Integrismo y crisis política en Marruecos

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CARLOS RUIZ MIGUEL (*)

 

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Los brutales atentados de Casablanca sólo son una sorpresa relativa. A pocas personas avisadas les debe coger desprevenidas que haya violencia islamista en Marruecos. Ya en los años sesenta encontramos en Marruecos el primer movimiento integrista del Magreb y en los setenta islamistas radicales asesinaron y protagonizaron actuaciones violentas contra marroquíes “laicos”. Más tarde, en 1994, islamistas marroquíes asesinaron a dos turistas españoles. Parece conveniente intentar desentrañar esa “nebulosa islamista” que constituye el caldo de cultivo de estos movimientos.

El integrismo marroquí, un fenómeno complejo


El fenómeno integrista apareció en Marruecos ya a fines de los años sesenta, creado por el sistema. Su papel, en aquel momento, era contrarrestar la influencia que la izquierda democrática estaba tomando. Eran los años del auge de la figura de Ben Barka, quien pretendía terminar con el sistema feudal estableciendo un Estado moderno. La amenaza al sistema se conjuró por dos vías. Por un lado, Ben Barka fue asesinado en París por los servicios secretos marroquíes; por otro, el sistema utilizó al Islam a través de mezquitas y autorizando la creación de la Shabiba Al-Islamiya (Juventud islámica), movimiento inspirado en los “Hermanos musulmanes”, liderado por Adelkrim Muti y primera organización de carácter integrista en el Magreb, nacida en 1969. Este grupo, legalizado en 1972, se dio a conocer con el asesinato del líder izquierdista Omar Benjelún en 1975. La inesperada expansión del movimiento provocó la consiguiente represión y persecución.

Dejando aparte estos antecedentes, se puede decir que actualmente el integrismo marroquí se agrupa en torno a tres polos: “Justicia y Caridad”, el “islamismo oficial” y el “islamismo radical”.

 El movimiento integrista posiblemente más importante de Marruecos es “Justicia y Caridad” (Al Adl ua al Ihsan), organización fundada en 1983 (aunque ese nombre lo tiene desde 1987) por Abdesalam Yasín, cuyo liderazgo parece que va a ser heredado por su hija Nadia. El fundador del movimiento, Abdesalam Yasín, se hizo famoso al dirigir en 1974 a Hassán II una conocida carta, “El Islam o el diluvio”, en la que denunciaba la corrupción del Majzén y la “occidentalización” del régimen y conminaba al difunto rey a arrepentirse de sus pecados y volver a la vía del Islam. La carta, dirigida “de tú a tú” al sultán al que los súbditos deben besar las manos, causó conmoción. Por eso, el autor, Yasín, no fue “encarcelado” por su osadía sino, simplemente, encerrado en un manicomio. Tras ser puesto en libertad, continuó sus invectivas contra Hassán, quien le puso bajo arresto domiciliario (sin juicio alguno) en noviembre de 1989 por no reconocer la autoridad espiritual del monarca. En esa situación permaneció hasta que fue liberado en 2000 por Mohamed VI.

Desde los años ochenta, “Justicia y Caridad”, movimiento socio-político radical, pero relativamente pacífico, fue aumentando sus apoyos de modo espectacular. No podía extrañar este auge del islamismo en Marruecos, pues allí se daba el caldo de cultivo perfecto para el integrismo: injusticias sociales gravísimas (de las que el fenómeno de las pateras sólo es la parte visible del iceberg) y tremenda corrupción económica y moral del Majzén, esto es, la elite (política, social y económica) y sus redes clientelares. En este escenario, la pretensión de Hassán II de obligar a elegir entre “yo o el integrismo” resultaba viciada por la sencilla razón de que la corrupción del Majzén y la miseria social provocada eran el principal alimento del integrismo. “Justicia y Caridad” ha reclutado a sus seguidores, fundamentalmente, pero no de forma exclusiva, en dos ámbitos: los barrios bajos y la Universidad. En los barrios bajos y entre los (cada vez más numerosos) pobres, “Justicia y Caridad” se limita a ocupar el terreno que el sistema marroquí ha dejado abandonado. El Majzén, en lugar de intentar crear un “Estado social” en Marruecos ocupándose de las necesidades básicas de la población (sanidad, educación, vejez), se ha limitado a acopiar dinero y bienes: el reducido grupo de familias de la cúpula del Majzén cada vez es más rico, pero el pueblo cada vez es más pobre. El resultado es que lo que el Majzén se niega a hacer, lo hace “Justicia y Caridad”. Esta organización trata de difundir los principios islámicos al mismo tiempo que se dedica a proporcionar esas mismas necesidades básicas que el Majzén rehúsa dispensar. Y en un país con una quinta parte de la población (oficialmente) por debajo del umbral de la pobreza, eso significa una cantera integrista muy importante. Por su parte, en la Universidad, el movimiento de Yasín se gana fácilmente la voluntad de los jóvenes al denunciar a un sistema que de modo prácticamente inexorable les llevará al paro tras licenciarse.

Para hacer frente al islamismo liderado por Yasín, cuyo principal eje político era el cuestionamiento del sistema de dominación del Majzén y, en especial, de la monarquía y de la autoridad religiosa del rey, Hassán II utilizó varias tácticas que iban desde la persecución implacable de sus seguidores, hasta otras más sutiles que se resumían en el viejo adagio “divide y vencerás”. ¿Cuáles fueron éstas? Pues fundamentalmente dos: por un lado, alentar un movimiento islamista “oficial” (centralizado en el Ministerio de Asuntos Religiosos y en el Partido de la Justicia y el Desarrollo); por otro, dejar que Arabia Saudí financiara la propaganda en Marruecos del wahabismo (corriente que nunca había tenido eco allí) para detraer seguidores al tipo de Islam preconizado por el jeque Yasín.

En primer lugar, por tanto, se trató de construir un “islamismo oficial” que pudiera defender las posiciones sociales del integrismo sin poner en duda a la monarquía y al sistema del Majzén, tal y como ha confesado recientemente el propio Driss Basri, uno de los arquitectos de esa estrategia. Este islamismo “oficial” emanaba de varios centros, fundamentalmente el Ministerio de los Habús y los Asuntos Islámicos y el Partido Justicia y Desarrollo.

Aunque resulte sorprendente, el propio Majzén ha sido uno de los impulsores del integrismo en Marruecos, y más en concreto, el Ministerio de los Habús y los Asuntos Islámicos, que es uno de los ministerios reservados “en exclusiva” al rey y cuyo titular ha sido hasta fechas recientes Abdelkadir M'Dagri Alaui. M’Dagri Alaui (pariente del monarca) fue el propulsor de la política de la “esfera de integración”, según la cual, dado que la ola islamista será inevitable y durará varios decenios, el Estado no debe oponerse a ella, sino integrar progresivamente los movimientos fundamentalistas. Como consecuencia, era preciso reservar a los mismos una “esfera de integración”, una puerta abierta. La paradoja ha sido que uno de los principales beneficiarios de esa política de la “esfera de integración” ha sido “Justicia y Caridad”. De acuerdo con la política patrocinada por M’Dagri, la asociación de Yasín no es legal, pero tampoco ilegal: es un movimiento “tolerado”. Y lo mismo ocurre con otros 25 movimientos integristas. Como “tolerados”, celebran reuniones públicas, difunden comunicados y aparecen (muy frecuentemente, por cierto) en la televisión oficial. Además, ha sido en esta época cuando han proliferado las mezquitas “incontroladas” en los barrios más miserables de los suburbios marroquíes. En efecto, se ha acusado a M’Dagri Alaui de preocuparse únicamente por las mezquitas “rentables” por sus “habús” (una especie de fundación
pía islámica). Este fracaso llevó a que M’Dagri fuera sustituido por Ahmed Taufkir en la última remodelación gubernamental.

En segundo lugar, el islamismo político se irradia en Marruecos desde un partido político legal, el Partido “Justicia y Desarrollo” (Al Adl ua al Tanmia), presidido por un hombre cercano al Majzén, Abdelkrim Al Jatib, pero con una corriente interna “dura” liderada por Abdelilá Benkirán (que, a su vez, ya en 1977, había fundado una asociación islamista con el expresivo nombre de Yamaa Al-Islamiya). El Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) nació en la época de Hassán II con el objetivo de controlar políticamente a los sectores integristas. Su origen está en la asociación “Reforma y Renovación” (al Islah Wa Atajdid) que en 1996 fue autorizada por el difunto Hassán II a tomar el control de uno de los partidos del sistema, el “Movimiento popular constitucional y democrático” (MPCD) que estaba en situación precaria. Este partido fue rebautizado como “Partido de la Justicia y del Desarrollo”. Se pretendía que el mismo hiciera una oferta “socio-político-cultural-religiosa” similar a la de “Justicia y Caridad” (tiene como objetivo político la progresiva implantación de la sharia y el rechazo de los valores occidentales), pero con una diferencia esencial: mientras “Justicia y Caridad” niega la autoridad del sultán y al no estar legalizada no puede (ni, en principio, quiere) presentarse a las elecciones, “Justicia y Desarrollo” sí que reconoce esa autoridad y se ha presentado a los comicios. El problema es que, si bien “Justicia y Desarrollo” no pone en duda la figura de Mohamed VI (así, por ejemplo, participó en la ceremonia ecuménica de la catedral de Rabat del 16 de septiembre), dentro del partido existe un núcleo “duro” en torno al “Movimiento de la Unicidad y la Reforma” (MUR) que defiende una política islamista “de máximos”, tanto desde el Parlamento, como desde su principal publicación, el diario Attajdid y los demás instrumentos de intervención pública a su disposición. Desde que los integristas liderados por Jatib tomaron el control del “Movimiento popular constitucional y democrático” (MPCD) para convertirlo en el Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD), la corriente integrista “dura” del “Movimiento de la Unicidad y la Reforma” (MUR), liderada por Benkirán y Ahmed Raisuni, ha venido actuando como tal grupo. Precisamente para poner freno al extremismo del MUR, que ha actuado a menudo fuera de la disciplina del partido, se acaba de crear en el seno del PJD otra corriente mucho más cercana al Majzén, el movimiento “Vigilancia y Virtud” (MVV) patrocinada por Jatib.

Para hacer frente a “Justicia y Caridad”, el Majzén no sólo ha impulsado un “islamismo oficial”, sino que ha dejado que creciera un islamismo radical. Este islamismo se ha construido fundamentalmente en torno a tres grupos. El primero es “Separación y excomunión” (Al Hijra Ua Takfir), liderado por Yusef Fikri, que ha cometido varios asesinatos de personas transgresoras de la sharia (por consumo de alcohol, por ejemplo) y que tiene seguidores en la periferia de las grandes urbes, incluida Casablanca. El segundo es el grupo “Camino recto” (Assirat Al Mustakim) que es una escisión del grupo anterior, pero aún más radical, formado en la “escuela afgana” y que ha cometido en Casablanca varios asesinatos, inducidos algunos de ellos por su líder, Zakaria Miludi. En tercer lugar, encontramos otro grupo formado con “afganos” que es la Salafiyia Yihadihia. Uno de los líderes de este movimiento, Mohamed Fizazi, que apoya expresamente a Bin Laden, publicó en 1993 una “Carta al guía de Justicia y Caridad” en la que le acusaba de tibieza.

Todos estos grupos radicales se alimentan de la ideología wahabista que circula libre y generosamente por Marruecos, aunque sea extraña a la tradición islámica del país. Nos podríamos preguntar por qué Marruecos ha permitido la circulación de toda esta literatura wahabita y de sus misioneros generosamente financiados por los saudíes. Se podrían apuntar varias razones. En primer lugar, porque los islamistas wahabitas segaban la hierba bajo los pies a los islamistas de Yasín a quienes desacreditaban, precisamente, por su (relativo) pacifismo. Conseguía así Hassán II dividir aún más el islamismo. En segundo lugar, porque además de lo anterior, Hassán II tenía importantes deudas con los saudíes. Fueron los saudíes quienes apoyaron políticamente a Marruecos en el mundo árabe en el conflicto del Sahara (la RASD no fue reconocida como Estado miembro de la Liga Árabe), convirtiendo en parias a los saharauis (que no tenían la suerte de los palestinos de tener por enemigo a un país no árabe y tenían la desgracia de enfrentarse a un jefe de Estado emparentado lejanamente con la familia real saudí). Además, los saudíes financiaron buena parte de la guerra de Marruecos contra los saharauis, incluyendo la construcción de los muros defensivos en el desierto.
 

Los fundamentos de la deseada estabilidad política interior

Hasta ahora, el discurso oficial marroquí consideraba que la figura del rey constituía el pilar básico de la estabilidad política interior del país. La razón principal de ese carácter básico radicaba en el hecho de que el monarca, además de “jefe del Estado” ostenta el título de “príncipe de los creyentes” (emir al munimim) que la Constitución marroquí de 1996 le confiere en su artículo 19. Sin embargo, este fundamento está siendo minado desde tres posiciones.

En primer lugar, el jeque Abdesalam Yasín, líder de “Justicia y Caridad” ha negado radicalmente al sultán marroquí el título de “príncipe de los creyentes”. Yasín incluso llegó a considerar a Hassán como un “pecador” y ha advertido a su hijo de que las riquezas que ha heredado son ilegítimas. Si tenemos en cuenta que, posiblemente, “Justicia y Caridad” es el movimiento mayoritario entre la población marroquí constataremos que ese fundamento de la estabilidad política marroquí queda muy debilitado. Tradicionalmente, “Justicia y Caridad” se ha negado a participar en las elecciones, por lo que es difícil cuantificar su apoyo social. Para ello, por un lado, se ha atendido a la capacidad de movilización mostrada con varias iniciativas (manifestaciones, campañas de acoso a turistas en las playas) y, por otro, al índice de abstención (postura preconizada por Yasín) en los procesos electorales. La abstención, estimada oficialmente en un 45% es, sin duda, superior (posiblemente del 60-65%). Esta “pasividad” de “Justicia y Caridad” ha sido utilizada por los movimientos integristas radicales para acusar a la asociación de Yasín de “inútil actitud de espera”. Sin embargo, el movimiento de Yasín acaba de dar un paso importante al “tomar” la dirección del sindicato, hasta ahora controlado por el partido socialista.

En segundo lugar, la discusión sobre la reforma del vigente código de estatuto personal (la Mudawana). Al acceder al trono, Mohamed VI convirtió la reforma de la Mudawana en una bandera de su política de “modernización”. La reforma de la Mudawana, que consagra las más humillantes discriminaciones contra la mujer (poligamia, repudio, privación de la patria potestad y de la capacidad de obrar, etc.) constituye una piedra de toque para verificar si efectivamente hay una modernización del sistema y, de paso, calibrar la relación de fuerzas entre “modernizadores” y “conservadores”. Esta reforma, prometida por el rey y que fue asumida por el partido socialista (laico) del primer ministro Yusufi, hasta ahora ha sido bloqueada, precisamente, por el ministro de Asuntos Islámicos... ¡uno de los ministros “de soberanía” del rey (nombrado y destituido por él)! La reforma ha quedado en un punto muerto (como muchas otras reformas prometidas al inicio del reinado de Mohamed VI) sin que haya servido de nada el cambio de M’Dagri Alaui por Taufkir en el Ministerio de Asuntos Religiosos y el de Driss Dahak por Mohamed Bucetta en la presidencia de la comisión de reforma de la Mudawana. En este momento, la reforma está siendo bloqueada por el MUR, el ala “dura” del propio partido islamista “oficial” (el PJD). Este bloqueo del Movimiento para la Unicidad y la Reforma además, inesperadamente, ha abierto la puerta a un nuevo cuestionamiento de la figura del rey por los integristas. Ante la irreducible oposición de concepciones frente al estatuto de la mujer, Ahmed Raisuni, importante miembro del MUR que forma parte de la comisión, ha propuesto que tanto “modernistas” como “conservadores” propongan cada uno su propio modelo de mudawana y que la cuestión se someta a referéndum. Esta propuesta constituye una carga de profundidad contra la monarquía, pues implica la sustitución del principio del arbitraje regio por el del arbitraje popular. La cuestión es tanto más importante cuanto que opera sobre una materia de claro contenido religioso.

A ello debe sumarse, en tercer lugar, que la ideología wahabita, igual que ocurre en Arabia Saudí, deja abierta la puerta a que la figura del “príncipe de los creyentes” pueda ser ostentada por cualquier clérigo. El ejemplo lo hemos visto en el Afganistán de los talibán, donde el mulá Omar se atribuyó ese mismo título.

El auge del islamismo se ha puesto de manifiesto en las últimas elecciones, celebradas en 2002. Precisamente porque se auguraba un aumento de apoyo popular al único partido islamista que concurría a las elecciones, el Partido de la Justicia y Desarrollo, su dirección “oficialista”, llegó a un pacto con el gobierno (confesado públicamente) para presentar candidaturas en la mitad de los distritos únicamente. Se trataba de no “dañar” la imagen exterior del país con un triunfo islamista que se consideraba seguro si el PJD se presentaba en todas las circunscripciones. A pesar de estas prevenciones, el aumento de votos islamistas fue incluso mayor de lo esperado y se produjo un sorprendente “apagón” en la producción de los resultados. De hecho, ni siquiera hoy se conocen todas las cifras exactas del escrutinio. Parece verosímil que el reparto de escaños fuera fabricado en detrimento de los islamistas, pero aun así, el PJD ha quedado, oficialmente, como tercer partido a pesar de presentarse sólo en la mitad de las circunscripciones.

La situación en este momento se ha degradado de tal modo que lo que aparecía en el discurso oficial como garantía de estabilidad (el título de “príncipe de los creyentes” atribuido al rey) puede convertirse en una fuente de inestabilidad. A este respecto podría resultar aleccionadora la historia de las monarquías europeas, que pudieron pervivir al convertirse en “Monarquías parlamentarias”, lo que implicaba la renuncia del rey a ejercer cualquier poder (ejecutivo, legislativo o judicial) de modo que al no tener su suerte ligada a ningún partido, la eventual crisis de la formación gobernante no podría arrastrarle. En Marruecos, en este momento, el rey, no sólo posee políticamente (de forma directa o indirecta) todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), sino que está implicado en un determinado “partido religioso”. La pretensión de ser “príncipe de los creyentes”, por más que esté establecida en la Constitución (votada en un referéndum de más que dudosa credibilidad democrática: 99’56% de síes), es ahora una pretensión “de partido”, en concreto, del que se pudiera llamar “islamista moderado”. El que cabría denominar como “partido religioso radical” (englobado, sin duda, por Justicia y Caridad, pero también con una parte del Movimiento de Unicidad y Reforma y de los movimientos integristas radicales) cuestiona ese título. Así, el eventual triunfo del “partido religioso radical” supondría un desgaste del rey, cuya suerte aparece unida a la del “partido religioso moderado”. Ese desgaste sería menor, sin duda, si el rey no estuviera implicado en las luchas religiosas que se desarrollan en Marruecos y si se hallara en una situación “suprasectaria”, del mismo modo que los reyes europeos para salvarse se ubicaron en una posición “suprapartidista”. Ahora bien, la renuncia del monarca a su poder religioso parece que sólo sería posible si también renunciara al poder político. Sin embargo, esto último, solicitado por los sectores más “modernistas” de Marruecos (cuya figura emblemática es el primo carnal del rey Mulay Hicham), es sumamente improbable en este momento. Al menos hasta ahora, el dato objetivo es que Mohamed VI no sólo no ha renunciado a sus poderes, sino que incluso ha aumentado los que tenía Hassán II al morir, al hacer depender del Ministerio del Interior (controlado por él) la gestión de las inversiones que antes se llevaba a cabo desde el Ministerio de Economía (dependiente del primer ministro). El exilio de Mulay Hicham expresa la derrota de las tendencias modernistas marroquíes.

La imagen de Marruecos y su política exterior

Hassán II consiguió reforzar su política exterior con una imagen de baluarte contra el integrismo. Precisamente cuando se produjo el atentado de Marrakech, en 1994, con el asesinato de dos turistas españoles, la primera reacción del régimen fue la de culpar a una “conexión exterior”. El régimen marroquí culpó a integristas argelinos (incluso a los servicios secretos de esa nacionalidad) y a la propia República de Argelia por considerar que la laxitud de sus controles fronterizos permitió la entrada en Marruecos de esos terroristas. Para aprovechar aún más la ocasión, el gobierno marroquí llegó a decir que los terroristas de Marrakech habían pasado por los campamentos del Frente Polisario en Tinduf. La consecuencia de todo ello fue la imposición del visado para los ciudadanos argelinos y el ulterior cierre de fronteras entre Marruecos y Argelia, que se mantiene todavía. Las investigaciones desarrolladas después, sin embargo, pusieron de manifiesto que todo aquello no era cierto y que los terroristas eran marroquíes y habían operado desde el interior del país. Sin embargo, estos datos se confirmaron mucho después de que la noticia saltara al primer plano de la actualidad y, gracias a ello, la imagen de Marruecos como lugar inmune al integrismo quedó prácticamente intacta.

Tampoco han afectado a la imagen de Marruecos algunos episodios oscuros relacionados con el terrorismo integrista que asola Argelia. Así, poco después del atentado de Marrakech, en 1994, Hassán II intentó negociar la entrega a Argelia del sangriento terrorista islamista Abdelak Layada, detenido en Marruecos a cambio del abandono de apoyo al Polisario. En 1994-1995, en la conferencia de ministros del Interior de la Unión del Magreb Árabe, Argelia trató de incluir en el orden del día la cuestión del terrorismo, pero Hassán II se opuso. No en vano, veía con complacencia cómo el terrorismo debilitaba a su adversario, Argelia, y, en consecuencia, a su protegido, el Frente Polisario.

La imagen marroquí, sin embargo, ha empezado a deteriorarse después de los atentados del 11 de septiembre. En primer lugar, por la implicación de marroquíes en los mismos (el único detenido en EEUU es marroquí) y en la red de Al Qaeda. Súmese a lo anterior que algunos de los imanes nombrados por el ministro M’Dagri Alaui (y que, por tanto, cabría calificar de “oficialistas”) después del 11-S llegaron a defender la licitud de los brutales atentados de Osama Bin Laden o a criticar la ceremonia ecuménica que, patrocinada por el propio Majzén como desagravio de las víctimas, se celebró en la catedral de Rabat el 16 de septiembre.

Esta imagen de “bastión” frente al integrismo islámico trató de reforzarse aún más con la extraña detención de un grupo de marroquíes y saudíes, en mayo de 2002, que supuestamente planeaban atentados contra barcos de la OTAN en el Estrecho de Gibraltar. Con esta operación, Marruecos pretendía asumir el papel de “guardián” de los intereses occidentales en el Estrecho de Gibraltar en detrimento de España. Sin embargo, esta historia contenía numerosas incoherencias que la hicieron poco creíble. Es posible que los detenidos estuvieran relacionados con Al Qaeda (algo que no está claro ni siquiera hoy), pero lo que es difícilmente creíble es que esos detenidos fueran a lanzar sus embarcaciones cargadas de explosivos pasando la carga letal la frontera de Marruecos a Ceuta ¡y a Melilla! para atacar en el Estrecho. Si en este momento las “pateras” con emigrantes que cruzan el Estrecho salen de las propias costas marroquíes precisamente porque el control es menor, no se entiende por qué las embarcaciones con explosivos iban a utilizar otros puntos de salida. No hay razón para que lo que hacen con impunidad los traficantes de seres humanos (salir de las costas marroquíes) no lo fueran a hacer los supuestos terroristas. Además, cuando se anunció la detención de esa “célula” se habló de unos explosivos que hasta ahora no se han encontrado. La prueba de que esta historia no tuvo una credibilidad real es que a partir de los preparativos de la guerra de Irak de 2003, la vigilancia del Estrecho se ha encomendado a España sin concurso de Marruecos. Por lo demás, cabría plantearse si esta historia no fue una coartada para la posterior invasión del islote Perejil, pues no en vano el gobierno marroquí aludió a la necesidad de vigilar el Estrecho frente a posibles atentados para justificar su ocupación.

En definitiva, la política exterior marroquí se ha construido con ayuda de una imagen de Marruecos como país “baluarte” frente al integrismo islámico y él mismo inmune al integrismo y al terrorismo. Esta imagen ha servido para diferenciarse de Argelia, considerado un país “productor” de terrorismo islámico “interior”. Uno de los corolarios era la idea de lo conveniente que sería un Sahara anexionado al país estable que sería Marruecos, en lugar de asociado a la inestable Argelia. De ahí que después de los atentados de Casablanca, la principal preocupación del gobierno marroquí sea la de atribuir los atentados a una mano “exterior”. Los datos, sin embargo, ensombrecen esa pretensión: todos los autores han sido marroquíes y los explosivos parece que eran de fabricación casera marroquí. Incluso los móviles podrían encuadrar en los de otros atentados integristas marroquíes (lucha contra centros conocidos por vender alcohol también a ciudadanos marroquíes, como la Casa de España). Si se llegara a demostrar que los atentados de Casablanca son un producto “interior”, todos los estigmas que han recaído (con la complacencia de Marruecos, obviamente) sobre Argelia, se volverían contra el país gobernado por Mohamed VI.

Los atentados terroristas de Casablanca pueden llegar a constituir el detonante de una grave crisis de la política interior y exterior marroquí. Desde el punto de vista interior, el discurso marroquí de la estabilidad deberá cambiar radicalmente, pues la Corona no ha servido de freno al integrismo, por lo que puede verse afectada por la vorágine islamista. Se hace más urgente que nunca la, sin embargo improbable, democratización de Marruecos acompañada de la lucha contra la corrupción y la pobreza. Desde el punto de vista exterior, la imagen de Marruecos como país inmune al integrismo y al terrorismo islámico y, por lo mismo, baluarte frente al integrismo y el terrorismo de los vecinos (Argelia) se ha visto gravemente comprometida. Como consecuencia, podría incluso verse comprometido el apoyo brindado a Marruecos frente a Argelia en la cuestión del Sahara Occidental basado en el argumento de la “seguridad” que ofrecería Marruecos frente a un escenario integrista; éste sólo podría quedar alterado por medio de una modernización y democratización profundas que, sin embargo, resultan hoy día improbables.


(*) Carlos Ruiz Miguel es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela


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