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El déficit social

VICENÇ NAVARRO

(Publicado en El País, 13/2/2001)

Sinopsis:

  El prestigioso Catedrático Vincenç Navarro va desgranando algunos datos estadísticos que demuestran que el desarrollo económico español no se ha visto reflejado en la sociedad.

 

  En un editorial reciente, se celebraba la entrada al nuevo milenio señalando que España estaba hoy entre los países de mayor bienestar económico y social del mundo. Escribía que España "se encuentra entre los países de más baja mortalidad infantil, el tercero en cuanto a la esperanza de vida, la octava nación en PIB y el número decimocuarto en la riqueza mejor repartida" (31 de diciembre de 2000). Este párrafo representa una percepción complaciente del Estado de la nación que creo cuestionable. El lector me permitirá que aporte datos que contradicen esta sensación de bienestar del país.

  Y comenzaré por la citada mortalidad infantil. Según la Agencia de Información de Estadísticas de la Comisión Europea (Key Data on Health 2000. Eurostat), España tiene en realidad una de las mortalidades infantiles más altas de la Unión Europea. Tras descender de una manera muy espectacular durante la década de los años ochenta y principios de los años noventa (pasando de 12,3 infantes muertos por cada mil nacidos vivos en 1980 a 5,5 en 1995), la tasa de mortalidad infantil no sólo ha dejado de descender desde el año 1995, sino que incluso ha aumentado de 5,5 en 1995 a 5,7 en 1998, último año en que Eurostat ha publicado datos comparativos para todos los países miembros de la UE.

  Mientras esta situación ha ido ocurriendo en nuestro país, la mortalidad infantil de la mayoría de los países de la UE ha continuado descendiendo de manera que hoy España es uno de los países que tienen la mortalidad infantil más elevada de la UE. No parece justificado, por lo tanto, el optimismo del editorial de EL PAÍS. Una situación semejante ocurre con la esperanza de vida que, aunque elevada, está sufriendo una de las tasas de crecimiento más bajas de la UE, lo cual debiera ser motivo de preocupación. Referente a la distribución de la riqueza y de la renta, los estudios más rigurosos que se han realizado por el grupo de investigación sobre desigualdades sociales en los países desarrollados más respetado hoy en el mundo, el Luxembourg Income Study Group, muestran que España es uno de los países que tienen mayores desigualdades de riqueza y de renta en la UE y en la OCDE.

  Sí que es cierta, en cambio, la observación del editorial de EL PAÍS que indica que España es la octava nación del mundo en PIB, reflejando un avanzado desarrollo económico que no es correspondido, sin embargo, con un alto desarrollo social. De nuevo, los datos hablan por sí mismos. España es uno de los países de la UE que se gasta menos fondos públicos en temas sociales. En total, el gasto social en España es sólo un 20,6% del PIB (el promedio de la UE es un 27%), porcentaje que ha ido disminuyendo desde 1993, cuando era un 24%. Este descenso del porcentaje del PIB que se dedica al Estado de bienestar ha sido consecuencia de un mayor crecimiento económico, con un crecimiento más rápido del PIB, y también de un descenso de la tasa de paro, con lo cual ha habido una disminución del seguro público de desempleo.

  Sin embargo, desde 1993, los gobiernos españoles no aprovecharon estas dos coyunturas favorables para aumentar el gasto social en España a fin de converger con el promedio del gasto público social en la UE. En su lugar, tales gobiernos permitieron que el gasto social (como porcentaje del PIB) fuera disminuyendo, disminución que ha sido particularmente acentuada en los últimos años de la década de los años noventa. Así, el gasto social público per cápita de España pasó de ser tres veces menor en 1998 que el gasto social per cápita de los países con mayor sensibilidad social en la UE, Suecia, Noruega y Holanda, a casi cuatro veces menor en 1999, ¡y ello sólo en un año! En lugar de converger socialmente con la UE, los gobiernos españoles han transferido estos fondos (que hubieran podido ayudarnos a cubrir los enormes déficit sociales que tenemos en nuestro país) para cubrir el déficit presupuestario público español, objetivo primordial del Gobierno actual. La eliminación del déficit se ha hecho, así, a costa de aumentar el ya considerable déficit social, el cual aparece en todas las dimensiones de nuestro Estado de bienestar. Veamos.

  Comencemos por sanidad, donde el gasto público sanitario, 5,8% del PIB, es mucho menor que el promedio de la UE, 7,4%. En realidad, este déficit es incluso mayor, puesto que, resultado del enorme poder de la industria farmacéutica, España es uno de los países de la UE que se gastan un porcentaje mayor del gasto sanitario público en farmacia (el 20%). Si sustraemos este 20%, resulta que el gasto sanitario no farmacéutico en España es 4,6% del PIB, el más bajo de la UE (junto con Grecia).

  Esta escasez de recursos es una de las causas más importantes de algunos de los problemas sanitarios más preocupantes que tenemos en España, y que incluye desde largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas de vida o muerte (de las más largas de la UE) al escaso tiempo de visita en atención primaria (de los más cortos de la UE), resultado del excesivo número de pacientes asignados a cada médico. España es, por cierto, uno de los países que tienen un porcentaje mayor de personas que se quejan del escaso tiempo de visita en atención primaria (78%, comparado con un 52% como promedio en la UE).

  La dimensión sanitaria que goza de menos recursos, sin embargo, es la de salud pública, la parte menos desarrollada de nuestro sistema sanitario. Como consecuencia, España es uno de los países con mayor porcentaje de casos de SIDA, de adicción a las drogas, de tuberculosis, de enfermedades venéreas y de legionella, entre otras enfermedades infecciosas. La falta de recursos financieros se acompaña frecuentemente con una laxitud por parte del Estado hacia sus responsabilidades normativas y sancionadoras, lo cual explica no sólo la elevadísima fatalidad laboral y de accidentes de tráfico (de las más altas de la UE), sino también la falta de regulación y control del agua, aire y alimento, que es bien conocida en la colectividad salubrista internacional, que no comparte la visión complaciente del establishment español. Ello explica que la Comisión de Expertos de la Comisión Europea en el tema de las vacas locas advirtiera que España y Portugal eran dos de los países con mayores riesgos de epidemia de tal enfermedad.

  Otra dimensión del Estado de bienestar español que se caracteriza por su pobreza de recursos es la educación. El gasto educativo público es también uno de los más bajos de la UE. En educación secundaria, por ejemplo, el gasto público es sólo el 40% del promedio de la UE, siendo uno de los países con mayor fracaso escolar. El gasto en formación profesional y en universidades es también de los más bajos de la UE. Ibídem en cuanto a pensiones, donde nos gastamos el 8% del PIB, comparado con el promedio de la UE, 11%.

  Ahora bien, donde las insuficiencias del Estado de bienestar son más dramáticas es en los servicios de ayuda a las familias (tales como servicios domiciliarios a las personas ancianas y con discapacidades y escuelas para infantes), y ello ocurre en un país que retóricamente se refiere a las familias como el centro de la sociedad. Los datos, de nuevo, no confirman esta centralidad. Sólo el 1,4% de los ancianos españoles está asistido por algún tipo de servicio domiciliario, comparados con 7% en Francia, 8% en Holanda y 9% en el Reino Unido.

  En países de mayor sensibilidad social, los porcentajes son incluso mucho más altos: Suecia, 30%; Dinamarca, 20%, y Finlandia, 24%. Un retraso semejante ocurre en cuanto a infantes atendidos por escuelas públicas de infancia. Sólo el 2% de infantes en España están cubiertos por escuelas públicas de infancia, comparados con 30% en Bélgica, 23% en Francia, 21% en Finlandia, 48,2% en Dinamarca y 33% en Suecia. Una situación semejante de deficiencias aparece en las prestaciones familiares.

  Espero que el lector no haya quedado abrumado con tanto dato. Pero, como diría mi maestro Gunnar Myrdal, estos datos son los indicadores de una realidad de penas y sufrimientos que afecta a millones de personas con nombres y apellidos, y que quedan afectados negativamente en su cotidianidad por este enorme déficit social, de los más acentuados en la UE. Gran número de lectoras de este artículo sabe mejor que nadie la enorme sobrecarga que padecen las mujeres en España debido al subdesarrollo, por ejemplo, de los servicios de ayuda a las familias. Y los datos lo demuestran. Las mujeres españolas de 35 a 55 años tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que el promedio nacional.

  ¿Por qué este subdesarrollo del sector público social en nuestro país? Ello se debe, en parte, a la polarización social existente en España, lo cual explica que este déficit -que afecta en gran manera a las capas populares- repercuta en menor medida en el 20% de la población de renta superior, que incluye los sectores más influyentes del país, que utilizan, por ejemplo, la sanidad y educación privadas con mucha más frecuencia que las clases populares, siendo ello una de las válvulas de escape del sistema. Tal polarización social, sin embargo, no es ni eficiente ni tampoco beneficiosa para los que creen que al utilizar los servicios privados se aíslan del resto de la sociedad, resolviendo su problemática particular. En sanidad, por ejemplo, aun cuando el confort y la capacidad de elección de la sanidad privada es, en general, mejor que en la pública, su infraestructura científica y técnica es peor.

  Lo mismo ocurre en cuanto a la enseñanza privada. Los países que tienen mejores escuelas privadas son aquellos que tienen mejores escuelas públicas. Y viceversa, los países que tienen peores escuelas privadas -como España- son los que tienen escuelas públicas con menos recursos, como es el caso en nuestro país. Para estar por encima de los demás no se necesita ser muy alto si la mayoría es muy baja. En realidad, lo que se necesita es un sistema sanitario y educativo único, para todas las clases y estamentos sociales, estableciendo un Estado de bienestar en el que las clases medias, además de la clase trabajadora y otros sectores populares, se encuentren cómodas. Este principio es también aplicable a los servicios de ayuda a la familia, a los que debieran tener acceso todas las familias, tanto las que viven en los barrios obreros como en los barrios de rentas medias y altas.

  Ahora bien, para realizar estos derechos se requiere un aumento muy considerable del gasto social, alcanzando el promedio de la UE, lo cual exige un aumento de los ingresos al Estado, bien sea por vía recaudatoria, bien sea por aumento del déficit. No puede proponerse -como hoy se está proponiendo en España- alcanzar un déficit cero, disminuir los impuestos, y a la vez resolver el enorme déficit social. De ahí que la frase y filosofía de bajar impuestos (junto con la nueva ley aprobada por el Gobierno español que exige alcanzar un déficit cero a todos los niveles de gobierno) entre en conflicto con la cobertura del enorme déficit social. El desarrollo de esta política de austeridad pública conlleva el compromiso de aportar fondos privados para subsanar el déficit social.

  Pero, ¿cómo alcanzaremos la convergencia de gasto social con la UE a base de cubrir el déficit social con el gasto privado? ¿Cubriremos, por ejemplo, el 60% que nos falta para alcanzar el gasto promedio público de la escuela secundaria en la UE con gasto privado? Tales propuestas ignoran la imposibilidad hoy en día de hacer una buena sanidad, una buena escuela, una buena universidad y unos buenos servicios de ayuda a la familia sin una financiación predominantemente pública. Incluso EE.UU., el punto de referencia más importante para el pensamiento neoliberal, gasta más públicamente en sanidad, escuelas y universidades, y en servicios domiciliarios, que España.

  Sólo en sanidad, por ejemplo, EE.UU. se gasta públicamente para atender a los ancianos el 7,4% del PIB, un porcentaje mucho mayor que el que España se gasta para toda la población, 5,8%. El gasto privado puede y debe complementar el gasto público, pero no puede sustituirlo. Hablar de mantener o reducir la ya muy escasa financiación pública (requiriendo, además, por ley que se alcance un déficit presupuestario cero, ley que ha sido rechazada incluso por el Congreso de EE.UU..), es condenar a España al déficit y polarización social que hoy la caracterizan.