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El déficit social II

VICENÇ NAVARRO

(Primera parte)

Sinopsis:

  El prestigioso Catedrático Vincenç Navarro va desgranando algunos datos estadísticos que demuestran que el desarrollo económico español no se ha visto reflejado en la sociedad.

 

EL MAYOR DÉFICIT SOCIAL: LA INEXISTENCIA DE SERVICIOS UNIVERSALES DE AYUDA A LAS FAMILIAS

  Ahora bien, donde las insuficiencias del Estado del Bienestar español son mayores es en los servicios de ayuda a la familia, que incluyen guarderías, servicios domiciliarios para personas de la tercera edad y personas con discapacidades y otros servicios para estos grupos vulnerables de nuestra población, tal como residencias o centros de día. En estos servicios, las deficiencias son enormes. Un dato muestra esta deficiencia con toda claridad. El porcentaje de población de la tercera edad (por encima de los 65 años) que tiene algún tipo de servicios domiciliarios es en nuestro país, España, sólo del 1,4%. En cambio, el porcentaje de personas de la tercera edad atendida por algún tipo de servicios domiciliarios en países de tradición socialdemócrata, como Suecia, Dinamarca y Finlandia, es del 30%, 20% y 24%, respectivamente. Ni más ni menos que diecisiete veces más. Incluso en los países del centro de Europa donde la socialdemocracia ha sido menos influyente, el porcentaje de gente de la tercera edad dependiente que recibe atención domiciliaria es mucho más alto que en España: en Francia es un 7%, en Holanda, un 8% y en el Reino Unido es de un 9% (Care of the Elderly. OCDE. 1998). Esta situación es preocupante.

Una situación igualmente deficitaria nos la encontramos en los servicios a la infancia.

Por ejemplo, sólo el 10% de infantes de 0 a 3 años están atendidos en guarderías de financiación pública, comparado con un 33% en Suecia, un 48% en Dinamarca, un 21% en Finlandia, un 23% en Francia y un 30% en Bélgica. Sólo Grecia (3%) e Irlanda (2%), tienen unos servicios de cobertura y financiación públicos tan bajos como nosotros (European Comission. Social Protection, 1997). Una situación parecida aparece cuando analizamos las prestaciones familiares públicas, en las que estamos de nuevo en la cola de la UE. Es sorprendente que, considerando estos datos, hablemos de la sociedad española como de sociedades muy profamiliar, en la que, en teoría, la familia es el centro de la sociedad. Estos datos no lo muestran así. A pesar del discurso retórico profamiliar, la realidad confirma que España no sitúa a la familia en el centro de su sociedad.

Las consecuencias de este déficit en los servicios de ayuda a la familia son enormes.

Y entendamos que cuando decimos familia queremos decir mujer. La mujer en España se encarga de proveer la gran mayoría de servicios a los ancianos, a los jóvenes, a los niños y a las personas con discapacidad, con muy pocos medios e infraestructuras que la ayuden. Además de este trabajo en casa, el 38% en España trabaja también en el mercado de trabajo.

Podemos ver que la mujer española está sobrecargada. No debería de ser así. En otros países de tradición laica y de tradición socialdemócrata, la mujer tiene una red que le permite compaginar el trabajo familiar con el profesional. Me explicaré. Cuando en 1962 hube de huir de España debido a mi participación en la lucha antifranquista, fui a Suecia, país socialdemócrata que ayudó mucho a las fuerzas democráticas españolas.

Allí conocí a la persona que ha sido mi compañera y esposa durante casi cuarenta años. Mi esposa es sueca y, por tanto, mi suegra también lo es. Hace diez años, cuando mi suegra tenía 86, se cayó y se rompió el fémur (una condición que pasa a menudo entre los ancianos) y pude comprobar cómo la sociedad sueca cuidaba de ella. Casi la misma semana, mi madre, de 94 años, que vivía en la Sagrera, un barrio obrero de Barcelona, se cayó y también se rompió el fémur, y pude ver como dos sociedades ­la sueca y la española­ cuidaban a los ancianos y ayudaban a sus familias. Bien, en Suecia, mi suegra tenía derecho, por ser sueca, de tener cinco visitas de los servicios domiciliarios al día. Una, por la mañana, la ayudaba a levantarse, la lavaba y le preparaba y le daba el desayuno; otra iba y le hacía la comida a mediodía; otra iba por la tarde para hacerle compañía y le llevaba libros; otra, por la noche, le preparaba la cena y la ayudaba a acostarse, y otra la llevaba al lavabo a las dos de la madrugada.

Cuando iba a comer con el Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales del gobierno sueco, al que conozco bien (yo viví en Suecia y me conocen bien en aquel país), me decía:
"Vicenç, estos servicios los financiamos y proveemos (en realidad los financian y gestionan los municipios con ayuda de los gobiernos central y autónomo) por tres razones. Una, porque son muy populares, otra, porque es más económico tener a tu suegra en su casa que en una institución, y en tercer lugar, porque creamos trabajo". En Suecia, como resultado de esta política de estimular la creación de puestos de trabajo, un 18% de la población adulta trabaja en los servicios del Estado del bienestar, sanidad, servicios de ayuda a las familias y en educación. Verá el lector que las razones que daba mi amigo Ministro eran razones lógicas, casi, diría yo, de sentido común.

Bien, veamos ahora quién cuidaba a mi madre. En Cataluña (y en cualquier otra comunidad autónoma de España) no existía ni tampoco existe ahora este tipo de servicios. Solamente la gente de renta alta puede tenerlos, valen un riñón y no ofrecen este tipo de servicios la calidad de los públicos de Suecia. Las personas que trabajan en estas empresas privadas de servicios domiciliarios son mayoritariamente latinoamericanas que están pésimamente pagadas y que no proveen los servicios que ofrecen los servicios domiciliarios suecos. Por regla general, sólo hacen compañía. No tienen ninguna formación profesional. Por otro lado, existen los servicios municipales que son de carácter asistencial y que se ocupan de personas de escasos recursos.

Incluso los servicios domiciliarios públicos de algunos de los municipios más progresistas de España, como son Barcelona o Sabadell, no proveen los tipos de servicios que proveen los servicios domiciliarios suecos que les comentaba antes. Y estos servicios municipales son asistenciales y no universales, es decir, que no se proveen a todas las familias como un derecho de ciudadanía.

¿Saben quién se ocupaba de mi madre? Mi hermana, que además era maestra. Mi hermana, de mi generación, representante de la mujer española, era la que cubría las grandes insuficiencias del Estado del Bienestar español. Y este es uno de los problemas más grandes de la sociedad española, del que la estructura de poder, tanto política como mediática, no es consciente. Este problema es enorme y tiene grandes consecuencias humanas y económicas. Entre las primeras es que las mujeres españolas están sobrecargadas. Según uno de los trabajos más detallados que se han hecho de las condiciones de salud y calidad de vida de los españoles que realizó una Comisión que tuve el privilegio de presidir, creada por el gobierno español en 1992, el grupo de población que sufre más enfermedades debidas al estrés es la mujer de 35 a 55 años (tres veces más que el siguiente grupo), lo que traduce la gran presión a la que la mujer está sometida. La mujer española pasa 44 horas a la semana (además de las horas que trabaja en el mercado laboral) cuidando de los miembros de la familia. No es de extrañar que el 51% de las mujeres que se ocupan de personas dependientes en nuestro país digan que están cansadas, un 32% digan que están deprimidas y un 30% crean que su salud se ha deteriorado desde que se han hecho cargo de la persona dependiente. Es más, a las mujeres que trabajan, el cuidado de personas dependientes les ha significado para un 64% una reducción del tiempo de ocio; para un 48% tener que dejar de ir de vacaciones; y un 40% ha tenido que dejar de frecuentar sus amistades. Y esta situación puede durar más de diez años (para un 28%), entre 6 y 10 años (para un 19%) y entre 3 y 5 años (para un 25%). Detrás de estas cifras hay un enorme sacrificio. Esta es la realidad ignorada por nuestro establishment político y mediático, la mayoría del cual es hombre y de clase media alta y alta.

MUJER, MERCADO LABORAL E INMIGRACIÓN Otra consecuencia de la sobrecarga de la mujer, en ausencia de los servicios de ayuda a la familia que le permiten compartir los trabajos familiares con los profesionales, es la baja tasa de ocupación de la mujer en España (38%). Sabemos que un 26% de amas de casa querrían trabajar en el mercado laboral pero no pueden debido a sus responsabilidades familiares, otro 12% ha tenido que dejar el trabajo debido a estas responsabilidades y otro 12% ha tenido que reducir la jornada laboral como resultado de aquellos trabajos familiares. Sabemos también que la mayoría de mujeres de 35 a 55 años estarían dispuestas a trabajar si las condiciones del mercado de trabajo (es decir, el tipo de trabajo) se lo facilitara y si tuviera ayuda en casa para hacerlo (IMSERSO-CIS. 1998).

Éste no es sólo un problema humano sino también económico. En realidad, parte de nuestra pobreza como país está basada en aquel porcentaje tan bajo de la población femenina que trabaja, que explica que el promedio de participación de la población adulta (sumando hombres y mujeres) sea tan solo un 49%, uno de los más bajos en la UE. Menos trabajadores quiere decir menos riqueza. Si en lugar de un 38% de mujeres trabajando hubiera un 57% (el promedio de la UE), habría tres millones más de trabajadores pagando impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. Si, además, sumásemos las personas que están en el paro y que quieren trabajar, añadiríamos unos dos millones más; en total, cinco millones de personas.

En España, y en contra de lo que se dice y se escribe, no falta gente para trabajar, tal como se argumenta para justificar una gran demanda de inmigrantes, demanda que quiere abaratar el precio del trabajo y mantener los puestos de trabajo mal pagados.

Ahora bien, es un error económico mantener estos puestos de trabajo mal pagados porque evitan que el empresario invierta en el puesto de trabajo para convertirlo en otro de más alta productividad y por tanto de salario más alto. La gran mayoría de trabajos mal pagados y de baja productividad se pueden cambiar a trabajos de mayor productividad y salarios más altos si se hace la inversión necesaria. El trabajo domiciliario, por ejemplo, que en España está hecho por inmigrantes mal pagadas sin ningún tipo de formación, se hace en Finlandia por personas que tienen formación universitaria y que ganan buenos sueldos. Y el trabajo de recogida de frutas y uva que se hace en el Panadès, en España, por inmigrantes, se hace por técnicos que utilizan equipos de productividad más alta en la región de Bourdeaux, en Francia.

Hemos de entender que salarios bajos son indicadores de ineficiencia económica. No es bueno para una economía que exista un mercado de trabajo con sectores amplios de salarios bajos de baja productividad. No se habría de permitir: o facilita que existieran dos tipos de trabajo, uno para los españoles y otro para los inmigrantes. Y tampoco se puede permitir que existan salarios bien pagados para los hombres y mal pagados para las mujeres. Lo que falta es una política de ocupación que ayude a la integración de los tres millones de mujeres que no trabajan y quisieran trabajar y de los dos millones de parados que están sin trabajo, buscándolo sin encontrarlo. Para conseguirlo hemos de facilitar la integración de la mujer y de los jóvenes en el mercado de trabajo, facilitando el desarrollo de los servicios de ayuda a las familias, los programas de formación profesional, la inversión en los puestos de trabajo para mejorar su productividad, y el diseño del tiempo de trabajo para facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo que faciliten la compaginación de los trabajos profesionales con la responsabilidad familiar. Estos son los retos de las fuerzas progresistas en este país. Estas intervenciones debieran ir acompañadas con un intento de facilitar la organización y sindicalización de los trabajadores nativos e inmigrantes para exigir mayores salarios, forzando un aumento de su productividad y salario, evitando que el racismo divida a la clase trabajadora debilitándola. A nivel estatal es también fundamental aumentar el salario mínimo, uno de los más bajos de la UE.