Terrorismo y respuesta justa

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NOAM CHOMSKY

 

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Una definición del terrorismo

El 11 de Septiembre entrará seguramente en los anales del terrorismo como un momento definitorio. Los atentados de ese día fueron condenados en todo el mundo como graves crímenes contra la humanidad, con el acuerdo casi universal de que todos los Estados deberían actuar para «librar al mundo de los malvados» y de que «el azote del terrorismo» –particularmente el terrorismo internacional respaldado por algunos Estados– es una plaga propagada por «opositores depravados a la propia civilización» en un «regreso a la barbarie» que no puede ser tolerado. Pero más allá del enérgico apoyo a las palabras de los dirigentes políticos estadounidenses –George W. Bush, Ronald Reagan y su secretario de Estado George Shultz1– las interpretaciones han sido variadas, tanto en la cuestión concreta de la respuesta apropiada a los crímenes terroristas como en el problema más genérico de determinar su naturaleza.

Sobre esta última, la definición oficial estadounidense llama «terrorismo» al «uso calculado de la violencia o la amenaza de emplearla para alcanzar fines de naturaleza política, religiosa o ideológica [...] mediante la intimidación, la coerción o la inculcación del miedo»2. Esa formulación deja muchas preguntas abiertas, entre ellas la eventual legitimidad de acciones violentas con el fin de lograr «el derecho de autodeterminación, la libertad o la independencia, según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, de los pueblos privados por la fuerza de esos derechos [...], en particular de los pueblos bajo regímenes coloniales y racistas o una ocupación extranjera [...]». En su denuncia más vigorosa de los crímenes terroristas, la Asamblea General de la ONU respaldó no obstante tales acciones por 153 votos contra 23.

En la explicación de sus votos negativos Estados Unidos e Israel se refirieron a las frases que acabamos de citar. Entendían que justificaban la resistencia contra el régimen sudafricano, un aliado de Estados Unidos responsable de más de un millón y medio de muertos y de 60.000 millones de dólares en daños a los países vecinos tan sólo en 1980-88, dejando a un lado los causados en el propio país. Esa resistencia era dirigida por el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, uno de los «grupos terroristas más notorios» según un informe del Pentágono de 1988, mientras que la RENAMO, financiada por el gobierno sudafricano, era calificada en el mismo informe como un mero «grupo insurgente indígena», aun señalando que podía haber matado a 100.000 civiles en Mozambique en los dos años precedentes4. Las mismas frases servían para justificar la resistencia frente a la ocupación militar israelí, entonces en su vigésimo año, que mantiene el sometimiento de los territorios ocupados mediante la violencia sistemática con la decisiva ayuda militar y diplomática de Estados Unidos, esta última con el fin de bloquear el consenso internacional existente desde hace muchos años en torno a la necesidad de un acuerdo de paz5.

A pesar de tales desacuerdos fundamentales, la definición oficial de Estados Unidos me parece adecuada como punto de partida para esta discusión6, aunque los desacuerdos arrojan cierta luz sobre la naturaleza del terrorismo según distintas perspectivas.

Volvamos a la cuestión de la respuesta apropiada. Algunos argumentan que el terrorismo es un mal «absoluto» y merece como respuesta «una doctrina igualmente absoluta»7, lo que parece dar a entender la necesidad de un ataque militar implacable según la doctrina Bush, citada con evidente aprobación en esa misma colección de ensayos sobre la «Era del Terror»: «Si alguien da cobijo a terroristas es un terrorista; quien ayuda e incita a terroristas es un terrorista y se le debe tratar como a tal». El volumen en cuestión refleja la opinión expresada en Occidente que considera apropiada y correctamente «calibrada» la respuesta de Estados Unidos y el Reino Unido, pero el alcance de tal consenso parece limitado a juzgar por las pruebas disponibles, sobre las que volveremos más adelante.

Más en general, no abundan los adeptos a la doctrina de que el bombardeo masivo es la respuesta apropiada a los crímenes terroristas, ya sean los del 11 de Septiembre u otros aún peores que por desgracia no son difíciles de encontrar. Eso si adoptamos el principio de universalidad: si una acción es correcta (o incorrecta) cuando la llevan a cabo otros, será igualmente correcta (o incorrecta) cuando la efectuamos nosotros. Los que no llegan al nivel moral mínimo de aplicarse a sí mismos las normas que aplican a otros –más rigurosas, de hecho– no pueden ser tomados en serio cuando hablan de lo apropiado de la respuesta, o de lo correcto y lo incorrecto, del bien y el mal.
 

El ejemplo de Nicaragua

Para ilustrar lo que está en juego, consideremos un caso que no es el más extremo pero sí indiscutible, al menos entre quienes sienten cierto respeto por la ley internacional y las obligaciones establecidas en los tratados. Nadie habría apoyado bombardeos nicaragüenses sobre Washington cuando Estados Unidos rechazó la orden del Tribunal Internacional de poner fin a su «uso ilegal de la fuerza» y de pagar a Nicaragua reparaciones sustanciales, decidiendo por el contrario una escalada de sus crímenes terroristas internacionales, ampliándolos oficialmente a los ataques sobre blancos civiles indefensos, vetando una resolución del Consejo de Seguridad que pedía a todos los Estados que respetaran el derecho internacional y votando solo en la Asamblea General (aparte de uno o dos Estados clientes) contra resoluciones similares. Estados Unidos menospreció al Tribunal Internacional de Justicia argumentando que, dado que otras naciones no están de acuerdo con nosotros, debemos «reservarnos la capacidad de determinar si ese tribunal tiene jurisdicción sobre nosotros en cada caso particular»; este caso, el de los ataques terroristas contra Nicaragua, correspondía «esencialmente a la jurisdicción interna de Estados Unidos»8.

Al mismo tiempo Washington continuó saboteando los esfuerzos regionales por alcanzar un acuerdo político, siguiendo la doctrina formulada por George Shultz, un «moderado» de la administración: Estados Unidos debía «extirpar [el cáncer de Nicaragua]» por la fuerza. Shultz rechazó con desprecio a quienes defienden «medios utópicos y legalistas como la mediación exterior, las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia, sin prestar atención al elemento de poder de la ecuación [...] Las negociaciones equivaldrían a una capitulación si no se proyecta sobre la mesa de negociaciones la sombra de la energía». Washington continuó manteniendo la doctrina Shultz cuando, a pesar de las serias objeciones estadounidenses, los presidentes centroamericanos acordaron en 1987 un plan de paz: el Acuerdo de Esquipulas, que exigía que todos los países de la región dieran pasos hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos bajo supervisión internacional, subrayando que un «elemento imprescindible» era el fin del ataque de Estados Unidos contra Nicaragua. Washington respondió ampliando de nuevo su ofensiva, triplicando los vuelos de abastecimiento de la CIA para las fuerzas terroristas. Tras mantenerse al margen del Acuerdo, con lo que lo saboteó eficazmente, Washington procedió a exceptuar igualmente a sus regímenes clientes, proyectando la sustancia –no la sombra– de la energía para desmontar la Comisión Internacional de Verificación (CIV) al considerar sus conclusiones inaceptables, y exigiendo, con éxito, que el Acuerdo se revisara con el fin de permitir a sus Estados clientes proseguir sus atrocidades terroristas. Éstas sobrepasaron de lejos la propia guerra devastadora de Estados Unidos contra Nicaragua que dejó decenas de miles de muertos y el país arruinado, quizá sin posibilidades de recuperación. Manteniendo la doctrina Shultz, Estados Unidos obligó con severas amenazas al gobierno de Nicaragua a retirar la demanda de reparaciones ante el TIJ9.

Difícilmente se podría encontrar un ejemplo más claro de terrorismo internacional según lo definido oficialmente, esto es, operaciones destinadas a «demostrar con violencia notoriamente indiscriminada que el régimen existente no puede proteger a la gente supuestamente bajo su autoridad», causando así no sólo «angustia, sino el deterioro de las relaciones que constituyen el orden social establecido»10. El terrorismo de Estado en otros países de Centroamérica en esos años también puede entenderse como terrorismo internacional, a la luz del papel decisivo en él de Estados Unidos y de sus objetivos, a veces abiertamente proclamados, por ejemplo, por la Escuela Militar de las Américas, que entrena a los oficiales latinoamericanos y se enorgullece de que la «teología de la liberación [...] fuera derrotada con la ayuda del ejército estadounidense»11.

Parecería deducirse bastante claramente que solamente quienes apoyaran un bombardeo de Washington como respuesta a esos crímenes terroristas internacionales –es decir, nadie– podría aceptar «la doctrina igualmente absoluta» como respuesta a las atentados terroristas o considerar el bombardeo masivo como una respuesta apropiada y correctamente «calibrada».
 

Ampliación del principio

Consideremos, a la luz de la sentencia del TIJ en el caso de Nicaragua, algunos de los argumentos legales que se han presentado para justificar el bombardeo británico-estadounidense sobre Afganistán; no me refiero aquí a su validez, sino a sus implicaciones si se mantiene el principio de normas universales. Christopher Greenwood argumenta que Estados Unidos tiene derecho a la «autodefensa» contra «quienes causaron o amenazaron [...] la muerte y la destrucción». Pero su cita se puede aplicar mucho más claramente a la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua que a los talibán o Al-Qaeda, de forma que si vale para justificar el bombardeo y el ataque por tierra de Estados Unidos en Afganistán, Nicaragua habría tenido derecho a realizar ataques mucho más severos contra Estados Unidos. Otro distinguido profesor de derecho internacional, Thomas Franck, apoya la guerra de Estados Unidos-Reino Unido contra Afganistán en el argumento de que «un Estado es responsable de las consecuencias que puedan derivarse de permitir que su territorio sea utilizado para dañar a otro Estado»; esto se podría aplicar con seguridad a Estados Unidos en los casos de Nicaragua, de Cuba y de muchos otros países, siendo muchos de esos casos extremadamente graves12.

No hace falta decir que en ninguno de esos casos se consideraría ni remotamente tolerable la violencia en «defensa propia» contra actos continuados de «muerte y destrucción»; actos, no simples «amenazas».

Lo mismo se puede decir de propuestas más matizadas sobre una respuesta apropiada a atentados terroristas. El historiador militar Michael Howard propone «una operación de policía bajo auspicios de las Naciones Unidas [...] contra una conspiración criminal cuyos miembros deben ser buscados y llevados ante un tribunal internacional, donde se les sometería a un juicio justo, y en caso de ser hallados culpables, cumplirían la condena correspondiente». Suena bastante razonable, aunque la idea de que esa propuesta fuera de aplicación universal resulta increíble. El director del Centro para la Política de Derechos Humanos de Harvard argumenta que «la única respuesta responsable a los actos de terrorismo es un honrado trabajo policiaco y un proceso judicial ante un tribunal, vinculado al uso decidido e implacable de la energía militar contra quienes no puedan ser sometidos a la justicia»13. También parece razonable, si agregamos la matización de Howard sobre la supervisión internacional, y si el recurso a la fuerza no tiene lugar hasta que se hayan agotado los medios legales. Su criterio no se aplica por tanto al 11 de Septiembre (Estados Unidos se negó a ofrecer pruebas y rechazó ofertas condicionales sobre la entrega de los sospechosos), pero sí se aplica muy claramente al caso de Nicaragua.

Y también a otros casos. Consideremos el de Haití, que ha ofrecido abundantes pruebas para apoyar sus repetidas peticiones de extradición de Emmanuel Constant, quien dirigió las fuerzas responsables de millares de muertes bajo la junta militar que Estados Unidos apoyaba tácitamente (por no hablar de la historia anterior); Estados Unidos rechaza esas peticiones, probablemente debido al temor de que Constant pudiera hacer revelaciones embarazosas en caso de ser sometido a juicio. La petición más reciente de extradición se presentó el 30 de septiembre de 2001, al mismo tiempo que Estados Unidos exigía a los talibán la entrega de bin Laden14. Esa coincidencia también fue ignorada, de acuerdo con el principio de que hay que rechazar vigorosamente las normas morales mínimas.
 

La respuesta al terrorismo

Volviendo a la «respuesta responsable», un llamamiento a su puesta en práctica en casos en que es claramente aplicable sólo suscitaría furia y desprecio. Algunos han formulado principios más generales para justificar la guerra de Estados Unidos contra Afganistán. Dos eruditos de Oxford proponen un principio de «proporcionalidad»: «La magnitud de la respuesta estará determinada por la intensidad con que la agresión afectó a los valores dominantes en la sociedad atacada»; en el caso de Estados Unidos, la «libertad para pretender la mejora personal en una sociedad plural con economía del mercado», alevosamente atacada el 11 de Septiembre por unos «agresores [...] cuya ortodoxia moral diverge de la de Occidente». Puesto que «Afganistán es un Estado que se alinea con los agresores» y puesto que se negó a entregar a los sospechosos, «Estados Unidos y sus aliados, según el principio de proporcionalidad, podía recurrir justificada y moralmente a la fuerza contra el gobierno talibán»15.

Pero según el principio de universalidad Haití y Nicaragua podían «recurrir justificada y moralmente a la fuerza» contra el gobierno de Estados Unidos. Y esa misma conclusión se extiende mucho más allá de esos dos casos de terrorismo de Estado, unos más serios y otros de menor importancia como el bombardeo de Clinton a la planta farmacéutica de al Shifa en Sudán en 1998, que produjo «varias decenas de miles» de muertos según el embajador alemán y otras fuentes fiables, cuyas conclusiones son acordes con las evaluaciones inmediatas de observadores bien informados16. El principio de proporcionalidad concedía pues a Sudán el derecho a represalias de terror masivo, conclusión que se refuerza si consideramos que ese acto del «imperio» tuvo «consecuencias sociales y económicas espantosas para Sudán, de modo que aquella atrocidad fue proporcionalmente mucho peor que los crímenes de 11 de Septiembre; por muy espantosos que fueran éstos, no tuvieron unas consecuencias tan graves17.

La mayoría de los comentarios sobre el bombardeo de Sudán se refieren a la cuestión de si se creía o no realmente que aquella fábrica producía armas químicas; pero en cualquier caso no se plantea «la intensidad con que la agresión afectó a valores claves de la sociedad atacada» como la supervivencia. Otros apuntan que las muertes no fueron intencionadas, como sí lo son muchas de las atrocidades que denunciamos con razón. En este caso apenas se puede dudar que los estrategas estadounidenses conocían bien las probables consecuencias letales del bombardeo, por lo que éste sólo se puede excusar sobre la base de la suposición hegeliana de que los africanos son «meras cosas», cuyas vidas «no tienen valor», una actitud acorde con la práctica hasta un punto que las víctimas entienden bien, sacando sus propias conclusiones sobre la «ortodoxia moral de Occidente».

La primera «guerra contra el terrorismo»

Uno de los participantes en el volumen de Yale (Charles Hill) reconocía que el 11 de Septiembre se había iniciado la segunda «guerra contra el terrorismo». La primera fue declarada veinte años antes cuando entró en funciones la administración Reagan, con el acompañamiento retórico ya citado; y «la ganamos», anuncia Hill triunfante, aunque el monstruo terrorista quedó solo herido, no muerto18. La primera «era de terror» resultó ser un aspecto importante de los asuntos internacionales durante toda la década, sobre todo en Centroamérica pero también en Oriente Medio, donde el terrorismo fue seleccionado por los medios como el principal asunto de 1985 y alcanzó puestos muy altos en otros años.

Podemos aprender mucho de la actual guerra contra el terrorismo investigando la primera fase y cómo se presenta hoy. Un importante especialista académico califica la década de 1980 como la del «terrorismo de Estado» o «la implicación permanente del Estado como “patrocinador” del terrorismo, especialmente por parte de Libia e Irán». Estados Unidos se limitó a responder, adoptando una «actitud preventiva contra el terrorismo». Otros recomiendan ahora los métodos con los que «ganamos»: las operaciones por las que Estados Unidos fue condenado por el Tribunal Internacional y el Consejo de Seguridad (si no tenemos en cuenta el veto de los propios Estados Unidos) constituyen el modelo para «un apoyo del tipo nicaragüense para los adversarios de los talibán (especialmente la Alianza del Norte)». Un destacado historiador del tema encuentra profundas raíces para el terrorismo de Osama bin Laden: en Vietnam del Sur, donde «la eficacia del terrorismo del Vietcong contra el Goliat americano armado con tecnología moderna despertó la esperanza al mostrar que el núcleo de Occidente era también vulnerable»19.

Ateniéndose a lo convencional, esos análisis presentan a Estados Unidos como una víctima benévola, que se defiende a sí misma del terrorismo de otros: los vietnamitas (en Vietnam del Sur), los nicaragüenses (en Nicaragua), los libios e iraníes (aunque sufrieron un poco a manos estadounidenses, eso no mereció la atención de la prensa), y otras fuerzas anti- estadounidenses en todo el mundo.

Pero no todos ven el mundo de esa forma. El lugar más obvio es Latinoamérica, que cuenta con una notable experiencia en cuanto al terrorismo internacional. Los crímenes del 11 de septiembre fueron allí duramente condenados, pero sin olvidar al mismo tiempo sus propias experiencias. Como observaba la revista de investigación de la universidad jesuita de Managua, se pueden describir los atentados 11 de Septiembre como un «Armagedón», pero Nicaragua «vivió su propio Armagedón a cámara lenta» bajo el asalto estadounidense y «está ahora sumergida en sus tristes consecuencias»; otros países sufrieron aún más bajo la plaga de terrorismo de Estado que se extendió por todo el continente desde comienzos de los años 60, gran parte de él atribuible a Washington. Un periodista panameño se unió a la condena general de los crímenes del 11 de Septiembre, pero recordó la muerte de quizá miles de personas (crímenes occidentales, por tanto no sometidos a examen) cuando el padre del actual presidente bombardeó Barrio Chorillo en diciembre de 1989 en la operación Causa Justa, emprendida para secuestrar a un esbirro desobediente que fue condenado a cadena perpetua en Florida por crímenes cometidos en su mayor parte cuando fungía como agente de la CIA. El escritor uruguayo Eduardo Galeano observó que Estados Unidos proclama oponerse al terrorismo apoyándolo no obstante de hecho en todo el mundo, incluidos «Indonesia, Camboya, Chipre, Irán, África del Sur, Bangladesh y los países sudamericanos que sufrieron la guerra sucia del Plan Cóndor» a cargo de dictadores militares que establecieron un reinado del terror con respaldo estadounidense20.
 

Oriente Medio

Las observaciones que acabamos de hacer se trasladan igualmente el segundo foco de la primera «guerra contra el terrorismo»: Oriente Medio. La peor atrocidad fue la invasión israelí del Líbano en 1982, en la que murieron unas 20.000 personas y que dejó gran parte del país en ruinas, incluido Beirut. Como las asesinas y destructivas invasiones de Rabin-Peres en 1993 y 1996, el ataque de 1982 no podía apelar seriamente al argumento de la defensa propia. El jefe de estado mayor Rafael (“Raful”) Eitan se limitó a expresar la opinión prevaleciente cuando anunció que su objetivo era «destruir a la OLP como candidato para unas negociaciones con nosotros sobre la tierra de Israel»21, un ejemplo de libro del terrorismo como tal como se define oficialmente. El objetivo «era instalar un régimen amigo [en el Líbano] y destruir la Organización de Liberación de Palestina de Arafat». El corresponsal en Oriente Medio James Bennet escribe: «Se difundió la teoría de que eso contribuiría a persuadir a los palestinos de que debían aceptar el dominio israelí en Cisjordania y la banda de Gaza»22. Puede que éste sea el primer reconocimiento abierto en Estados Unidos de hechos de los que se informó ampliamente en Israel en aquel momento, aunque aquí sólo aparecieron en la prensa disidente.

Esas operaciones fueron llevadas a cabo con el decisivo apoyo militar y diplomático de las administraciones Reagan y Clinton, y por tanto constituyen actos de terrorismo internacional. Estados Unidos estuvo también directamente implicado en otros actos de terrorismo en la región en la década de 1980, incluidos los atentados terroristas más violentos del año 1985: el coche-bomba de la CIA en Beirut que mató a 80 personas e hirió a 250; el bombardeo de Túnez, ordenado por Simon Peres, que mató a 75 personas, aprobado por Estados Unidos y alabado por el secretario de Estado Shultz, aunque fuera unánimemente condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU como «un acto de agresión armada» (Estados Unidos se abstuvo); y las operaciones «puño de hierro» de Peres dirigidas contra «aldeanos terroristas» en el Líbano, que alcanzaron nuevas cotas de «brutalidad calculada y asesinato arbitrario», en palabras de un diplomático occidental familiarizado con el área, y de las que se ofreció amplia cobertura en los medios23. También en esos casos se trataba de terrorismo internacional, por no llamarlo crímenes de guerra y agresión.

En el periodismo y los estudios académicos 1985 se reconoce como el peor año del terrorismo en Oriente Medio, pero no por esos acontecimientos, sino por dos atentados terroristas en los que murió una sola persona; en ambos casos un estadounidense24. Pero las víctimas no olvidan tan fácilmente.

Esa historia tan reciente cobra un significado añadido porque las principales figuras de la nueva «guerra contra el terrorismo» desempeñaron ya un papel destacado en la primera. El aspecto diplomático de la fase actual está a cargo de John Negroponte, quien fue embajador de Reagan en Honduras, la base principal de los atentados terroristas por los que su gobierno fue condenado por el Tribunal Internacional y del terrorismo de Estado respaldado por Estados Unidos en otros lugares de Centroamérica, actividades que «hicieron de los años de Reagan la peor década para Centroamérica desde la conquista española», en su mayoría bajo la vigilancia de Negroponte25. El aspecto militar de la nueva fase está a cargo de Donald Rumsfeld, enviado especial de Reagan a Oriente Medio durante los años de las peores atrocidades terroristas, incitadas o apoyadas por su gobierno.

No menos instructivo es el hecho de que tales atrocidades no se atenuaron en los años subsiguientes. En concreto Washington sigue contribuyendo a «empeorar el terror» en la confrontación árabe-israelí. La expresión es del presidente Bush, que intenta, según la costumbre, aplicarla al terrorismo de los demás. Apartándose de lo habitual encontramos también algunos ejemplos bastante significativos. Una forma simple de empeorar el terror es participar en él, por ejemplo, enviando helicópteros a atacar zonas residenciales civiles y llevar a cabo asesinatos, como hace regularmente Estados Unidos con completa conciencia de las consecuencias. Otra consiste en bloquear el envío de observadores internacionales para reducir la violencia. Estados Unidos ha insistido en esa vía, vetando de nuevo el 14 de diciembre de 2001 una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU. Describiendo la caída en desgracia de Arafat hasta una posición apenas por encima de las de bin Laden y Saddam Hussein, la prensa informaba que el presidente Bush estaba «muy irritado [por] el endurecimiento a última hora de la posición palestina [...] pidiendo observadores internacionales en las áreas palestinas bajo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU»; es decir, porque Arafat se unió al resto del mundo solicitando medios para reducir el terror26.

Diez días antes de vetar el envío de observadores, Estados Unidos boicoteó –saboteó– una conferencia internacional en Ginebra que reafirmó la aplicabilidad de la cuarta convención de Ginebra a los territorios ocupados, de forma que la mayoría de las acciones de Estados Unidos e Israel allí son crímenes de guerra, y dado lo «graves» que son, serios crímenes de guerra. Eso incluye los asentamientos israelíes financiados por Estados Unidos y la práctica de «asesinatos premeditados, torturas, deportaciones ilegales, privación deliberada del derecho a un juicio justo, destrucción y expropiaciones de viviendas [...] actos llevados a cabo fuera de la ley y sin justificación alguna»27. La convención de Ginebra, establecida para proscribir formalmente los crímenes de los nazis en la Europa ocupada, es un principio central de la ley humanitaria internacional. Su aplicabilidad a los territorios ocupados por Israel se ha reafirmado repetidamente, entre otros por quien era entonces embajador estadounidense en la ONU, George Bush (en septiembre de 1971), y por varias resoluciones del Consejo de Seguridad: la 465 (en 1980), adoptada unánimemente, que condenaba las prácticas israelíes respaldadas por Estados Unidos como «violaciones flagrantes» de la convención; la 1322 (de octubre 2000), aprobada por 14 votos a 0, con la abstención de Estados Unidos, que pedía a Israel «respeto escrupuloso a sus responsabilidades bajo la cuarta convención de Ginebra», que estaba violando flagrantemente una vez más en aquel momento. Como Altas Partes Contratantes, Estados Unidos y las potencias europeas están obligadas por un tratado solemne a detener y perseguir a los responsables de tales crímenes, incluidos sus propios dirigentes si participan en ellos. Al seguir rechazando ese deber, Estados Unidos contribuye directa y significativamente a «empeorar el terror».


Turquía

Investigar a fondo el conflicto árabe-israelí y la participación en él de Estados Unidos nos llevaría demasiado lejos. Vayamos ahora hacia el norte, hacia otra región en la que se practica a escala masiva el «terrorismo de Estado»; tomo prestado el término del ministro de Estado turco para los Derechos Humanos, refiriéndose a las abundantes atrocidades de 1994, y al sociólogo Ismael Besikci, que volvió a prisión tras publicar su libro Terrorismo de Estado en Oriente Próximo, después de haber pasado ya quince años en la cárcel por revelar la represión turca de los kurdos28. Tuve la oportunidad de constatar algunas de las consecuencias con mis propios ojos cuando visité Diyarbakir, la capital oficiosa kurda, unos meses después del 11 de Septiembre. Como en otros lugares, los crímenes del 11 de Septiembre fueron allí duramente condenados, pero no sin recordar el salvaje ataque que la población había sufrido a manos de quienes se arrogan la tarea de «liberar al mundo de malvados» y de sus agentes locales.

En 1994 el ministro turco de Estado y otras fuentes estimaban que dos millones de personas habían sido desplazadas de las tierras devastadas, así como muchas otras más tarde, a menudo mediante el terror y las bárbaras torturas descritas con penosísimos detalles en numerosos informes internacionales sobre derechos humanos, que sin embargo no llegan a los ojos de quienes corren con los gastos. Ha habido decenas de miles de muertos. Quienes permanecen allí –cuyo coraje es indescriptible– viven en una mazmorra donde se cierran emisoras de radio y se encarcela a periodistas por tocar música kurda, se detiene y tortura a estudiantes por presentar peticiones para la que les den las clases en su propia lengua, se puede multar severamente a los padres cuyos hijos sean descubiertos por las omnipresentes fuerzas de seguridad vistiendo los colores nacionales kurdos, el respetado jurista que encabeza la organización de derechos humanos fue procesado poco después de que yo estuviera allí por utilizar la fórmula kurda, casi idéntica a la turca, en su felicitación por el Año Nuevo, etc., etc.

Esos actos caen en la categoría de terrorismo internacional patrocinado por el Estado. Estados Unidos proporciona a Turquía el 80 por 100 de sus armas, con un máximo en 1997, cuando las armas transferidas superaron las entregadas durante todo el período de guerra fría antes de que se iniciara la campaña de «contraterrorismo» en 1984. Turquía se convirtió en el principal receptor de armas estadounidenses en todo el mundo, posición que mantuvo hasta 1999, cuando el primer puesto pasó a Colombia, el principal practicante del terrorismo de Estado del hemisferio occidental29.

El terrorismo de Estado también «empeora» por el silencio y la inhibición, con el logro particularmente notable de un coro de autoalabanzas sin precedentes cuando la política exterior estadounidense entró en una «noble fase» con un «brillo de santidad» bajo la guía de líderes que por primera vez en la historia se consagraban a la defensa de «los principios y los valores» en lugar de mezquinos intereses30. La demostración de esa recién estrenada santidad fue su disposición a no tolerar crímenes cerca de las fronteras de la OTAN (sólo dentro de sus fronteras, donde crímenes aún peores que los provocados por las bombas de la OTAN eran no sólo tolerables sino que requerían una participación entusiasta). El terrorismo de Estado turco patrocinado por Estados Unidos no pasa enteramente desapercibido. El informe anual del departamento de Estado sobre los «esfuerzos por combatir el terrorismo» destacaba a Turquía por su «experiencia positiva» en ese combate, junto con Argelia y España, dos respetables colegas.

El especialista en terrorismo del New York Times informó sin comentarios sobre esa valoración en una nota de primera página. En una revista importante de asuntos internacionales, el embajador Robert Pearson comentaba que Estados Unidos «podría no tener mejor amigo y aliado que Turquía» en sus esfuerzos «por eliminar el terrorismo» en todo el mundo, gracias a la «capacidad de sus fuerzas armadas» demostrada en su «campaña antiterrorista» en el sureste kurdo. Por eso «no constituyó una sorpresa» que Turquía se uniera con entusiasmo a la «guerra contra el terrorismo» declarada por George Bush, expresando su agradecimiento a Estados Unidos por ser el único país dispuesto a ofrecer el apoyo necesario para las atrocidades de los años de Clinton, que todavía continúan aunque a menor escala ahora que «ganamos».


Exaltación del terrorismo

Como premio por sus logros, Estados Unidos está financiando ahora a Turquía a fin de que proporcione fuerzas terrestres para llevar a cabo «la guerra contra el terrorismo» en Kabul, aunque no más allá31. Así pues, el terrorismo internacional patrocinado por un Estado no es que se pase por alto sino que se premia. Esto tampoco constituye «una sorpresa». Después de todo, en 1995 la Administración Clinton recibió con honores al general indonesio Suharto, uno de los peores asesinos y torturadores del último cuarto del siglo XX, llamándolo «nuestro gran amigo». Cuando llegó al poder hace treinta años, se notificó con precisión y aclamó con euforia no reprimida el «descomunal asesinato en masa» de cientos de miles de personas, en su mayoría campesinos sin tierra. Cuando los nicaragüenses finalmente sucumbieron ante el terrorismo estadounidense y votaron como era debido, Estados Unidos se «unió con alegría» a esa «victoria del juego limpio estadounidense» según proclamaban los titulares de prensa. Es bastante fácil multiplicar los ejemplos. El actual episodio no supone una novedad en la historia del terrorismo internacional y de la respuesta que suscita entre sus autores.


Después del 11 de Septiembre

Volvamos a la cuestión de la respuesta adecuada a los actos de terrorismo, específicamente al 11 de Septiembre.

Se suele alegar que la reacción de Estados Unidos y el Reino Unido contaba con un amplio apoyo internacional. Eso únicamente se puede mantener, no obstante, si uno sólo atiende a la opinión de las elites. Una encuesta Gallup internacional reveló que sólo una minoría apoyaba el ataque militar en lugar de los medios diplomáticos32. En Europa las cifras iban del 8 por 100 en Grecia al 29 por 100 en Francia. En América Latina el apoyo era aún menor: del 2 por 100 en México al 16 por 100 en Panamá. El apoyo a los ataques que incluían objetivos civiles era muy pequeño. Hasta en los dos países encuestados que más apoyaban el uso de la fuerza militar, India e Israel (por razones sobre todo internas), una mayoría considerable se oponía a tales ataques. Había por tanto una oposición mayoritaria a los planes bélicos que convirtieron desde el primer momento las principales concentraciones urbanas en «ciudades fantasma», según informaba la prensa.

Fuera de la encuesta, como de la mayoría de los comentarios, quedaba el efecto anticipado de la política estadounidense sobre los afganos, millones de los cuales estaban al borde de la hambruna incluso antes del 11 de Septiembre. No se preguntaba, por ejemplo, si una respuesta adecuada al 11 de Septiembre incluía pedir a Pakistán que suprimiera los «convoyes de camiones que proporcionan gran parte del alimento y otros bienes de primera necesidad a la población civil afgana», así como provocar la retirada de los trabajadores sociales y una fuerte reducción de los suministros de alimentos que dejó a «millones de afganos [...] en grave riesgo de hambruna», suscitando fuertes protestas de las organizaciones de ayuda y advertencias sobre una grave crisis humanitaria, juicios que se reiteraron al final de la guerra33.

Para evaluar las acciones emprendidas hay que partir, por supuesto, de las premisas del plan; eso también debería estar claro. El resultado real, una cuestión bien distinta, es improbable que se conozca, ni siquiera superficialmente; los crímenes de los demás se investigan cuidadosamente, no así los propios. Quizá sirvan como indicación los informes ocasionales sobre el número de personas necesitadas de ayuda alimentaria: 5 millones antes del 11 de Septiembre, 7 millones y medio a finales de septiembre bajo la amenaza de bombardeo, y 9 millones seis meses más tarde, no por falta de alimentos, fácilmente accesibles, sino debido a problemas de distribución cuando el país volvió a quedar en manos de los señores de la guerra34.

No hay estudios fiables sobre la opinión afgana, pero sí contamos con algunas informaciones. Al principio el presidente Bush advirtió a los afganos que serían bombardeados hasta que entregaran a la gente sospechosa de terrorismo. Tres semanas después, los objetivos de la guerra se convirtieron en el derrocamiento del régimen: el bombardeo continuaría, según anunció el almirante Sir Michael Boyce, «hasta que el pueblo [afgano] reconozca que esto va a seguir hasta que cambien de líderes»35. Obsérvese que la cuestión de si el derrocamiento del miserable régimen talibán justificaba el bombardeo no se planteó siquiera, porque no se convirtió en un objetivo de guerra hasta después de que ésta empezara. Aun así podemos preguntarnos por las opiniones afganas al alcance de los observadores occidentales sobre esas cuestiones, que en ambos casos caen dentro de la definición oficial de terrorismo internacional.

Cuando la sustitución del régimen se convirtió en objetivo de guerra a finales de octubre, un millar de líderes afganos, unos exiliados y otros procedentes del propio Afganistán, se reunieron en Peshawar, comprometiéndose al derrocamiento del régimen talibán. Hubo «una rara exhibición de unidad entre jefes tribales, estudiosos islámicos, políticos díscolos y antiguos comandantes de la guerrilla», según informó la prensa. Todos ellos, unánimemente, «pidieron a Estados Unidos que interrumpiera las incursiones aéreas» y apelaron a los medios de comunicación internacionales para que reclamaran el fin de los «bombardeos sobre gente inocente». Insistieron en que se adoptaran otros medios para derrocar al odiado régimen talibán, objetivo que según ellos se podía conseguir sin muerte y destrucción36.

El líder de la oposición afgana Abdul Haq, muy respetado en Washington, envió un mensaje parecido. Justo antes de introducirse en Afganistán, al parecer sin apoyo estadounidense, donde fue capturado y muerto, condenó el bombardeo y criticó a Estados Unidos por negarse a apoyar sus esfuerzos «para propiciar una rebelión en el seno de los talibán». Según dijo, el bombardeo fue «un gran obstáculo para esos esfuerzos». Informó de los contactos mantenidos con varios mandos talibán de segunda fila y jefes tribales ex muyahiddin, y expuso cómo podían progresar sus planes, pidiendo que Estados Unidos los facilitara con financiación y otros apoyos en lugar de torpedearlos con bombas. Pero Estados Unidos, dijo, «está tratando de exhibir sus músculos, de conseguir una victoria aplastante y de asustar a todo el mundo. No se preocupan por el sufrimiento de los afganos ni por cuánta gente puede morir»37.

La suerte de las mujeres afganas suscitó algunas tardías preocupaciones después del 11 de Septiembre. Tras la guerra hasta se reconoció en parte el valor de las mujeres que habían estado en primera línea de la lucha para defender sus derechos durante veinticinco años desde la organización RAWA (Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán). Una semana después de comenzar los bombardeos (el 11 de octubre), RAWA hizo pública una declaración que habría sido noticia de primera página si la preocupación por las mujeres afganas hubiera sido real y no mero oportunismo. Condenaban el recurso al «monstruo de una vasta guerra y destrucción» cuando Estados Unidos «desencadenó una arrolladora agresión contra nuestro país» que causará gran daño a afganos inocentes. Pedían en su lugar «la erradicación de la plaga de los talibán y Al Qaeda» mediante «un levantamiento general» del pueblo afgano, lo único que «podría evitar la repetición de la catástrofe que ha arruinado nuestro país...»

Todo eso se ignoró. No es quizá del todo evidente por qué quienes están al mando de los ejércitos más poderosos del mundo se sienten autorizados a desconocer el juicio de las afganas que han estado luchando por la libertad y los derechos de las mujeres durante muchos años y a menospreciar con patente desdén su deseo de derrocar el frágil y odiado régimen talibán desde dentro eludiendo los inevitables crímenes de guerra.

En resumen, el repaso que acabamos de hacer de la opinión global, incluyendo lo que se conoce de los propios afganos, presta poco apoyo al consenso existente entre los intelectuales occidentales sobre la justicia de su causa.

Una reacción de la elite, no obstante, es ciertamente correcta: es necesario preguntarse por las razones de los crímenes del 11 de Septiembre. Eso está fuera de duda, al menos entre quienes desean reducir la probabilidad de nuevos atentados terroristas.

Una cuestión concreta son los motivos de los autores. Sobre ella no hay muchos desacuerdos. Los analistas serios coinciden en que tras el establecimiento permanente de bases estadounidenses en Arabia Saudí, «bin Laden llegó a la conclusión de que había que expulsar a las fuerzas estadounidenses del sagrado suelo de Arabia» y liberar al mundo musulmán de los «embusteros e hipócritas» que no aceptan su versión extremista del Islam38.


Las raíces de Al Qaeda

También hay un amplio y justificado acuerdo en que «a menos que se resuelvan las cuestiones sociales, políticas y económicas que dieron lugar a Al Qaeda y a otros grupos similares, Estados Unidos y sus aliados de Europa occidental y otras regiones seguirán siendo blanco de los terroristas islámicos»39. Esas cuestiones son sin duda complejas, pero algunos factores se conocen bien desde hace tiempo.

En 1958, un año crucial en la historia de la posguerra, el presidente Eisenhower advirtió a su personal que en el mundo árabe «el problema es que tenemos una campaña de odio contra nosotros, no de los gobiernos sino del pueblo», que está «de parte de Nasser», apoyando al nacionalismo secularista independiente. Las razones de la «campaña de odio» habían sido subrayadas por el Consejo de Seguridad Nacional pocos meses antes: «A ojos de la mayoría de los árabes Estados Unidos se opone a la consecución de los objetivos del nacionalismo árabe. Creen que Estados Unidos está tratando de proteger sus intereses petrolíferos en Oriente Próximo apoyando el status quo y oponiéndose al progreso político y económico...». Además, esa percepción no es precisamente falsa: «Nuestros intereses económicos y culturales en el área nos han conducido naturalmente a estrechar relaciones con elementos del mundo árabe cuyos intereses fundamentales consisten en el mantenimiento de relaciones con Occidente y el status quo de sus propios países...»40.

Esas percepciones persisten. Inmediatamente después del 11 de Septiembre el Wall Street Journal (seguido más tarde por otros medios), comenzó a investigar las opiniones de los «musulmanes ricos»: banqueros, profesionales, gestores de multinacionales, etc. En general apoyan vigorosamente la política estadounidense, pero se sienten amargados por el papel de Estados Unidos en la región: por su apoyo a regímenes corruptos y represivos que torpedean la democracia y el desarrollo, y por determinadas políticas específicas, en particular con respecto a Palestina e Iraq. Aunque no están registradas, las actitudes de los barrios bajos y aldeas son probablemente semejantes, pero más duras; a diferencia de los «musulmanes ricos», la masa de la población nunca ha estado de acuerdo en que la riqueza de la región fuera transferida a Occidente y a las cuentas bancarias de los colaboradores locales en lugar de servir a las necesidades internas. Los «musulmanes ricos» reconocen tristemente que la irritada retórica de bin Laden obtiene considerable resonancia incluso en sus propios círculos, por mucho que lo odien y teman, aunque sólo sea porque ellos constituyen su principal diana41.

Es sin duda más reconfortante creer que la respuesta a la quejosa pregunta de George W. Bush, «¿por qué nos odian?», está en el resentimiento que crea en ellos nuestra libertad y amor a la democracia, o en su retraso cultural de muchos siglos, o en su incapacidad para sacar partido de la «globalización» de la que por fortuna forman parte. Reconfortante, quizá, pero no prudente. Por mucho que nos sorprendieran, los atentados del 11 de Septiembre no deberían haber sido inesperadas. Organizaciones similares planearon actos terroristas muy serios durante la década de 1990, y en 1993 estuvieron peligrosamente cerca de volar el World Trade Center, con planes mucho más ambiciosos. Su pensamiento era bien entendido, en particular por las agencias de inteligencia estadounidenses que habían ayudado a reclutarlos, entrenarlos y armarlos desde 1980 y que siguieron trabajando con ellos aun cuando atacaran intereses estadounidense. La investigación realizada por el gobierno holandés de la masacre de Srebrenica reveló que mientras estaban intentando volar el World Trade Center, islamistas radicales de las redes formadas por la CIA estaban siendo trasladados por Estados Unidos desde Afganistán hasta Bosnia, junto con combatientes de Hizbollah apoyados por Irán y un enorme flujo de armas a través de Croacia, que sufrió un recorte sustancial. Los llevaron allí para apoyar al bando estadounidense en la guerra de los Balcanes, mientras Israel (junto con Ucrania y Grecia) estaba armando a los serbios (posiblemente con armas suministradas por Estados Unidos), lo que explica por qué «granadas de mortero que no estallaron en Sarajevo llevaban a veces marcas hebreas», según observa el politólogo británico Richard Aldrich en su revisión del informe del gobierno holandés42.

Más en general, las atrocidades del 11 de Septiembre sirven como dramático recuerdo de lo que ya es un lugar común desde hace tiempo: con la tecnología contemporánea, los ricos y poderosos ya no tienen asegurado el casi monopolio de la violencia que ha prevalecido durante mucho tiempo en la historia. Aunque en todas partes se teme con razón al terrorismo, y constituye en efecto un intolerable «regreso a la barbarie», no es sorprendente que la percepción de su naturaleza difiera mucho según muy distintas experiencias, algo que difícilmente pueden ignorar aquellos a quienes la historia había acostumbrado a la inmunidad mientras perpetraban horrendos crímenes.
 

1. Bush, citado por Rich Heffern, National Catholic Reporter, 11 de enero de 2002. Reagan, The New York Times, 18 de octubre de 1985. Shultz, U.S. Dept. of State, Current Policy, núm. 589, 24 de junio de 1984; núm. 629, 25 de octubre de 1984.

2. US Army Operational Concept for Terrorism Counteraction, TRADOC Pamphlet núm. 525-37, 1984.

3. Res. 42/159, 7 de diciembre de 1987; Honduras se abstuvo.

4. Joseba Zulaika y William Douglass, Terror and Taboo, Nueva York y Londres, Routledge, 1996, p. 12. En cuanto a los sucesos de 1980-88, véase «Inter-Agency Task Force, Africa Recovery Program/Economic Commission, South African Destabilization: The Economic Cost of Frontline Resistance to Apartheid, Nueva York, UN, 1989, p. 13, citado por Merle Bowen, Fletcher Forum, invierno de 1991. Sobre la expansión del comercio estadounidense con Sudáfrica después de que el Congreso autorizara sanciones en 1985 (superando el veto de Reagan), véase Gay McDougall, Richard Knight, en Robert Edgar, ed., Sanctioning Apartheid, Trenton (New Jersey), Africa World Press, 1990.

5. Para una revisión del rechazo unilateral estadounidense durante 30 años, véase mi introducción a Roane Carey, ed., The New Intifada, Londres y Nueva York, Verso, 2000 [de próxima publicación en castellano, en esta misma editorial]; para mayor detalle véanse las fuentes ahí citadas.

6. Sin embargo, nunca se recurre a ella. Sobre las razones, véase Alexander George, ed., Western State Terrorism, Cambridge, Polity-Blackwell, 1991.

7. Strobe Talbott y Nayan Chanda, introducción, The Age of Terror: America and the World after September 11, Nueva York, Basic Books and the Yale U. Center for the Study of Globilization, 2001.

8. Abram Sofaer, «The United States and the World Court», U.S. Dept. of State, Current Policy, núm. 769 (diciembre de 1985). La resolución vetada del Consejo de Seguridad pedía obediencia a las sentencias del TIJ y, sin mencionar específicamente a ninguno, exigía a todos los Estados que se abstuvieran «de llevar a cabo, apoyar o promover acciones políticas, económicas o militares de cualquier tipo contra cualquier otro Estado de la región». Elaine Sciolino, The New York Times, 31 de julio de 1986.

9. Shultz, «Moral Principles and Strategic Interests», 14 de abril de 1986, U.S. Dept. of State, Current Policy, núm. 820. Testimonio de Shultz ante el Congreso, véase Jack Spence en Thomas Walker, ed., Reagan versus the Sandinistas, Boulder y Londres, Westview, 1987. Para un repaso al sabotaje contra la diplomacia y la escalada del terrorismo de Estado internacional, véanse mis libros Culture of Terrorism, Boston, South End, 1988 [ed. cast., La cultura del terrorismo, Barcelona, Ediciones B, 1989; Ed. Popular, 2002]; Necessary Illusions, Boston: South End, 1989 [ed. cast., Ilusiones necesarias: control de pensamiento en las sociedades democráticas, Ed. Libertarias Prodhufi, 1991]; Deterring Democracy, Londres y Nueva York, Verso, 1991 [ed. cast., El miedo a la democracia, Grijalbo Mondadori, 1992]. Sobre las consecuencias, véase Thomas Walker y Ariel Armony, eds., Repression, Reistance and Democratic Transition ¡n Central America, Washington, Scholarly Resources, 2000. Sobre las reparaciones de guerra, véase Howard Meyer, The World Court ¡n Action, Lanham, MD, Oxford, Rowman & Littlefield, 2002, cap. 14.

10. Edward Prince, «The Strategy and Tactics of Revolutionary Terrorism», Comparative Studies in Society and History, 19, 1; citado por Chalmers Johnson, «American Militarism and Blowback», New Political Science, 24, 1, 2002.

11. SOA, 1999, citado por Adam Isacson y Joy Olson, Just the Facts, Washington, Latin America Working Group and Center for Intemational Policy, 1999, ix.

12. Greenwood apela en «International law and the “war against terrorism”», 78, 2 (2002), al párr. 195 de Nicaragua vs USA, que el Tribunal no aplicó para justificar su condena del terrorismo estadounidense, pero que seguramente era más apropiada en aquel caso que en el que preocupa a Greenwood. Franck, «Terrorism and the Right of Self-Defense», American J. of International Law, 95.4 (oct. de 2001).

13. Howard, Foreign Affairs, enero/febrero de 2002, conferencia del 30 de octubre de 2001 (Tania Branigan, The Guardian, 31 de octubre). Ignatieff, lndex on Censorship, 2, 2002.

14. The New York Times, 1 de octubre de 2001.

15. Frank Schuller y Thomas Grant, Current History, abril de 2002.

16. Werner Daum, «Universalism and the West», Harvard International Review, verano de 2001. Sobre otras declaraciones y las advertencias de Human Rights Watch, véase mi 9-11, Nueva York, Seven Stories, 2001 [ed. cast., 11/09/2001, RBA Editores, 2001], p. 45 y ss.

17. Christopher Hitchens, Nation, 10 de junio de 2002.

18. Talbott y Chanda, The Age of Terror: America and the World after September 11, cit.

19. Martha Crenshaw, Ivo Daalder y James Lindsay, David Rapoport, Current History, America at War, diciembre de 2001. Sobre las interpretaciones coetáneas de la primera «guerra contra el terror», véase George, Western State Terrorism, cit.

20. Envío (UCA Managua), octubre; Ricardo Stevens (Panamá), NACLA Report on the Americas, nov/dic; E. Galeano, La Jornada, 21 de septiembre (Ciudad de México), citado por Alain Frachon, Le Monde, 24 de noviembre; todas las fechas de 2001.

21. Se pueden consultar muchas fuentes en mi Fateful Triangle, Boston, South End, 1983; edición revisada de 1999, sobre el sur del Líbano en la década de 1990 [ed. cast., El triángulo fatal: Estados Unidos, Israel y Palestina, Ed. Popular, 2002]; Pirates and Emperors, Nueva York, Claremont, 1986; Londres, Pluto, de próxima aparición; World Orders, Old and New [ed. cast., El nuevo orden mundial (y el viejo), Barcelona, Crítica, 1997].

22. Bennet, The New York Times, 24 de enero de 2002.

23. Para los detalles véase mi ensayo en George, Western State Terrorism, cit.

24. Crenshaw et al., Current History, America at War, cit.

25. Chalmers Johnson, Nation, 15 de octubre de 2001.

26. Ian Williams, Middle East International, 21 de diciembre de 2001, 11 de enero de 2002. John Donnelly, Boston Globe, 25 de abril de 2002; se alude a un veto estadounidense anterior.

27. Conference of High Contracting Parties, Report on Israeli Settlement, enero-febrero de 2002 (Foundation for Middle East Peace, Washington). Sobre estas cuestiones véase Francis Boyle, «Law and Disorder in the Middle East», The Link, 35.1, enero-marzo de 2002.

28. Para algunos detalles, véase mi New Military Humanism, Monroe, Common Courage, 1999, cap. 3 y fuentes allí citadas. Sobre la elusión de hechos en el Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, véase Lawyers Committee for Human Rights, Middle East and North Africa, Nueva York, 1995, p. 255.

29. Tamar Gabelnick, William Hartung y Jennifer Washburn, Arming Repression: U.S. Arms Sales to Turkey During the Clinton Administration, Nueva York y Washington, World Policy Institute and Federation of Atomic Scientists, octubre de 1999. Dejo a un lado Israel y Egipto, que constituyen un caso especial. Sobre el terrorismo de Estado en Colombia, que ahora llevan a cabo bandas paramilitares del modo acostumbrado, véase en particular Human Rights Watch, The Sixth Division (sept. de 2001) y Colombia Human Rights Certification III, feb. de 2002. También, entre otros, Médicos Sin Fronteras, Desterrados, Bogotá, 2001.

30. Para una muestra, véase New Military Humanism y mi A New Generation Draws the Line, Londres y Nueva York, Verso, 2000 [ed. cast., Una nueva generación dicta las reglas, Barcelona, Crítica, 2002] .

31 Judíth Miller, The New York Times, 30 de abril de 2000. Pearson, Fletcher Forum, 26.1, invierno/primavera 20002.

32 ; datos del 14-17 de septiembre de 2001.

33. John Burns, The New York Times, 16 de septiembre de 2001; Samina Amin, International Security 26.3, invierno 2001-2002. Para algunas advertencias anteriores véase 9-11. Sobre la evaluación de las agencias internacionales tras la guerra, véase Imre Karacs, The Independent on Sunday, Londres, 9 de diciembre de 2001, dando a conocer sus advertencias de que más de un millón de personas «están al borde de la muerte por hambre y enfermedades». Para algunos informes de prensa, véase mi «Peering into the Abyss of the Future», Lakdawala Memorial Lecture, Institute of Social Sciences, Nueva Delhi, noviembre de 2001, revisado en febrero de 2002.

34. Ibid. Para estimaciones anteriores véase Barbara Crossette, The New York Times, 26 de marzo de 2002, y Ahmned Rashid, Wall Street Journal, 6 de junio de 2002, dando cuenta de la evaluación del UN World Food Program y la renuencia de los donantes a entregar los fondos prometidos. El WFP notificaba que «las reservas de trigo están exhaustas, y no hay financiación» para renovarlas (Rashid). La ONU había advertido de la amenaza de una inmediata hambruna, ya que los bombardeos habían interrumpido la siembra de la que proviene el 80 por 100 del abastecimiento de grano del país (AFP, 28 de septiembre de 2001; Edith Lederer, AP, 18 de octubre de 2001). Véase también Andrew Revkin, The New York Times, 16 de diciembre de 2001, citando al departamento de Agricultura estadounidense, aunque sin mencionar los bombardeos.

35. Patrick Tyler y Elisabeth Bumiller, The New York Times, 12 de octubre de 2001, citando a Bush; Michael Gordon, The New York Times, 28 de octubre de 2001, citando a Boyce; ambos en p. 1.

36. Barry Bearak, The New York Times, 25 de octubre de 2001; John Thornhill y Farhan Bokhari, Financial Times, 25 y 26 de octubre de 2001; John Burns, The New York Times, 26 de octubre de 2001; Indira Laskhmanan, Boston Globe, 25 y 26 de octubre de 2001.

37 Entrevista, Anatol Lieven, The Guardian, 2 de noviembre de 2001.

38. Ann Lesch, Middle East Policy, IX.2, junio de 2002. Véase también Michael Doran, Foreign Affairs, enero-febrero de 2002; y muchos otros, entre ellos los incluidos en Current History, diciembre de 2001.

39. Sumit Ganguly, Ibid.

40. Para las fuentes y la discusión de fondo, véase mi World Orders, Old and New, pp. 79, 201 y ss.

41. Peter Waldman et al., Wall Street Journal, 14 de septiembre de 2001; véase también Waldman y Hugh Pope, Wall Street Journal, 21 de septiembre de 2001.

42. Aldrich, The Guardian, 22 de abril de 2002.


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