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La organización de la sociedad civil

¿Una alternativa respecto a los partidos políticos?

GABRIEL MURILLO CASTAÑO (*)

Introducción

Cuando se generaliza la crisis de los partidos políticos en los países del hemisferio americano, nos ubicamos frente a la siguiente encrucijada: o los reformamos a fondo para rescatar su sentido como opciones políticas viables para acceder al ejercicio democrático del poder público o construimos nuevas formaciones que, diferenciándose de las tradicionales, reflejen nuevos proyectos políticos capaces de enfrentar y resolver los graves problemas de nuestras sociedades en el nuevo milenio. No cabe duda de que para sacar adelante cualquiera de estas dos opciones, la sociedad civil se constituye en la esfera política determinante.

La fragmentación y la atomización de la sociedad civil se constituyen en severos problemas limitantes de la contundencia política que tanto se desea para el fortalecimiento de nuestras democracias. Pero resulta muy difícil ignorar el arraigo de los dos principales fenómenos políticos que han impedido la cohesión deseada. Tanto el clientelismo como el corporativismo han echado raíces muy profundas en los procesos de desarrollo republicano de nuestros países. El descrédito de los partidos históricos que mayor protagonismo han tenido en el manejo público nacional no ha impedido que el clientelismo siga siendo un elemento articulador preponderante de la política en muchos países latinoamericanos, empezando por el mío propio. Por su parte, es conocido de marras que los articuladores de los intereses políticos más eficientes y reconocidos en muchos países, son las asociaciones de interés, también conocidas como grupos de presión.

Así, por un lado, se sostiene la exclusión del clientelismo que reproduce las maquinarias electorales hasta donde alcanza el beneficio de las prebendas que otorgan los partidos tradicionales. Por el otro lado, persiste la asimetría resultante del hecho de que sólo las entidades provistas de los recursos organizativos y económicos logran ejercitar la influencia (advocacy) y el cabildeo (lobbying) para obtener respuestas satisfactorias a sus demandas. La alternativa filosófica y política a estas dos fuerzas regresivas y persistentes (el clientelismo y el corporativismo) se apoya en el ideal de la construcción de una sociedad civil más fuerte y cohesionada que, en vez de sustentarse en las clientelas electorales o en la membresía corporativizada, quiere apoyarse en una base ciudadana capaz de apropiarse de la política en el buen sentido del término. La ciudadanía subyacente en este modelo alternativo debe estar conformada por individuos conscientes de que el orden social al que pertenecen no está dado, que se puede cambiar, y que están dispuestos a propugnar por el cambio. Por individuos distintos de aquellos que permanentemente son instrumentalizados por la retórica facilista que siempre los alude sin realizar que ellos en realidad no son tenidos en cuenta como entes políticos. Por actores proclives a reivindicar su protagonismo en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Por personas empoderadas para actuar políticamente y dispuestas a romper con el monopolio político que siempre ha manejado la llamada clase política tradicional.

El modelo ideal de la democracia participativa


Este nuevo modelo entiende que la esfera de la sociedad civil es por naturaleza un compendio heterogéneo de componentes que lo único que tienen en común es representar individualidades o colectividades externas al Estado que están prestas a actuar políticamente en pos del cambio para la obtención de un mayor bienestar y progreso. Es decir, es un modelo que valora la pluralidad y el respeto a las diferencias, culturales, étnicas y religiosas. Un modelo que aprecia y respeta la existencia de diferencias expresiones de acción colectiva, tendientes a la articulación y a la representación de los intereses. Que valora las agremiaciones, las cooperativas, la acción comunal, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones sin ánimo de lucro que representan apéndices de las empresas lucrativas con responsabilidad social y, en general, toda la gama de entes convergentes en el llamado sector solidario, el célebre tercer sector. Un modelo que liga esta heterogeneidad con la participación como el común denominador o el eje transversal de tanta diversidad. Finalmente, un modelo que propugna por el fortalecimiento y la progresión de la democracia como el régimen político acorde con el logro de la justicia social sin importar si esta se da en los Estados de Derecho a secas o en los Estados Sociales de Derecho. Los primeros, fundamentados en los valores esenciales de la democracia liberal convencional y, los segundos, en una gama valorativa todavía más ambiciosa y difícil de alcanzar que supone la disponibilidad de una cultura política inexistente en nuestros países.

El problema de este modelo, es su misma esencia. Se trata apenas de un modelo, de un prototipo, de un ideal. Es algo que sin lugar a dudas se apoya en un completo y sólido diagnóstico. Algo que explica en forma clara, precisa y reiterada que los partidos políticos ya no son la correa de transmisión entre la Sociedad Civil y el Estado. Que hay un enorme divorcio entre gobernantes y gobernados. Que los partidos carecen de liderazgo. Que perdieron su fundamentación ideológica y programática. Que se redujeron al logro de unas cuotas burocráticas para asegurar su permanencia política. Que no movilizan a las grandes masas. Que sólo reclutan clientelas que controlan sus jefes indisciplinados y egoístas como microempresas electorales. Que permiten que sean los candidatos quienes hablen a título personal y no institucional sobre el proyecto de cambio. Que son objeto de proyectos retóricos y vacíos de reforma constitucional. Que están representados por voceros cada vez menos calificados para gobernar y menos comprometidos con una gestión responsable, transparente y sin rendición de cuentas (muchos son outsiders a cabalidad). En fin, que consistentemente obtienen los más altos niveles de rechazo y desconfianza por parte de la opinión pública de los países en donde persisten. En pocas palabras, que son vistos como actores colectivos responsables en buena medida de la ingobernabilidad existente.

Está por salir un estudio comparado a nivel latinoamericano, publicado por Daniel Zovatto del Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, de Suecia sobre la vida en el interior de los partidos políticos. En el capítulo sobre el tema de las elecciones internas el autor, apoyándose en datos de Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca y del Latinobarómetro de 1998, concluye afirmando: “el proceso iniciado en los últimos años en busca de mayores niveles de democratización interna de los partidos políticos ha sido lento, gradual e irregular, llegando a abarcar en la actualidad, de una manera u otra, a algo más de la mitad de los países de la región. Sin embargo, a la fecha, el corto tiempo transcurrido desde la implantación de estos procedimientos en la mayoría de los países y la rica casuística de los mismos[,] no permite sacar conclusiones definitivas sobre sus posibles efectos, ni sobre la credibilidad de los partidos, ni sobre la mejora de los niveles de representación y participación, ni incluso sobre la misma democratización interna de los partidos. De ahí que los análisis sobre esta materia solamente puedan realizarse en el plano de la mera especulación y con limitaciones importantes en el sostén empírico”.

Este modelo de la democracia participativa se vuelve más problemático y restante, aún cuando realizamos que para su existencia se requiere de un cambio de comportamiento en la expresión de las dos esferas interdependientes en la política: la sociedad civil y el Estado. Estas esferas pueden mantenerse aisladas como ocurre en el caso del modelo de la democracia representativa o en el llamado modelo neo-corporativista. Más bien, ellas deben superponerse entre sí y, al hacerlo, van generando una intersección sobre la cual se localiza la coincidencia de intereses y acciones realizadas en beneficio de lo público cuya proyección se puede reflejar en una tercera esfera, el espacio público, que va incorporando la sumatoria de los comportamientos coincidentes que expresan tanto los actores de la Sociedad Civil como los del Estado.

Pero para comprender bien el sentido de toda esta complejidad, es necesario realizar que los comportamientos convergentes en el espacio público resultan de nuevas actitudes y visiones de los actores cívicos pertenecientes a ambas esferas.

Requerimientos del Nuevo Modelo en la Esfera de la Sociedad Civil

Ha quedado claro entonces que en el ámbito de la sociedad civil es menester disponer de ciudadanos a cabalidad. Es decir, de actores políticos que se apropian del marco institucional subyacente (el conjunto de reglas del juego) a conciencia de que este existe como resultado de un proceso de conquistas graduales que han venido posibilitando la apertura y la progresión democráticas. Es decir, de ciudadanos empoderados que con su accionar responsable y justo socialmente reivindican su protagonismo participativo en la toma de decisiones conducente al cambio social. Ciudadanos libres y críticos que le exigen al Estado el desempeño de una gobernabilidad sistémica, democrática y consecuente con la gama de retos que conlleva la coexistencia de lo local, lo nacional y lo global. En suma, ciudadanos que reflejan una cultura política que, además de disponer de información y de un claro entendimiento del marco institucional del Estado, puedan actuar de acuerdo con el significado de los valores filosóficos consagrados por el régimen democrático de sus respectivos países.


Requerimientos del Nuevo Modelo en la Esfera del Estado

En el ámbito del Estado, se requiere de regímenes políticos liderados por gobernantes claros frente a sus limitaciones y posibilidades. De estados modernos, racionalizados y democráticos. De gobiernos capaces de liderar agendas gubernativas integradas y sistémicas en donde lo interno se compagine lógicamente con lo externo. En donde la desburocratización y la desregulación sean consecuentes con la urgencia de que el aparato estatal se reduzca y se pueda concentrar en el cumplimiento de sus tareas esenciales en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de los gobernados, a la salvaguarda del orden público y a la generación de la verdadera justicia social en donde se supere la descoordinación interinstitucional de las entidades públicas y se acabe con la colisión de poderes. En donde se balancee el equilibrio entre los poderes públicos como expresión del compromiso con la gobernabilidad democrática. En síntesis, un Estado que reconozca que ante el imperio de la escasez, el concurso de los gobernados, de la sociedad civil y del sector solidario en general es indispensable para lograr el progreso nacional y fortalecer la democracia. 

La Educación Cívica 

El cambio de comportamientos de los actores de estas dos esferas le exige además a cada una de ellas una acogida a la educación cívica, a la construcción de ciudadanía y al logro del capital social requerido para la expansión tanto de la intersección de estas dos esferas como de su reflejo en el espacio público. Aquí es importante subrayar sin tapujos que la efervescencia de la sociedad civil, que en muchos países latinoamericanos se refleja en la existencia de incontables acciones cívicas y colectivas responsables y comprometidas con lo público, no es suficiente aún para poder hablar de la existencia de una sociedad civil fuerte. Menos aún es posible hablar de una sociedad civil fuerte que corresponda a un Estado fuerte porque es creíble, legítimo, gubernativo y realmente viable. Estas dos esferas interdependientes están obligadas a trabajar más en la construcción de la ciudadanía requerida para el cambio deseado. Están en mora, hay que decirlo, en priorizar la educación para la democracia, la educación cívica y la pedagogía institucional o constitucional necesaria para socializar a los ciudadanos en democracia. La educación requerida para que este concepto no siga siendo utilizado instrumentalmente como un “comodín” cada vez que se busca un facilismo discursivo. Urgente para que de esta retórica se pase a una acción prioritaria y tangible.

La sociedad civil vive hoy una turbulencia en la medida en que por causa principalmente del avance en las comunicaciones se clarifica lo que los expertos en la teoría de los nuevos movimientos sociales denominan como el repertorio de contestación y el escenario de oportunidad. Estas dos nociones claves de la sociología política aluden a la visibilidad de la acción colectiva que, al superar la latencia, entran en el escenario de las reivindicaciones populares por causa de la agudización de la pobreza y de la asimetría socio-económica imperante en América Latina. Aquí los actores cívicos de la sociedad civil entran en la siguiente disyuntiva: o permanecen impasibles “esperando a ver qué pasa”, dándole espacio a los proyectos populistas que hoy acechan en varios países, o actúan como constructores de más ciudadanía responsable y democrática. La mejor manera de contrarrestar el peligro del aumento de la antipolítica distorsionante y populista, creo yo, es incorporándose a la causa de la educación para la democracia. Esta causa, por fortuna, permite desarrollar múltiples vías de trabajo educativo formal y no formal para educar a la niñez y a la juventud o para reeducar a los adultos y a los mayores que han vivido procesos de socialización ajenos al nuevo modelo de la democracia participativa.

El Estado que de manera creciente evidencia la insuficiencia de recursos y la presencia de un alto déficit fiscal y una limitada disponibilidad de recursos para la inversión pública, aún posee una capacidad movilizadora para priorizar una política de educación para la democracia, tanto en la educación pública como en la educación privada. Se trata de una política basada en la certeza de que el énfasis en la construcción de ciudadanía se constituye en una inversión que si bien no se verá en el corto, y difícilmente tampoco en el mediano plazo, va a generar el recurso primordial para disponer de un aliado con el cual avanzar efectivamente en al superación de la brecha entre retórica y acción. En la actualidad la efervescencia de la sociedad civil ya mencionada es notable. Sin embargo, aún se carece de la fuerza necesaria para obtener la consecuencia entre los marcos normativos e institucionales teóricos y los comportamientos y las acciones prácticas derivadas que permitan el cambio deseado.

El aporte de los Partidos Políticos 

En la ejecución de una política de Estado a largo plazo orientada a la construcción de ciudadanía, los partidos políticos poseen una importancia potencial singular. Su acción protagónica no sólo implicaría un beneficio directo para el entorno político nacional sino una clara ventaja para que las organizaciones partidistas se fortalezcan en sí mismas. Lo que resulta injustificable es que ni los partidos tradicionales en cuanto organizaciones como tales, ni su representación en el poder ejecutivo o en el legislativo sean hoy los promotores de políticas o al menos de Proyectos de Ley atinentes al fortalecimiento de la educación para la democracia y a la construcción de ciudadanía. Una de sus principales limitaciones se refleja en esta debilidad. Ni los partidos de gobierno, ni los de oposición están haciendo de este propósito cívico una de sus banderas principales.

Y si lo anterior es así, podría afirmarse a continuación que el costo de oportunidad derivado de este descuido aumenta el divorcio entre la sociedad civil y los partidos políticos que en realidad no debería existir. Es preciso subrayar que estas dos instancias políticas, la sociedad civil en sí misma y los partidos políticos, no deben verse bajo la lógica del juego de suma cero. Tanto la primera como los segundos resultan indispensables para la progresión democrática. Entre ellos debería existir un eslabonamiento lógico en virtud del cual se pudiera superar la confusión persistente y determinada por el gran desprestigio de la política convencional. Debería existir claridad en cuanto al significado y valor del empoderamiento con toda su carga semántica alusiva a la conciencia individual y colectiva de los actores acerca de su potencial como agentes reivindicativos transformadores de la sociedad desigual. Así mismo, debería entenderse que son los diversos componentes de la sociedad civil los llamados a repotenciar a los partidos políticos para que estos resurjan provistos de la fundamentación ideológica y programática requerida para articular y representar principalmente los intereses de la heterogeneidad propia de la esfera de la sociedad civil o, en menor grado, las especificidades aglutinadoras de los movimientos sociales y cívicos proclives a convertirse en partidos tal como ya se ha visto en Alemania y Bélgica con los verdes y como ahora se insinúa en Estados Unidos con los seguidores de Ralph Nader. No se entiende tampoco por qué los líderes de los partidos políticos históricos no se convierten en los determinantes primordiales de los procesos de cambio que retórica y tímidamente proponen los gobiernos de nuestros países. Por ejemplo en Colombia, la reforma al régimen de los partidos políticos ya lleva casi dos décadas posicionada como uno de los temas más recurrentes en los ímpetus de cambio que dicen tener los legisladores y los gobernantes y, a pesar de eso, no se registran alusiones directas a la necesidad de trabajar en educación cívica. Inclusive en la Constitución Política de 1991 se incluyen principios ideales sobre la importancia del fortalecimiento educativo democrático para el logro de la verdadera participación en el Estado Social de Derecho que ya lleva una década como objetivo del cambio político y socioeconómico nacional.

Para nadie es un misterio que en México existe una notable paradoja entre un envidiable y avanzado proceso de ciudadanización electoral frente a la parsimonia de la consagración constitucional de formas alternativas de participación ciudadana y del amplio código de derechos y obligaciones ciudadanas que, en cambio, se refleja en las cartas del Estado Social de Derecho de otros países tan disímiles como España y Colombia. Sin embargo, allí ya hace varios años que se viene adelantando una seria reflexión sobre la interrelación entre la sociedad civil y sus componentes, por un lado, y los partidos políticos, por el otro, frente al fortalecimiento de la democracia.

En un coloquio sobre partidos políticos y sociedad civil promovido por el Centro de Estudios para la Reforma del Estado realizado en 1995 en el Distrito Federal, el catedrático mexicano de la UNAM, Manuel Cifuentes Vargas, señalaba con razón como los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil no son entes contrarios sino realidades complementarias. Para él se trata en ambos casos de entidades compuestas por ciudadanos que sólo se diferencian entre sí en razón de su naturaleza jurídica primordial. Los partidos políticos son entes de interés público y las asociaciones civiles son figuras que pueden tener un interés ya sea privado o público, o los dos a la vez. El fin primordial de los primeros debe ser el acceso al poder político formal a través de sus candidatos. Pero además tienen otros deberes que normativamente pueden cumplir: la gestión social, la formulación de propuestas económicas y la difusión de la cultura. Las segundas, si bien tienen un carácter eminentemente social y cultural, no tienen como imperativo la lucha por el poder público en la medida en que carecen de todos los elementos requeridos para esa finalidad. Lo importante para el jurista Cifuentes Vargas es que en tanto ambas modalidades organizativas buscan el bien común en distintos niveles, ellas están llamadas a apoyarse recíprocamente. Las organizaciones cívicas no deben pretender suplantar a los partidos políticos, pero a la vez, con su insistencia en aparecer como apartidarias (y no apolíticas), deben cuidarse de evitar el divorcio con ellos. La intermediación que ambas formas organizativas representan debe seguir siendo válida en el entendido de que existe una obvia diferencia en cuanto al alcance de la representación y articulación de intereses que cada forma puede acarrear. Si bien Cifuentes Vargas no lo advierte explícitamente, es lógico deducir que con el planteamiento anterior no está diciendo que la organizaciones cívicas justifiquen la sostenibilidad del corporativismo fragmentante. Cuando señala que los partidos políticos son los únicos entes que válidamente pueden aspirar a representar de modo global y no únicamente en un aspecto puntual, los intereses verdaderamente generales, está reconociendo que estos pueden beneficiarse del carácter aglutinador más funcional y compacto que logran las organizaciones cívicas comprometidas con aspectos puntuales pero determinantes del bien común deseado. En otras palabras, se está diciendo que entre más compromisos parciales y especializados haya con la búsqueda de lo ético y el bien común, mayores ventajas obtendrán los partidos políticos nuevos comprometidos con el difícil reto de rescatar la confianza que la heterogeneidad social le reiteró a sus antecesores, los partidos tradicionales.

Aquí es conveniente rescatar el sentido de la noción de la democracia electoral planteada por Sartori y frente a la cual los promotores de la democracia amplia y participativa han expresado duras críticas señalando su limitado alcance por causa de la gran dependencia en los marcos electorales existentes en los procesos de adecuación democrática de los países latinoamericanos. Si bien es cierto que los principales aglutinantes de la democracia electoral gravitan alrededor de la participación electoral restringida que los partidos en competencia movilizan en los comicios existentes, también resulta apropiado reconocer que los partidos políticos deben disponer de diferentes apoyos ciudadanos, familiarizados y comprometidos con aspectos puntuales y parciales de la búsqueda del bien común y susceptibles de ser integrados con otros provenientes de otros apoyos parciales adicionales y afines que puedan sumarse bajo un eje transversal que exprese la existencia de un proyecto político partidista más abarcante y presto a competir por el acceso al poder formal, para desde allí emprender la transformación del marco estructuctural que no puede seguir perpetuando las diferencias y las asimetrías socio-económicas. Se trata entonces de reivindicar la coexistencia de la democracia electoral en cuanto plataforma de la libre competencia interpartidista, con la democracia participativa que promueva la existencia simultánea de organizaciones más precisas, temática y funcionalmente, pero convergentes en un proyecto partidista amplio y orientado hacia la búsqueda incuestionada de la progresión democrática basada en la justicia social.

Lamentablemente y a pesar de los avances de la ingeniería política y de las reformas políticas progresivas en varios países (Brasil, Colombia, Paraguay, México y Venezuela...) los partidos políticos dominantes siguen actuando sin percatarse de que ya es hora de abrir el reconocimiento a la interdependencia con las entidades cívicas. El incremento de la ciudadanización que demanda la democracia participativa exige que los partidos reconozcan y por ende promuevan el fortalecimiento de estas entidades en concreto y de las demás formas organizativas convergentes en la compleja esfera de la sociedad civil de nuestros países, en general. Pero resulta preocupante constatar que con el paso del tiempo y con la intensificación de la fragilidad de nuestras democracias en toda América Latina y en la Subregión Andina en particular, los partidos políticos tradicionales insistan en aferrarse a la tabla de salvación del clientelismo y de la corrupción. Tal es el caso de los partidos históricos prácticamente desaparecidos de Venezuela, o de la fragmentación multipartidista de Perú y Ecuador, o de la desorganización y la indisciplina del bipartidismo colombiano. Pero más grave aún es la insuficiencia que se refleja en las nuevas organizaciones partidistas que se proyectan con pretensiones independentistas de base ciudadana, pero que aún no reflejan claridad en cuanto a la organización de sus estrategias de representación en la rama legislativa. Esto en la medida en que responden a liderazgos unipersonales y pretenden esgrimir estrategias de movilización suprapartidistas.

El Dilema de los Proyectos Partidistas Alternativos

No se ve claramente que los proyectos partidistas alternativos latinoamericanos estén contemplando líneas de trabajo que incluyan recursos humanos para asumir la función legisladora al mismo nivel de importancia con el que están vislumbrando el liderazgo para la conducción ejecutiva del Estado que buscan gobernar. Sus tenues tácticas organizativas no reflejan con claridad proyectos orientados a la superación de la crisis de respresentación. Develan miopía en cuanto a la inexistencia de señalamientos propositivos orientados a la construcción de cuadros y líderes ubicables en la acción legislativa. Daría la impresión de que aún no son conscientes de la necesidad inaplazable de empezar a revertir la tendencia hacia el centralismo presidencialista. Tanto los líderes de estos proyectos partidistas alternativos como sus seguidores y asesores están sumergidos en una planificación estratégica para el ejercicio de la gobernabilidad propiamente dicha. Parecería que no captan que para poder ejecutar el “buen gobierno” es indispensable disponer de apoyos en el Congreso. Que ignoran que las mayorías parlamentarias permanecen en manos de los representantes de los partidos tradicionales frente a los cuales pretenden ser la alternativa real. Que si no prevén oportuna y equilibradamente acciones prioritarias dirigidas a modificar la correlación de fuerzas partidarias en los cuerpos colegiados tanto de nivel nacional (Senado y Cámara o Asamblea, según el país) como a nivel regional- intermedio y local-municipal, el posible ejercicio de la conducción del gobierno se verá abocado a la incertidumbre frente a la eventualidad de si los legisladores apoyarán u obstaculizarán las iniciativas de cambio. Es bien sabido que una de las principales dificultades para el ejercicio de la gobernabilidad está determinada por la necesidad de tener que estar gastando tiempo y energías en la consecusión de aliados parlamentarios que apoyen los planes de acción y que aseguren las mayorías aprobatorias de iniciativas gubernativas. También por la incertidumbre de tener que negociar favores políticos que no sólo merman la legitimidad y la autoridad ejecutiva sino que generan costos y limitaciones adicionales al ritmo de trabajo que se busca imponer.

Los proyectos partidistas alternativos a las fuerzas históricas de dominación hegemónica deben planear estrategias de movilización y gobierno que incorporen, desde el inicio, orientaciones claras en cuanto a la inclusión de recursos humanos propios o afines distribuidos en los distintos niveles en que operan los cuerpos colegiados. Este es tal vez el dilema estratégico más omitido en los afanes del liderazgo unipersonal que suele caracterizar estos proyectos. Y al persistir esta omisión, simplemente se descuida el manejo que se le debe dar a una de las fuerzas políticas más importantes del modelo democrático en el que se desea trabajar políticamente. Por último, pareciera que ni la planeación estratégica, ni los liderazgos de los movimientos partidistas alternativos entendieran que ante la actual presencia de los cuadros partidistas tradicionales en las bancadas de los parlamentos, las asambleas y los consejos, resulta inaplazable la orientación de planes y líneas de acción dirigidos hacia el trabajo de la construcción de la base una intencionalidad parlamentarista. Esto, si se trata de ser consecuentes con la lógica y el sentido de la gobernabilidad sistémica en democracia.


Consideraciones sobre el caso Colombiano

Es bien probable que Colombia no sea el único país latinoamericano que ante el cúmulo de problemas políticos, económicos y sociales, esté viviendo un momento interesante en la configuración de competencia interpartidista. Este momento se caracteriza por una dinámica intensa y poco clara. Los partidos tradicionales Liberal y Conservador han sufrido un retroceso significativo pero esto no permite afirmar que el mismo se debe al fortalecimiento de terceras fuerzas o de los proyectos partidistas alternativos. Según datos del politólogo Miguel García, las cifras correspondientes a las últimas elecciones municipales realizadas en Colombia el pasado 29 de octubre, señalan que en comparación con el mismo tipo de comicios realizados en 1997, los liberales pasaron de tener el 44.8% al 39.3% de las alcaldías del país y los conservadores lo hicieron del 35.1% al 28.5%. Por su parte las terceras fuerzas aumentaron del 14% al 21% de los municipios colombianos. No obstante, hoy en Colombia es innegable el fraccionamiento interno de los partidos tradicionales así como la multiplicidad de nuevas fuerzas. Según el mismo autor, en el país se reflejan 5 fracciones conservadoras y 4 liberales, mientras que las llamadas terceras fuerzas se subdividen en 35 partidos y movimientos pequeños. En estas últimas se presentan numerosas tangencias y coincidencias tanto de carácter nominal como programático que tienden a confundirlas aún más. Por lo anterior resulta imposible afirmar que esta turbulencia al interior de los movimientos alternativos al bipartidismo tradicional refleje que ellas constituyen el indicio de cambio real en el sistema de la competencia interpartidista colombiana. Pero lo que si refleja es que esta gama de nuevas fuerzas políticas o nuevos movimientos, como también se las conoce, es el deseo firme de estimular la participación ciudadana e incidir en el fortalecimiento democrático de Colombia. Con esta extensión de la efervescencia ya mencionada de la sociedad civil, se refleja la intención de crear un nuevo modelo de hegemonía ideológica y moral que posibilite ampliar la superposición acumulativa de las distintas expresiones de la crisis política de Colombia. Un modelo de movilización que le ofrezca a los colombianos un sentido de futuro mediante una acción transformadora, que los saque del desasosiego y la angustia imperantes. Aquí se expresa un claro ejemplo de complementariedad que puede y debe existir entre las organizaciones cívicas y los proyectos partidistas alternativos a los partidos históricos. Buena parte de los estadios antecedentes a estas nuevas fuerzas y movimientos eran variantes de la acción colectiva aglutinada en grupos indígenas, religiosos, de mujeres, de obreros o sencillamente de activistas comprometidos con la defensa y protección del medio ambiente, de los derechos humanos, de la búsqueda de la paz y en general de la defensa de los intereses de las minorías cansadas de tanta desigualdad e injusticia. Al darse el paso de estas formas de acción colectiva a nuevas fuerzas y proyectos políticos inmersos en la competencia movilizadora y proselitista para acceder al poder político en sus distintos niveles, estos jóvenes actores organizados representan la misma reivindicación de la “política para la gente” anteriormente basada en ciudadanos emanados de la sociedad civil colombiana. Así nuevas expresiones políticas partidistas tales como el Frente Social y Político, el Partido de Socialismo Democrático, el Partido Visionario, la Alternativa Política Colectiva, APC, el Partido Oxigeno Verde hacen su ingreso en el panorama de la competencia interpartidista colombiana. A ellas se suma el Movimiento Sí Colombia orientado por la ex-candidata presidencial de origen conservador, Nohemí Sanín, quien en las pasadas elecciones de 1998 obtuvo cerca de 3 millones de votos con su proyecto independiente de carácter suprapartidista.

Tanto las nuevas fuerzas como el movimiento Sí Colombia coinciden en el rechazo a las prácticas clientelistas, corruptas y excluyentes de los partidos tradicionales. Al plantearse como alternativas modernas y democráticas, comprometidas con el logro de la justicia social verdadera, tienden a reivindicar el rescate de la esencia del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991. Se orientan a un amplio y variado segmento de colombianos cansados de la desidia de liberales y conservadores y necesitados de una orientación que lleve el país hacia el logro de la paz en equidad y en democracia. Unos y otros buscan movilizar la ciudadanía responsable y consciente del impostergable compromiso colombiano. Entre ellos es posible establecer tendencias ideológicas distintas a lo largo de un continum de izquierda - centro , que van desde los pronunciamientos más contestatarios convergentes en el Frente Político y Social o de la APC, pasando por el Partido de Socialismo Democrático, por el Partido Visionario o por el Partido Oxígeno Verde, hasta llegar a la tendencia centrista de Sí Colombia. Sin embargo, no es fácil registrar diferencias ideológicas ni programáticas de fondo. Se trata de proyectos políticos provistos de niveles de apoyo electoral (con tendencia “al alza”) pero que no permiten saber a ciencia cierta como responderán sus electores potenciales en las contiendas futuras. Sus esperanzas están fundamentadas en éxitos relativos provenientes de la movilización de seguidores que aún no han podido expresar niveles de compromiso y lealtad constantes. Al presentarse como frentes amplios y plurales o como proyectos independientes de carácter suprapartidista, sin quererlo, incurren en la incertidumbre de no saber con claridad quienes responderán a sus llamados. Esto se dificulta aún más con las coincidencias en sus lineamientos programáticos y con las cercanías en el continum ideológico centro – izquierda sobre el que todos se quieren ubicar. Con excepción del liderazgo de Sí Colombia, las otras fuerzas alternativas al bipartidismo hegemónico están encabezadas por actores que a pesar de su trayectoria pública, ya sea de tipo parlamentario, gremial o intelectual, aún no son figuras identificables y diferenciables a nivel nacional.

Se trata entonces de un cúmulo de obstáculos que no permite concluir estas notas con un planteamiento optimista en cuanto a la consolidación eventual de las nuevas fuerzas partidistas en Colombia que buscan reemplazar a los partidos tradicionales. Estos últimos siguen dando la pelea que les ha permitido mantenerse como el elemento articulador de la competencia política a todo lo largo del desarrollo republicano colombiano. Su descenso en las pasadas elecciones regionales se explica más por la lucha entre liberales y conservadores en sí misma que por el crecimiento relativo de las nuevas opciones partidistas. (Al fin y al cabo, las derrotas fuertes en algunas ciudades importantes del país, como Medellín y Tunja para los conservadores, fueron propinadas por sus eternos adversarios, los liberales).

Conclusiones

El caso colombiano, que seguramente no es singular en América Latina, a mi juicio resulta elocuente para valorar la necesidad de seguir propugnando por el aumento de las tangencias y de la superposición relativa entre las organizaciones cívicas y los nuevos partidos políticos. Aún ambos tipos de organización carecen de la fuerza, la madurez o el desarrollo suficientes como para prescindir la una de la otra. La insuficiencia de una ciudadanía cabal es un reto para que ambas continúen trabajando para fortalecerse a sí mismas y entre sí. La viabilidad del modelo deseable de la democracia participativa va a depender en gran medida de una sociedad civil fuerte y articulada cuyos intereses y demandas al Estado, legítimo y creíble, deben ser canalizadas a través de partidos compuestos por ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos, obligaciones y posibilidades en democracia. Sólo así se dispondrá en América Latina de Estados orientados por gobiernos provenientes de partidos políticos democráticos dispuestos a fortalecer la construcción de más ciudadanía. Por gobiernos que cuenten con el concurso de la sociedad civil satisfecha que se propongan incrementar la superposición entre estas dos esferas vitales de la política que se reflejará en el gran espacio público necesario. Los nuevos partidos políticos de los países latinoamericanos, no sólo son indispensables para fortalecer nuestras debilitadas democracias sino para liderar los procesos de refundación de los nuevos pactos sociales requeridos para la superación de tantos conflictos y desigualdades. A pesar de la existencia de las particularidades idiosincráticas en cada país de la región que impiden una generalización simplista, ésta parece ser la mejor forma de salir de la encrucijada planteada al comienzo de este ensayo. Ellos son los llamados a articular los variados segmentos ciudadanos que están dispuestos a participar en la transformación y en el logro de la gobernabilidad democrática necesaria para alcanzar el desarrollo humano sustentable que nuestros países requieren. Son los articuladores capacitados para incorporar nuestra diversidad, ayudándola a comprender que ellos mismos no están ahí para resolver los problemas específicos de sus afiliados sino para impulsar la construcción de ese nuevo pacto social, así estén en el gobierno o en la oposición democrática.


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Sartori, Giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial, Madrid, 1987. 

 

Este trabajo ha sido especialmente preparado para el Seminario Internacional: Partidos Políticos en América Latina, Transición hacia dónde? organizado y patrocinado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, CIEDLA, de la Fundación Konrad Adenauer con sede en Buenos Aires. Próximamente será publicado en la Revista Contribuciones de esta misma entidad.

* El autor es también Magíster en Ciencia Política, Universidad de Nueva York, Buffalo y del MIT en Boston. Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, del cual fue su director durante 12 años. Autor de numerosos libros y artículos sobre gobernabilidad, crisis política, partidos políticos, organización, sistema electoral y participación, entre otros. Consultor de diversos organismos internacionales en temas electorales, de modernización del Estado, gobernabilidad y sociedad civil. Actualmente combina su labor docente con la coordinación de la parte andina del proyecto hemisférico “Red Interamericana para la Democracia”, de la cual es miembro fundador.