Del "Prestige", el Gobierno y sus obligaciones

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FERNANDO FERNÁNDEZ (*)

 

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La catástrofe del Prestige ha provocado efectos colaterales múltiples. El gobierno ha visto seriamente erosionada su imagen de eficacia y el partido socialista la de una oposición serena y responsable. Unos por defecto y otros por exceso han visto su credibilidad oscurecida con la marea negra. El mismo Estado ha sido cuestionado. O más concretamente las obligaciones de un Estado moderno y la responsabilidad que, en la falta de medios para prevenir y combatir tragedias similares tienen la austeridad fiscal y la reducción del tamaño del sector público.

El debate sobre las obligaciones y responsabilidades del Estado es tan antiguo como las doctrinas políticas y el pensamiento económico. Para unos, es obligación del Estado proteger a los ciudadanos de toda tragedia, de todo infortunio, y todo gasto es poco para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Esta concepción que podríamos denominar estatista del mundo encuentra hoy su expresión políticamente correcta en el intervencionismo keynesiano. Una verdadera doctrina única que emerge con fuerza a cualquier oportunidad. El hundimiento del Prestige es una de ellas. Como lo ha sido también el estancamiento alemán para llevarse por delante el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Frente a esta tradición absolutista nació en el mundo occidental el pensamiento liberal. Una concepción que en su expresión política limita el poder del Estado en la consecución del bien común y en su versión económica desconfía de la capacidad del mismo para crear y distribuir riqueza. Pero es una concepción del mundo permanentemente amenazada por la búsqueda de la seguridad total. Por eso cualquier catástrofe supone un golpe a la credibilidad del pensamiento liberal. No hay nada más humano ante el infortunio que acudir a la providencia, divina o estatal, para que aparte de nosotros estas penas.

La apelación al Estado ha resurgido con fuerza estos días. Sobre todo porque la acción concreta, posible y realista del Estado, ha llegado tarde y no ha sobresalido en eficacia. Es lógico que sea así. Pero también que pasadas las horas de ceguera emocional, recuperemos la perspectiva adecuada. La estabilidad presupuestaria no es la culpable de la marea negra; ni de la respuesta más o menos acertada del gobierno. No ha sido la falta de medios económicos la que está dificultando las tareas de limpieza y recuperación del litoral noroeste.

El llamado consenso de Washington y las grandes orientaciones de política económica de la Unión Europea subrayan el concepto de un Estado pequeño pero eficaz. Y de una sociedad civil fuerte. Ambos son dos caras de la misma moneda. No hay Estado eficaz posible sin una sociedad civil organizada que le estimule, le exija y le complemente. La tradición continental europea subraya en exceso las dos primeras funciones. En España donde el Estado moderno ha fracasado hasta muy recientemente en la provisión de los servicios mínimos, la sociedad sólo se ha organizado esporádicamente en un movimiento pendular para exigir actuaciones concretas al Estado y se ha retirado luego a la comodidad del hogar en cuanto esas cuestiones han sido resueltas.

La tragedia del Prestige nos ha ofrecido un ejemplo de comportamiento cívico, pero también algunas manifestaciones extemporáneas. La labor de los voluntarios ha sido encomiable. Desde los jóvenes universitarios que han acudido tan rápido a limpiar las playas que han pillado por sorpresa al Estado, a los propietarios de pequeños negocios que se han ofrecido a alojarlos y alimentarlos. Me contaban que hasta la esposa de un conocido banquero se ha ofrecida voluntaria para ir a hacer bocadillos a Galicia. Algunas grandes empresas también han ofrecido sus recursos materiales, económicos y hasta humanos y sus nombres han sido publicados. La tragedia nos ha traído una versión acelerada del concepto anglosajón de responsabilidad social que tanta falta hacía al mundo corporativo español, sobre todo después de los últimos escándalos éticos. Pero también ha habido excesos. El más notorio, la tentación de culpar al déficit cero.

El déficit cero, o más exactamente la cultura de la estabilidad presupuestaria, no es responsable de lo ocurrido. Antes bien, es lo que permite al Estado dar una respuesta económica rápida y satisfactoria a las necesidades de recuperación. Han pasado ya los tiempos en que ante cualquier infortunio el Estado empobrecido corría a ponerse en manos de los banqueros genoveses o flamencos, hipotecando las posibilidades de las generaciones futuras. O aquellos más recientes en que era Bruselas el destino de nuestras peticiones. Como socios de la Unión Europea nos corresponderán las ayudas que estén establecidas. Pero como miembros de una Unión de 25 países, y como un miembro relativamente rico, nos corresponde también la responsabilidad de tener la casa en orden y las finanzas domésticas saneadas.

El impacto humano, ambiental y hasta psicológico de la tragedia ha sido terrible. El impacto político probablemente también importante. Pero el impacto económico no es tan grande. La actividad pesquera significa sólo el 7 por ciento del producto bruto gallego, aunque esté muy concentrada en determinadas áreas. Conozco cálculos bastante fiables que estiman en sólo el 2,5 por ciento del PIB gallego las pérdidas económicas originadas por la marea negra. Una cifra importante pero perfectamente asumible por el Estado, gracias a la estabilidad presupuestaria. No es pues denostando el esfuerzo de racionalidad fiscal como contribuiremos a hacer estas catástrofes menos dolorosas, ni menos posibles.

Porque el pensamiento único se ha lanzado a culpar de la propia tragedia a las políticas de reducción del Estado. Pero conviene subrayar que al margen de las evidentes responsabilidades del armador y de las insuficiencias del derecho del mar en la economía globalizada, la supresión inmediata de los petroleros monocasco no es posible. No sólo políticamente porque se resisten a ello importantes países que han prosperado gracias al tráfico marítimo, sino también por una razón meramente estadística: no son buques marginales, sino más de la mitad de los cargueros actuales. Siempre existen Savanarolas de turno que agitan a las masas con el grito de la santa ira. Y siempre existe la tentación proteccionista de culpar a los marineros del Tercer Mundo. Pero la realidad es tozuda. A los economistas nos gusta repetir que no hay nunca comidas gratis. El coste de asegurar inmediatamente que una tragedia como la del Prestige no volverá repetirse es prohibitivo. Tan alto que de pagarse sería puro espejismo, porque provocaría un empobrecimiento tal que haría imposible su cumplimiento. A los políticos les toca explicarlo con datos y cifras concretas. A aquellos que fueron más precavidos, como las hormigas de la fábula, les sobran recursos para hacer frente a las dramáticas consecuencias de la tragedia. Y si no actúan con eficacia y prontitud, que la sociedad se lo demande en las próximas elecciones. Pero no destruyamos el fundamento de la capacidad de respuesta de una sociedad moderna, la estabilidad presupuestaria. Permítanme terminar con una anécdota, probablemente falsa pero muy ilustrativa. Se cuenta de un candidato a alcalde de una gran capital que ha comentado a los suyos la suerte que ha tenido de encontrarse las arcas municipales llenas, gracias a la gestión de un regidor impopular que por su frugalidad, y otras muchas cosas supongo yo, no repite. No cometamos el mismo error.

(*) Fernando Fernández es Rector de la Universidad Europea de Madrid.


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