoyos logísticos, en la medida de lo posible, con el  objetivo de provocar una participación en los niveles micro, localistas y de esta manera debilitar el poder central y diluir el grueso de la represión.

  Es obvio, que el desenvolvimiento de estos movimientos sociales populares no fue tan expedito, ni encontraron un camino abonado por la democracia; antes por el contrario, la represión aumentó, la desaparición de dirigentes obreros, campesinos, barriales y estudiantiles fue alarmante;  sin embargo, la opción de redes aminoró el costo político,  las desapariciones aminoraron, producto del reemplazo que se hizo al liderazgo individual,  por una dirigencia de carácter horizontal.

  Producto de ese trabajo de redes convergentes entre 1976 y 1978, surge el CUC (Comité de Unidad Campesina),  organización nacional que incluía a los campesinos, a trabajadores agrícolas,  indígenas y ladinos pobres, ante todo bajo el liderazgo indígena; (S.Jonas, 1994)  por su composición heterogénea y su perfil de lucha, el gobierno la tildó de subversiva, por tanto la represión no se hizo esperar.

  Sin embargo, analistas que se han dedicado al estudio de esta organización plural, han destacado que el CUC no nació revolucionaria, sino bajo la experiencia de la acción católica y las comunidades eclesiales de base, con una visión cooperativa y ansias de institucionalizarse como sindicato, lo cual ocurrió en 1980, pero la insistencia represiva y los acotamientos que el gobierno imponía a su accionar, cierta cantidad de individuos del CUC se enlistaron en la guerrilla, unos cuantos de carácter permanentes, otros intermitentes, cumpliendo el doble rol de sindicalista y guerrillero.

  Algo digno de destacar, y que no sólo impactó en Guatemala, sino en el sur de México, es la proclama de Iximché de febrero de 1980, donde el CUC expresa en su declaración": Por una sociedad de igualdad y respeto. Porque nuestro pueblo indio, por sí mismo, puede desarrollar su cultura rota por los criminales invasores; por una economía justa en que nadie explote a los otros; porque la tierra sea comunal como la tenían nuestros antepasados; por un pueblo sin discriminación; porque termine toda represión, tortura, secuestro, asesinato y masacres; porque se terminan las agarradas para el cuartel; porque tengamos los mismos derechos de trabajo; para que no sigamos siendo utilizados como objetos del turismo; por la justa distribución y aprovechamiento de nuestras riquezas como en los tiempos en que floreció la vida y la cultura de nuestros antepasados. (A. Arias, 1985)

 

¿Qué hay de nuevo en esta proclama y porqué el indio se inscribe en la lucha?

  En primera instancia, el indio se reclama para si un lugar y no múltiples, de ahí que se autodenomina pueblo indio y no pueblos indios, puesto que la primera acepción denota unidad, identidad, demanda común y valores homogéneos; la segunda, manifiesta desintegración, multiplicidad, comportamientos disímbolos, valores heterogéneos y peticiones desarticuladas.

  La razón que convierte al indio guatemalteco en actor protagónico en el conflicto es:  (a) la expulsión de sus tierras por el cambio instrumentado en  la estructura productiva y  social del altiplano; (b) la reorganización de  la agricultura, pasando de la explotación tradicional a las empresas agrícolas, la cual da trabajo estacional al indio; (c) la descampesinización que los arroja al ejército de desempleados y (d) la mutación laboral y organizacional que impacta en su conciencia, por lo que fue tejiendo en su imaginario colectivo la lucha por la tierra (S.Jonas.op.cit)

  Si bien es cierto que el recurso de las armas que opta el indio para transformar su entorno no es su primera elección; (R. Adams, 1988)  es necesario aclarar que esa idea tampoco estuvo fuera de su sus reflexiones comunitarias, evidentemente por la fatiga que mostraban sus métodos de persuasión, diálogo, marchas, protestas y denuncias, haciendo probable el uso de las armas en caso de que las circunstancias en que se inscribían no cambiara.

  A lo anterior, hay que agregar, que los grupos insurgentes habían entrado en una etapa de reconsiderandos, de reestructuración y acuerdos intergrupales, para enfrentar de mejor manera la fuerza contrainsurgente.

  Entre los principales reajustes que hizo la guerrilla, encontramos que se decidió  tomar distancia de la célebre teoría del FOCO que elaboró Ernesto Guevara, por los resultados  negativos;   otro aspecto  considerado, fue   ampliar su base militante, no fincando toda las esperanzas en el ladino pobre, sino en el indio, población significativa y que en los últimos años, ya mostraba signos de beligerancia, capacidad organizacional y mayor consistencia en la lucha con objetivos preclaros.

  La incorporación del indio, vieja aspiración de Turcios Lima, en los mandos medios y  en responsabilidades militares, flexibilizó la ideología marxista ortodoxa, abrió su concepción sobre la vida,  sobre la lucha,  sobre la humanidad y sobre todo la diversidad de creencias que forman una constelación imaginaria en la mente de los individuos, de ahí que el pensamiento cristiano, eclesiástico, cooperativo y escépticos convivieran respetuosamente en los núcleos guerrilleros, adquiriendo  la nacionalidad guatemalteca, reflejo del mosaico étnico y axiológico,  pero distanciada de la influencia cubana.

  El avance que mostraba la guerrilla con los intentos incorporativistas de los grupos armados, la conformación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y la apropiación de franjas territoriales defendidas por las armas,  no  dominó su horizonte con excesos triunfalistas, porque tenían claro, en especial su dirigencia,  que por la vía del derrocamiento la victoria no vendría, dado que la capacidad de recomposición del sistema cívico-militar de Guatemala, la ayuda y asesoría significativa de los Estados Unidos y el surgimiento de nuevas ballestas que impulsaban un nuevo cuadro de  exigencias, demostraban que por la vía armada era difícil triunfar;  la opción que quedaba era  la vía de la pacificación, sin vencedores ni vencidos.

  Esta vía de la pacificación tenía un núcleo vital, la rehabilitación de la confianza del ladino, el indio, el marginado y el ciudadano en el sistema político, el cual, en los últimos veinte años, brindaba un horizonte de incertidumbre que hacía más complejo el futuro del país.

  ¿De qué modo apostarle a un paz, si durante largos años, los marginados habían puesto sobre la mesa todas sus apuestas en el presente y en el futuro y hasta hora el fraude, la corrupción, la represión, el exilio y la muerte eran sus ganancias?

La dirigencia insurgente tuvo que ir tejiendo cuidadosamente, con hilos finos, la confianza de los involucrados en el conflicto y que estaban de su lado, para que depositaran en ellos el aval que necesitaban para apresurar las pláticas pacificatorias.

  El respaldo de ese depósito de cuenta corriente, en moneda de confianza, que le dieron a los insurgentes negociadores, se puede constatar en los acuerdos que llenan el cuerpo de la agenda aprobada para la pacificación, más aún, en los convenios que firmaron el gobierno de Guatemala, representado en la persona de Alvaro Arzú  y  la URNG, en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996.

   

LA PACIFICACIÓN COMO EL RETORNO DE LA POLÍTICA

  La pacificación,  ámbito de la política donde la  hostilidad absoluta es marginada y remplazada por la relación de amigo-enemigo público (competencia entre adversarios),  a simple vista parece el movimiento de dos o tres fichas  en el tablero del ajedrez político de ambos contendientes involucrados en el conflicto; sin embargo, el desacoplamiento de un conflicto de magnitud nacional es más complejo que el simple desplazamiento  al que hacemos referencia, a manera que implica retomar en el asunto desconflictual  aspectos técnico-militares, sociales y políticos. (X.Lara y R.Herrera, op.cit)

  Es notorio para los especialistas del área centroamericana, que la desactivación de los tres conflictos, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, tienen sus ingredientes asociativos, pero destacan más los singulares, por las características de los actores, sus lógicas comportamentales y sus intereses; por ello los tres procesos pacificadores no se encuentran en la misma línea, sino que se ubican en puntos distintos y en ópticas diferentes.

  Reconociendo los rasgos distintivos de cada escenario, preferimos, para una clara y mayor explicación, abordar la disgregación del conflicto a partir del análisis de cada país, y de esa manera  ver, con mayor precisión, cual es la línea de comportamiento de los actores conflictuados, la asunción política de ellos ante la ciudadanía para rehacer el tejido institucional, la capacidad organizativa para reasumir espacios de deliberación pública obstruidos por la guerra y la voluntad por hacer de la negociación pacificadora un puente que traslade a los ciudadanos, partidos políticos e instancias orgánicas de la sociedad civil, del campo de la guerra a los medios originales de la política.

   

LA PAZ  EN  EL SALVADOR

  La paz que se rubricó el 16 de enero de 1992, entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de El Salvador, recorrió un largo camino para llegar al momento trascendental que  marcó el fin de una guerra desgastante en el pequeño país centroamericano.

  Por vez primera, en la historia de las revoluciones en América Latina, un enfrentamiento polarizado ponía término a una lucha irreconciliable a través del diálogo, el consenso y los acuerdos para vivir en paz. Lo acontecido en Cuba, el desenlace de los sucesos en Nicaragua y la persistencia del conflicto en Guatemala, eran indicios de que en El Salvador,  el curso de la lucha sería igual; no obstante, la razón, la inteligencia y el examen detenido sobre la guerra y sus implicaciones tácticas y estratégicas, los llevó a aceptar la opción del diálogo, como la mejor forma de saldar una disputa que no garantizaba, a ninguno de los dos bandos, el triunfo.

  El empeño por el entendimiento tiene su cronología singular, siendo su primer intento la reunión formal del 15 de octubre de 1984, escenificándose en la población "la Palma", asistiendo el presidente recién  electo  Napoleón Duarte y un grupo de comandantes del FMLN. Ahí se acordaron dos puntos: mantener la disposición para el diálogo y la conformación de dos comisiones para proseguir negociando.

  Ese mismo año se reunieron, 30 de septiembre, los avances fueron claros para los dos bandos, dado que se plasmó un acuerdo mínimo para permitir un libre desplazamiento de personas y vehículos civiles entre los meses de diciembre de 1984 y enero de 1985, bajando las tensiones y liberando los sistemas noticiosos y de radio para que divulgaran lo que sucedía en verdad.

  La  progresiva simpatía que capitalizaba el FMLN y la moral creciente en sus combatientes, motivó al gobierno para detener la dirección que llevaban las conversaciones, porque el ambiente político no le favorecía; de esta manera endureció su postura y opto por mantener una oferta monovalente: desarme total e incorporación a la vida política pública.

  La estrategia del FMLN  era desemejante a la oferta gubernamental, tanto que planteaba un reconocimiento a su fuerza política, el respeto de los derechos humanos y la instauración de un Estado de derecho. Eran dos paralelas que intentaban un diálogo sin tender un durmiente entre ellas para construir un canal eficiente donde transcurrieran las aguas de la tolerancia y el entendimiento entre dos adversarios, y no entre enemigos que tenían por objetivo exterminarse mutuamente.

  El truncamiento en las negociaciones arrojó fuego sobre el suelo salvadoreño, la intensidad de los combates crecieron, el saldo de la guerra cada día se elevaba y la reconciliación se fue esfumando del horizonte político. Para atenuar la disputa, gobiernos del área y la iglesia, iniciaron pláticas, reuniones y denuncias para desgastar a los dos bandos y llevarlos nuevamente a una nueva ronda de negociaciones, planeándose para el 19 de septiembre de 1986 en la localidad de Sesori, misma que no se llevó a cabo por la militarización de la zona, previo a la reunión.

  Los   esfuerzos internacionales no claudicaron, a partir de 1986, varias reuniones de mandatarios de la región presionaron para la solución del conflicto;  estaban conscientes que la compleja realidad de la zona y la particularidad salvadoreña, atosigada por una administración norteamericana belicista, no eran los ingredientes apropiados para un desenlace sin vencederos ni vencidos, pero la insistencia diplomática del Presidente Oscar Arias por reforzar los objetivos del Grupo Contadora a través de la declaración de Esquipulas, hacían un llamado a un cese el fuego bilateral, diálogo entre las partes enfrentadas, suspensión de la ayuda internacional y convocatoria a un gobierno de reconciliación nacional.

  La oferta no tuvo aceptación por parte del gobierno de El Salvador y Honduras, fuertemente comprometidos y condicionados por la política exterior de los Estados Unidos. El 7 de agosto de 1987 se reunieron los cinco mandatarios nuevamente en Esquipulas, y salió la declaración Esquipulas ll, la cual tuvo pocos efectos en Nicaragua y en El Salvador, puesto que la Administración Reagan hacía caso omiso y entregaba 270 millones a la Contra Nicaragüense.

  Después de esos intentos fallidos y  los dos ejércitos, el oficial y el FMLN, con el imaginario colectivo de poder derrotar al oponente, se arribó al año 1989, donde los insurgentes prepararon la ofensiva final, haciendo acopio de armas de todo tipo, afinaron estrategia, lubricaron los canales de apoyo logístico, trazaron las rutas de ataque, de posicionamiento, de retirada en caso de contingencia, se colocaron los buzones estratégicos y las casas de seguridad. Llegó el mes de noviembre y se desató la acometida contra la capital, San Salvador.

  Los embates se dieron de manera contundentes, las bajas se mostraban en números muy altos en ambos bandos, alejando las posibilidades de triunfo para el FMLN y el Ejército Nacional, pero avivando la flama esperanzadora del diálogo, pues era la opción que quedaba para dirimir las diferencias.

  Entre 1990 y todo el año 1991, se gestionó por parte de los comandantes del FMLN y el gobierno en turno, reuniones de acercamiento; también se buscó a las Naciones Unidas para que fungiera como mediador, lográndose concretar sesiones de diálogo aproximador en San José Costa Rica, Caracas, Venezuela, Nueva York, EE.UU. y México. Fue el 16 de enero de 1992, con la firma del Acuerdo de Chapultepec donde se puso fin a la guerra.

  ¿ Qué logros hubo para El Salvador, ya que la victoria no fue para ninguno de los dos actores en disputa?

  Lo principal, fue el retorno de la política a sus medios originales, lo cual reposicionó a los actores en conflicto, pero a su vez abrió los espacios para que los otros cuerpos políticos en evolución se involucraran en el nuevo diseño del cuadrante democrático que el país exigía.

  En el terreno de los acuerdos, se pactó  una depuración de las Fuerzas Armadas, pues ya esta institución había rebasado los marcos Constitucionales y actuaban al libre arbitrio. La reinstitucionalización que se da vía la reforma, es un paso para la reconciliación nacional; asimismo desaparecen los dos contingentes armados: Guardia Nacional y Policía de Hacienda, quienes actuaban como auxiliares en la labor contrainsurgente, al igual que la Inteligencia Militar, aparato propio de los gobiernos de seguridad nacional.

  Se evitó el reclutamiento forzoso y se creo la Policía Nacional Civil, abriendo una posibilidad a  los ex combatientes insurgentes para que pudiesen ingresar a ella, más no al ejército. En lo económico, se contempló ejercitar acción penal contra los acaparadores de tierra que se resistieran al reparto, puesto que el límite Constitucional es de 245 hectáreas, y de esta manera armar un programa para atender las demandas de los desplazados por la guerra.

  Bordando las interpretaciones teóricas del Acuerdo Chapultepec, se observan las garantías que se ofrecen a los combatientes del FMLN para desplazarse, organizarse, tramitar licencias para conducir y participar en la vida pública.

  Producto de este acuerdo de pacificación, se convocó a un ejercicio que abriera una brecha entre el odio y la pasión, y el olvido fuese el mejor aliciente para aceptar las nuevas reglas del juego y por qué no competir en un nuevo juego.

  Se puso fin a una continuidad de enfrentamientos, de rupturas y quiebres, para arribar a un estadio de convivencia y confrontación civilizada, sin olvidar sus principios, ni negar sus convicciones democráticas, pero esta vez dirimidas dentro de un marco jurídico que garantizara igualdad  de condiciones.

  Otro registro de la pacificación, es que sobre el FMLN no pesa la represión ni la sanción para divulgar a los ciudadanos salvadoreños qué es lo que realmente sucede en ese país de 21 mil kilómetros cuadrados, sin romper el marco Constitucional pero con la libertad que le da su plataforma política y solvencia moral para respaldar lo denunciado.

  De esta manera, El Salvador se convirtió en un campo de lucha de la rearticulación social y la recomposición política, y el FMLN, en esa marejada, buscó afanosamente acuerpar las intenciones y demandas de  micro organismos sociales autónomos que requerían tejer una red para llenar de contenido los nuevos espacios políticos.

  La intención acuerpadora fue lo que dio vida a la convergencia, fisurando el ambiente político entre los que persistían por el estatus quo y los que en verdad luchaban por la democratización de El Salvador.

  Sabían los farabundistas que la firma de la paz no solucionaba el conjunto de demandas que enarbolaban y defendían durante la guerra; tampoco sentían erubescencia por haber pactado un cese el fuego sin que el gobierno hubiese  solucionado todo aquello que los insurgentes pusieron sobre la mesa de negociaciones. Pero de lo que sí estaban seguro los ex combatientes era que el proyecto de nación, la redefinición de las identidades, la implementación de un modelo económico más justo, la instrumentación de un Estado de derecho y la competencia abierta sin cortapisas, se conseguiría a través de la rematrización de la democracia.

  Reconocer a la democracia como la matriz que posibilita la recuperación de contenidos de los grupos sociales, que incentiva el diálogo, el consenso y la competencia, es aceptar que las puertas de la política se abren con el noble ejercicio democrático; entonces, el FMLN se decidió a usar un discurso en que la palabra democracia era el eje matricial para discutir el rumbo del nuevo Estado, la nación, las autonomías y los asuntos de género; otorgando licencia a los actores políticos y sociales para discutir y participar en escenarios más amplios, desbordando la maquinaria burocrática de los partidos políticos de decisión tradicional e innovando una horizontalidad fértil para la meta más cercana: las elecciones.

 

  ACUERDO  PARA CESE EL FUEGO EN GUATEMALA

  La pacificación en Guatemala, tuvo dos actores orgánicos,  el gobierno, representado por la Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala - CNR - y la guerrilla, aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca            - URNG -.

  Por lo reciente que fue la firma del acuerdo definitivo, 4 de diciembre de 1996, tal pareciera que el  proceso de negociación fue expedito; sin embargo,  las negociaciones  empezaron el 30 de marzo de 1990, en Oslo, Noruega, donde las  delegaciones involucradas en el conflicto, expresaron su voluntad política por encontrar caminos de solución pacífica a la problemática nacional por medios políticos.

  Cabe aclarar, que el término de voluntad política hace referencia al modo en que las  instancias negociadoras aceptan, celebran o intentan alterar las relaciones de sub y superorden - el poder de gobernar y la necesidad de obedecer - que se necesita en toda sociedad (R. Heilbroner, 1996).

  Sobre la base de esa voluntad conciliadora, por reencauzar a la política a sus medios originales, el 24 de abril de 1991, se dio  inició al proceso de negociación directa - Gobierno de la República de Guatemala y URNG, asumiendo las partes la responsabilidad de que los acuerdos políticos reflejarían las legítimas aspiraciones de todos los guatemaltecos y establecerían, con apego al marco institucional vigente y de conformidad con los acuerdos de  El Escorial,  en el cual la URNG y los partidos políticos del país se comprometieron a promover las reformar de la Constitución Política de la República que fuesen necesarias para la reconciliación de todos los guatemaltecos, la finalización del enfrentamiento armado interno y la solución pacífica del conjunto de problemas de la nación por los medios políticos; el irrestricto respeto y aplicación de la ley. (Agenda de los Acuerdos, 1994)

  El primer paso por la búsqueda de una solución conjunta, refleja las percepciones y las disposiciones que existen en ambas partes por bajar los niveles de desconfianza  y  evitar  los riesgos que vulneran la identidad de cada actor, en la medida que, por parte del gobierno, acepta que el conflicto tiene  una naturaleza nacional; que el marco jurídico vigente no posee la capacidad política para disolver el conflicto, menos aún para digerir la multidimensionalidad de la guerra nacional, dado que son múltiples los actores  involucrados y amplio los distintos sistemas normativos que requieren incorporarse en el nuevo reglamentarismo jurídico que salga de la negociación;  en la otra banda, la URNG, acepta discutir en el terreno de la política, desplazando las armas y reforzando la institucionalidad del sistema político vigente, sin dejar de lado, la necesidad de introducir cambios que requiere la nación.

  Se observa una negociación que parte de algo, del saldo de las diferencias, una parte importante en la que los dos actores tienen interés, voluntad e identidad común, justamente para edificar un diálogo fecundo. No obstante, la pieza que faltaba por negociar era lo medular, donde uno de los actores, el gobierno,  tenía que ceder en el aspecto político y en el ejercicio del poder.

  Por ello fue notorio que  en las negociaciones, los intereses se vieron con  frecuencia inflexible y sujeta a redefiniciones, de tal forma que la resolución de las diferencias de intereses dependió, en cierta medida, de cómo las partes se vieron a sí mismas y entre sí (Howard Ross, 1995), modificándose las percepciones antagónicas bastante arraigadas por la guerra, pero atenuadas por la voluntad política de encontrar una salida equitativa.

  Es de reconocerse que el gobierno guatemalteco tenía una presión nacional e internacional para resolver el conflicto. La agenda  de W. Clinton para atender los asuntos centroamericanos, tenía un pendiente, en corchete, sobre la guerra en Guatemala, y que aplazaba en el orden de prioridad, pero una vez desatados los acontecimientos en México, enero de 1994, con la irrupción del Ejército Zapatista, el corchete fue borrado y quedó en línea prioritaria la resolución del conflicto, más si tenemos en presente que el eje identitario entre URNG y Zapatistas es sociocultural.

  Otro factor que forzó al Presidente Arzú, fue la presión de los inversionistas extranjeros y organismos financieros, quienes pidieron una modernización económica acompañada de una reforma en las instituciones y en el gobierno, a fin de tener garantías para la inversión futura y el crecimiento de sus intereses, algo muy propio de los agentes financieros en la era de la globalización.

  En medio de esta operación pinza, se vio forzado a negociar, pero aprovechó esta contracorriente para legitimarse, alcanzar un grado de gobernabilidad inusitado y que la comunidad internacional volviera sus ojos a ese país centroamericano.

  La URNG no estaba exenta de presiones, desde la derrota electoral del FSLN, sintió el peso de la responsabilidad por negociar; sin embargo, con una habilidad política fue posponiendo y dilatando las rondas de negociaciones, de marzo de 1990 a diciembre de 1996, seis años que estuvo maniobrando para que el ambiente internacional no le fuese adverso, por la caída del muro de Berlín, el desencanto de la política, el desenfreno de la globalización y la depreciación del socialismo.

  Seis años actuando con un arma de doble filo, o una estrategia de dos caras, atacando militarmente, para reforzar su presencia de que estaba en guerra y, por otro, asistiendo a conversaciones para demostrar que estaba dispuesto a retornar a la disputa política. Así aguantó seis años. Mientras esto sucedía, El FSLN alcanzaba la pacificación en Nicaragua; El Salvador firmaba su Acuerdo de Paz y asumía la responsabilidad de desenvolverse en la vida política pública; sólo quedaban  pendientes el Ejército Zapatista y la URNG por negociar en firme.

  Un punto prioritario para la URNG, era vulnerar la concepción monolítica y unitaria del sistema jurídico guatemalteco, cuya racionalidad ostensiva (O. Correas, 1997) se ciñe a señalar su objeto de estudio, pero no lo define, de ahí que desconozca la realidad de un mundo heterogéneo, donde conviven diversos sistemas normativos de comunidades indígenas, de marginados y  grupos sociales inmersos en el mosaico de la nación centroamericana.

  Reconocer que un sistema jurídico unitario en una sociedad heterogénea, es excluyente y  productor de violencia, invita a asumir una posición frente a un estado de cosas inverosímiles que ameritan restablecerse, de ahí que la redefinición del Estado guatemalteco como unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilíngüe, en las reformas Constitucionales, abrió un espacio de reconocimiento a los pueblos Maya, Garífuna y Xinca.

  No es un mero reconocimiento literal, sino una aceptación  política y social con especificidades espirituales, identitarias, axiológicas, idiomáticas que sustentan la cultura nacional, por tanto con derechos para reproducirla, transmitirla y ser oficializada constitucionalmente.

  Sociológicamente, la URNG tuvo el talento de reconocer que la guerra había debilitado la confianza de los indígenas con respecto al gobierno y  la única forma, en ese momento, de recuperarla, era a través del descubrimiento de nuevos espacios alternativos, donde el indio pudiese recrearse en  los entornos de la vida nacional y obtener así un reconocimiento y respeto de su estatus.

  El reconocimiento no iba ser  mecánicamente aceptado, pero le brindaba la posibilidad al indio de controlar el miedo  racionalizando la incertidumbre.

   ¿De qué modo adquiriría esa racionalización? Llenado de contenido político y cultural el espacio recién creado, asumiendo el riesgo de tomar decisiones ante las nuevas exigencias que se desatarían en el futuro cercano y reconociendo que el riesgo es la  limitación de la visibilidad política pero no la destrucción de su identidad, ni de su espacio privativo.

  Moverse en ese espacio recién estructurado, no iba ser fácil para el indio, más si reconocemos que la habilitación de la Constitución con las nuevas reformas, reproducía las diferencias, pero reafirmaba las identidades, por ello el indígena se abrigó en dos campos para poder crecer en las nuevas relaciones sociales, uno de ellos fue la memoria histórica, que lo faculta para pensar y actuar con pertenencia; y lo otro, su memoria política para meditar y intervenir con responsabilidad frente a lo que pasó en la sociedad y lo que está por suceder.

  Es claro para el indio que el entorno es adverso para su proyección, que las fuerzas de la libre competencia, la saturación de imágenes, la racionalidad del mercado quebrantan su memoria (histórica y política) y  lo empujan hacia la negación de su pasado, a perder su capacidad de pertenecer a algo, a no verse insertado en la sociedad  y  a  extraviar la clave de acceso al futuro hasta descender al excelso individualismo.

  Pero no todo es nebuloso, también hay nuevas apropiaciones y una recuperación de espacios que  revaloran las identidades locales, religiosas, étnicas y grupales; que amplían el horizonte para el inicio de un nuevo diálogo que involucra y posibilita una nueva pertenencia  con la nación y abre el camino a la democracia ampliada, que permitiría al indio recuperar sus derechos diferenciados en función del grupo, destacando la autonomía territorial, representación garantizada, derechos de autogobierno, etc., que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades étnicas. (W. Kymlicka, 1996)

  Otro aspecto básico de la negociación, es lo que compete al ejército, cuya modificación apunta a reformular la concepción y percepción misma de los órganos e instituciones del Estado, con miras al fortalecimiento de la democracia, en armonía con tendencias constitucionales modernas.

  Se le asigna un rol a las Fuerzas Armadas de permanente  servicio al Estado, pero con la particularidad de ente apolítico, obediente y no deliberante; también una función de defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. En lo que concierne a los tribunales militares, ningún civil podrá ser juzgado por las instancias jurídicas del ejército.

  Se observa que a partir del cese el fuego, momento en que se suspende todas las acciones insurgentes por  parte de las unidades de la URNG  y contrainsurgente   del Ejército de Guatemala, ésta institución castrense deja de ser el promotor de la guerra, abandona su autonomía en los desplazamientos militares, reduce en un 33% sus efectivos  y se acoge a los poderes del Ejecutivo a partir de 1997.

  A la policía nacional, se le inhabilita su capacidad represiva y se le regulará  por medio de una  nueva Ley de Orden Público, bajo la potestad del Ministerio de Gobernación (interior), la cual introduce el cambio de hacer presente el carácter multiétnico y pluricultural de Guatemala en el reclutamiento, selección, capacitación y despliegue del personal policial; además, dirigiendo los esfuerzos  a la profesionalización de una Policía Nacional Civil que en 1999 contará con 20 mil efectivos en todo el territorio guatemalteco y controlando a las empresas privadas de seguridad,  que en el pasado reciente asumieron el rol de organismos paramilitares.

  Los avances más significativos, en la letra, son los que abordan los nudos conflictivos de la participación y la decisión comunitaria, ya que por muchos años, la autoridad se impuso verticalmente, desoyendo las voces de reclamo que los distintos grupos étnicos y sociales, con base en sus sistemas normativos tradicionales, exigían para que se les tuviese en cuenta a la hora de tomar una decisión pública que los involucrara en beneficios o perjuicios sociales.

  Se acordó introducir en el cuerpo de reformas, la responsabilidad del Estado por capacitar a las organizaciones locales para que puedan participar efectivamente en la resolución de sus necesidades y sugieran al C. Presidente de la República, los candidatos a ocupar el cargo de Gobernador, a través de los Consejos Departamentales de Desarrollos, (CDD) instancias no gubernamentales que  actuarían como espacios deliberativos de las distintas regiones del país.

  Se busca con los CDD, urbano y rural, la oportunidad de regionalizar los servicios de salud, de educación y de cultura de los pueblos indígenas, asegurando su participación en la identificación de sus necesidades, el diseño del programa y la supervisión en la aplicación de los recursos técnicos y financieros.

  Se activa un poder decisional que se encontraba latente y posibilita a los indios que,  en su nuevo rol de actor comunitario, llene de contenido político y cultural  los espacios recién acordado en el documento de pacificación, los cuales más tardes tendrán que  acoplarse en el cuerpo de la Constitución Nacional de Guatemala.

  En esta ola de reforma pro-pacificación, la URNG introdujo el derecho y reconocimiento de la mujer en la escala actoral,  aprovechando  los avances democráticos que se aprecian en América Latina, el destacado papel que ha desempeñado Rigoberta Menchú Tum y en la necesidad de examinar el contenido de la  "ciudadanía diferente" por la que ha luchado la mujer, porque últimamente se ha perdido esta reivindicación en el manto de la identidad ciudadana, por tanto la identidad plural que debe prevalecer en la sociedad, se centró en los derechos ciudadanos, sin distingo de género.

  Reconoce, el acuerdo, la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en la producción y en la vida social y política y garantizarle las mismas posibilidades que al hombre, en particular para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y  medios productivos y tecnológicos, eliminando en todo el reglamentarismo jurídico vigentes,  las formas discriminatorias que se señalan en contra de la mujer y promoviendo la participación de ellas en  la ejecución y control de los  planes y políticas gubernamentales.

  Queda, la mujer, en  mejor posición para luchar, para ampliar los espacios y reestructurar las nuevas demandas que mitiguen la vulnerabilidad de sus asociaciones, subjetividades y nueva sociabilidad que vienen forjando en su quehacer cotidiano. La URNG no pudo  hacer más por  las mujeres para ubicarla en mejor posición política, pero sí le abrió el sendero  para que se le reconocieran reivindicaciones legendarias y para desactivarle los nudos conflictivos que tenían con los hombres, dejándolas en una plano espacial favorable para reorganizar sus luchas futuras.

  Estos son los puntos menudos que se encuentran en el Acuerdo por la Paz, aunque lo que mayormente se destaca es la responsabilidad del Gobierno para promover, ante el Congreso,  un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional para impulsar y recrear una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine todo revanchismo o venganza, y que preserve los derechos de las víctimas. Algunas De esto acuerdos  algunos se han cumplido a medias otros han quedado en el cajón del olvido, pero la insistencia de la sociedad civil organizada está manifiesta y latente para que la paz llegue a los objetivos primigenios, falta mucho camino que recorrer, más si nos situamos en la perspectiva de que la paz debe aproximarse a la justicia social, la asignatura pendiente en Guatemala.

   

NOTAS

  1/ Los militares involucrados en esta red asociativa para ejercer el poder, son los que tienen el rango de general y mayor; la clase política, son aquellos que han edificado su liderazgo a través de prebendas, corrupción y corporativismo en los partidos políticos; la tecnoburocracia, son funcionarios de carrera en la burocracia estatal y personal administrativo y técnico de empresas corporativas extranjeras o nacionales.

 

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(*) Robinson Salazar Pérez es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Es Investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), México y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Políticas, bajo convenio CIDHEM/UAS 1999-2003. Articulista de revistas científicas entre las que destacan "Espiral de la Universidad" de Guadalajara, México, "Reflexión política de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, y de las revistas electrónicas "Theorethikos", "Societatis", "Mar y Arena". También coordina la Red de Investigadores por la democracia Es coordinador de los libros Sujetos y alternativas contra hegemónicas en el espacio andino amazónico, Comportamiento de la sociedad civil latinoamericana, y Conflicto y violencia en la postmodernidad latinoamericana (en proceso).

http://www.librosenred.com/insumisoslatinoamericanos.asp