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Puentes entre la administración pública y la gente

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ESTER KAUFMAN & ARIANA VACCHIERI (*)

Argentina está sufriendo las consecuencias más negativas del proceso de globalización sin gozar de algunas de sus ventajas, entre las que se destacan las nuevas tecnologías de comunicación.

Muchos gobiernos en todo el mundo están haciendo un uso activo de esas tecnologías para facilitar el contacto de los ciudadanos con los servicios de la administración, crear redes culturales y productivas o implementar políticas de inserción en el mercado. Estas iniciativas gubernamentales benefician particularmente a los ciudadanos, las organizaciones sociales y las pequeñas y medianas empresas.

En medio de la crisis de nuestro país, cuando las relaciones entre los ciudadanos y un Estado ineficiente y poco transparente están profundamente deterioradas, una política innovadora debe avanzar en la articulación de propuestas que acerquen la administración pública a la gente. En ese sentido, el gobierno electrónico es una oportunidad.

El gobierno electrónico o gobierno digital es un cruce entre tecnologías y cambios en las estructuras del Estado que consiste —en su aspecto más visible y operativo— en la creación de portales gubernamentales en Internet donde se puede acceder a servicios de información, comunicación, tramitación y transacción online. Los criterios con los que se construyen estos portales reflejan el modo en que cada gobierno piensa la tecnología al servicio de la gente y de sus políticas de desarrollo y relación con otras regiones y países.

El gobierno electrónico ha avanzado notablemente en el mundo a partir de un incremento de la conectividad y de un mayor acceso de la población a las tecnologías. Hay países como Canadá o Australia que implementaron portales interactivos muy sofisticados y habilitaron todos los trámites e información estatales a través de Internet. Pero quizás un dato más significativo es que muchos países de América latina también están desarrollando modelos avanzados de gobierno electrónico.

México, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay y Brasil, por nombrar sólo algunos, están comprometidos en procesos de modernización, puesta en red y acceso online de sus administraciones en función del desarrollo social y económico. Y esto no implica que los ciudadanos necesariamente posean computadoras hogareñas, sino que estos emprendimientos van de la mano de la instalación de centros de acceso público gratuito a Internet —llamados telecentros o ciberquioscos— y de la capacitación para su uso.

A modo de ejemplo, se estima que a fines de 2002, en Brasil, todas las localidades con más de 600 habitantes tendrán instalados ciberquioscos. Estos países, también atravesados —como la Argentina— por la crisis y la pobreza, están sin embargo haciendo frente al desafío de incorporar a sectores sociales tradicionalmente marginados al uso de las nuevas tecnologías. Trabajan así en la reducción de la llamada "brecha digital", con miras a establecer redes de cooperación entre la administración pública, las organizaciones sociales y culturales, los ciudadanos, las empresas.

Argentina tiene tecnología para organizar portales de este tipo pero, salvo excepciones, no ha tenido políticas adecuadas ni sustentables. Muchos de los sitios que hoy existen están pensados según la estructura gubernamental y no según las necesidades de los usuarios: no tienen índices temáticos, ni establecen vínculos con actores no gubernamentales ni brindan servicios online, ni tienen una política de aparición en otros portales o aliento a las fuerzas productivas.

En los últimos años ha existido una agresiva política comercial de instalación de locutorios (que permitió el acceso a Internet a algunos sectores sin computadora hogareña) y una incipiente política estatal de instalación de telecentros gratuitos (entre 1999 y 2001 se abrieron unos 1.300 Centros Tecnológicos Comunitarios con conexión a Internet, a los que deben sumarse 1700 bibliotecas populares en red). Sin embargo, hoy la mitad de los centros han perdido la conexión por problemas presupuestarios y poco se ha avanzado en la capacitación indispensable para garantizar el uso social de la tecnología.

Insertarse en el mundo no es aceptar los dictados de los organismos internacionales sino incorporar a los sectores más desfavorecidos al enorme diferencial simbólico que implica la apropiación tecnológica, conectarse productivamente con otros países, tener voluntad política de constituir redes, adecuar la administración gubernamental a las necesidades de los ciudadanos y aprovechar las capacidades técnicas y humanas existentes.

La crisis no puede ser una excusa para no tener políticas. El Gobierno nacional y muy especialmente los gobiernos locales —por su menor complejidad administrativa y mayor cercanía con la gente— deben avanzar sin demoras en este proceso de modernización y transparencia que recomponga los nexos hoy perdidos entre el Estado y los ciudadanos.

(*) Ester Kaufman y Ariana Vacchieri son coordinadoras del Grupo FLACSO de Gobierno Electrónico